16.07.2014 - 13:07 /

Procesa pero no condena

Análisis Político | La política y la justicia se encuentran en una lucha constante para determinar quién gobierna a quién. Si bien la base del gobierno republicano es la separación de poderes. (Por Kevin Grunbaum y Leonardo García)


Por Kevin Grunbaum y Leonardo García


La política y la justicia se encuentran en una lucha constante para determinar quién gobierna a quién. Si bien la base del gobierno republicano es la separación de poderes, ya que determina que el poder ejecutivo está separado del legislativo y del judicial, las líneas que dividen estos poderes son muy finas, y no son pocos los casos en donde estas se cruzan por motivos personales o guerras de poder entre funcionarios públicos.

En nuestro país la línea que divide política y justicia es la más conflictiva. No es novedad ver en los medios acusaciones por corrupción a miembros del gobierno o la oposición. El descreimiento en cuanto a la idoneidad de la clase política no sólo es un hecho de la política argentina, sino un acontecimiento global que ha tenido fuertes episodios a lo largo de los últimos años.

[caption id="attachment_9190" align="aligncenter" width="451"] María Julia Alsogaray - Exsecretaria de Medio Ambiente (1989-1997)[/caption]

En la actualidad la única funcionaria condenada en nuestro país por causas de corrupción es María Julia Alsogaray, ex secretaria de Estado durante la presidencia de Carlos Menem, quien en 2004 fue condenada por primera vez en la causa por enriquecimiento ilícito producido en la década del 90. En la actualidad ya son 3 las condenas que acumula por diversas causas ligadas a corrupción.

El reciente procesamiento del vicepresidente de la nación Amado Boudou ha causado una revuelta no sólo en los medios de comunicación, sino en el seno de la clase política nacional. Tanto opositores como oficialistas se han expresado sobre la cuestión. El problema es que el Vicepresidente no es el único político que ha sido procesado mientras estaba en el cargo.

El jefe de Gobierno Porteño Mauricio Macri, no sólo afronta el juicio por escuchas ilegales, sino también cuenta con un antecedente: en 2001, cuando era presidente del Club Atlético Boca Junior, fue procesado por contrabando de autopartes. Otro de los casos resonantes en los últimos años fue el de Aníbal Ibarra, ex jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, destituido en 2006 como consecuencia del juicio político llevado a cabo luego de la negligencia política que desencadenó la tragedia en el boliche República de Cromañón en el año 2004. La destitución del mandatario demoró dos años pero evidenció que ningún político estaba exento a ser juzgado.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, nuestro país no es el único en el que la clase política se enfrenta a la justicia. Muchos recordarán el juicio político “express” en el año 2012 que destituyó al presidente del Paraguay Fernando Lugo. También ex mandatarios de fuerte peso como Nixon o Berlusconi fueron asediados por el poder judicial. En un caso emblemático Moshe Katsav, ex presidente israelí  quien gobernó durante el período 2000-2007 fue condenado por delitos de abuso y acoso sexual, abuso de poder, obstrucción de la justicia y acoso a testigos por lo que le valieron siete años de prisión en 2011, condena que actualmente está cumpliendo.

Recientemente otro político de renombre internacional también se vio envuelto en un escándalo. El ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy fue procesado por los cargos de “Corrupción” y “Tráfico de influencias”. Se sospecha que el líder de la UMP contaba con una red de informantes, tanto en la justicia como la policía, que le daban detalles sobre el estado de investigaciones que lo afectaban directamente.

Aún así, volviendo a nuestro país, los casos del Vicepresidente y del Jefe de Gobierno Porteño poseen un tinte particular. Ambos están procesados y continúan en su cargo de todos modos lo que genera una división entre aquellos que reclaman que se aparten de su cargo y aquellos para los que el “principio de inocencia” les permite seguir ejerciendo.  Además ambos casos presentan la novedad de que a diferencia de Aníbal Ibarra, fueron procesados por el poder judicial y no por el Poder Legislativo.

Como se puede observar, el dilema entre justicia y política no es algo estrictamente argentino. Nuestra clase política no es la única acusada de corrupción. Parece que la tentación de usar el poder para beneficio propio es algo ante lo que muchos líderes alrededor del mundo sucumben. Sin embargo, el hecho de que el único alto funcionario condenado por corrupción en nuestro país sea María Julia Alsogaray y que su caso se haya demorado casi 20 años deja mucho que desear. Y a su vez nos deja la sensación de que estamos frente a una justicia que procesa, pero no condena.