A cuatro meses de la declaración de la “emergencia en seguridad” en la provincia de Buenos Aires por parte del gobernador Daniel Scioli, una escalada más en el discurso de la mano dura fue el trasfondo de medidas para nada novedosas: más policías en las calles legitimadas políticamente para utilizar la violencia y otro anuncio de reformas legislativas para restringir las excarcelaciones.
El
Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) denunció en un informe presentado en la legislatura que el accionar policial en las calles y la cantidad de personas detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense y en las comisarías muestran las consecuencias reales que está teniendo la política de seguridad del gobernador y del ministro Alejandro Granados: los muertos ocasionados por el accionar de la Policía Bonaerense se utilizan como indicador de éxito. En estos meses el gobierno provincial dio a conocer informes periódicos con los resultados de la declaración de emergencia. Uno de los indicadores de ese balance es la cantidad de “delincuentes abatidos”: 76 entre el 5 abril y el 6 de agosto. Esta letalidad en los enfrentamientos duplica la que tenía la Bonaerense en años anteriores: en 2005 había una muerte cada diez enfrentamientos, hoy son dos cada diez.
Récord de detenidos, sobrepoblación y colapso del sistema penitenciario. En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de los últimos quince años: 33166. El 60% de estas personas están detenidas de manera preventiva, sin condena judicial.
Hoy, la provincia tiene una tasa de encarcelamiento de 201 cada 100 mil habitantes; en 2007, esa tasa era 167. La base de este incremento son los delitos callejeros, no los mercados ilegales ni los delitos complejos. La cantidad de personas detenidas aumentó entre enero y junio de este año lo mismo que en todo 2013. Si esa tendencia continúa, a fines de 2014 habrá un 30% más de detenidos que el año pasado.
En este momento, el Servicio Penitenciario Bonaerense ya tiene una sobrepoblación de alrededor del 70%. Hoy, las personas alojadas en el SPB no tienen acceso a atención médica básica, ni a un alojamiento y alimentación adecuados. Los detenidos son víctimas de torturas, malos tratos y violencia por parte del SPB. La gestión de los penales es más que deficiente y los episodios de corrupción son frecuentes. La violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la provincia es sistemática por su extensión y frecuencia.
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