Por Lic. Nicolás Wittwer Pruyas. Economista UBA.
A lo largo de la presente semana se realizaron, en las respectivas comisiones del Senado de la Nación, aportes y modificaciones sustanciales al paquete de iniciativas enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que permitió obtener dictamen favorable para el tratamiento de los proyectos durante la semana entrante.
De los proyectos impulsados por la Presidenta de la Nación, el que más rechazo generaba entre las cámaras empresarias y la dirigencia política contraria al Gobierno Nacional, era aquel que proponía la modificación y actualización de una Ley vigente desde el año 1974, denominada Ley de Abastecimiento, cuya aplicación en la actualidad resultaba poco práctica, lo que requería una actualización para su correcto funcionamiento. No obstante ello, algunos grupos económicos, haciendo uso de su posición dominante y su poderío mediático, buscaron deslegitimar e impedir la mejora sustancial de dicha norma, lo que repercutiría en una quita de herramientas de gestión del sector público para hacer frente a los abusos de los sectores concentrados de la economía.
Finalmente el conjunto de iniciativas pudo ser tratado en comisión, permitiendo el uso de la palabra de todos los sectores que participan de las diferentes cadenas de valor, desde el productor hasta el consumidor, pasando por los intermediarios y comercializadores. Contrariamente a los vaticinios de los portavoces de los sectores dominantes, que aseguraban que estos proyectos serían tratados a libro cerrado y sin ningún tipo de participación de los actores económicos, las comisiones resultaron ser un ámbito de debate, con intercambios y propuestas de mejoras. Tal es así, que legisladores de otros partidos políticos, como el caso del senador Gerardo Morales, se vieron sorprendidos por el amplio debate y las modificaciones propuestas, independientemente de que el bloque de la UCR mantendrá la negativa al proyecto de ley: “ hay varios cambios que minimizan o disminuyen la arbitrariedad”.
El hecho de que haya existido la posibilidad no sólo de intercambiar opiniones, sino principalmente de incorporar modificaciones a los proyectos de ley, habla a las claras de la madurez y seriedad con la que se han trabajado las iniciativas por todos los participantes, y deja en off-side a quienes, al referirse a funcionarios del Gobierno Nacional, constantemente apuntan a la falta de diálogo y consenso.
En relación al proyecto de ley que modificaría la Ley de Abastecimiento, cabría realizar una serie de observaciones:
- En primer lugar el nombre propuesto para la futura norma sería Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. La iniciativa busca adaptar una normativa sancionada hace cuarenta años a los tiempos corrientes, a los fines de su correcta aplicación.
- Asimismo, la propuesta enviada al Congreso para su debate, es decir, previo a las modificaciones que permitieron obtener dictamen favorable, era una versión que eliminaba los puntos más polémicos de la Ley sancionada en 1974, como ser la posibilidad del congelamiento de precios; la intervención pública de explotaciones forestales, agrícolas, mineras, establecimientos industriales y comerciales, entre otros; el uso de terminologías como “obligar” y “reprimir”; y la pena de cárcel para aquellos que violasen la normativa.
- En tercer término, la amplia participación de asociaciones de defensa del consumidor, pequeñas, medianas y grandes empresas, como así también la totalidad de los partidos políticos permitieron, a su vez, agregar más modificaciones a las que ya contenía el proyecto original, como ser: la exclusión de las pymes al alcance del proyecto, exceptuando aquellas que puedan tener una posición dominante en su ramo de actividad; la necesidad de autorización judicial previa para inhabilitar o clausurar empresas infractoras; la eliminación de la figura que permitía la clausura definitiva; el pago de una compensación a quienes produzcan a pérdida, lo que garantiza mantener el margen de utilidad empresario y; la designación de la autoridad de aplicación a cargo del Poder Ejecutivo, lo que excluye la designación directa de la Secretaría de Comercio.
Como se puede observar, el presente proyecto fue trabajado con la seriedad y la apertura suficiente para actualizar una normativa que persigue como principal objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores establecido en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, controlando la razonabilidad de los precios de los productos que consumimos a diario, que los mismos tengan una correlación con su costo de producción y que ningún actor de la cadena de valor se apropie de un excedente perjudicando a alguna de las partes. Es decir, precios justos, ganancias razonables y consumidores satisfechos para continuar expandiendo el mercado interno, principal fortaleza de la economía nacional ante un mundo que no crece.
