El pasado 9 de septiembre durante la
Asamblea de las Naciones Unidas, la propuesta del
G-77 + China impulsada por la Argentina, que establece la
necesidad de un marco regulatorio para los
procesos de negociación de deuda soberana, fue aprobada.
En su parte resolutiva, el
texto votado positivamente por
124 países, rechazado por 11 (incluidos Estados Unidos, Alemania, Japón, Israel y Canadá) y con 41 abstenciones, sostiene que la Asamblea General decide elaborar y aprobar "un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional". Además, agrega que "las crisis de deuda soberana son un problema recurrente que entraña graves consecuencias políticas, económicas y sociales", y que "los esfuerzos de un Estado por reestructurar su deuda soberana no deben verse frustrados[...] por los acreedores comerciales, incluidos fondos de inversión especializados como los fondos de cobertura, que adquieren deuda de Estados altamente endeudados con fines especulativos". Este punto es una referencia sin ambigüedades al conflicto que mantiene la Argentina con los fondos especulativos
NML y
Aurelius, el cuál sumó ayer un nuevo capitulo al declarar el juez neoyorquino Griesa al país en "desacato", hecho que fue declarado por el Gobierno argentino como una violación al derecho internacional. Vale aclarar, por otro lado, que la Asamblea tiene tiempo hasta septiembre de 2015 para definir y aprobar el contenido específico del marco.
Pocos días después, el tema fue retomado por la presidenta argentina
Cristina Fernandez de Kirchner durante la 69° Asamblea General de las Naciones Unidas. En su
discurso, dónde trató diversas cuestiones, agradeció a la Asamblea por la aprobación de la resolución antes mencionada, alegando que la elaboración de un marco jurídico global que verse sobre cuestiones de deuda soberana era "tomar el toro por las astas". Pero además, instó a la Asamblea a tener como prioridad la elaboración del marco regulatorio, ya que los "fondos buitre amenazan y hostigan con acciones sobre la economía [...] de modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero" y provocan "hambre, misera y pobreza".
Justamente sobre las consecuencias del accionar de los fondos especulativos se basó la propuesta ante el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU llevada adelante por el
canciller Héctor Timmerman, la cuál fue aprobada el viernes pasado. En sus aspectos principales, la resolución reconoce la decisión soberana de cada Estado a reestructurar su deuda, y sostiene que la carga que la deuda impone "es un obstáculo para el desarrollo humano sostenible [...] un impedimento grave para la efectividad de todos los derechos humanos”. Además, plantea que el accionar de los fondos especulativos lesiona el goce de derechos económicos, sociales y culturales, y afirma que “las actividades de los fondos buitre resaltan algunos de los problemas del sistema financiero mundial y son una muestra del carácter injusto del sistema actual". Por otra parte, la resolución estipula la elaboración al Comité Asesor de un informe que de cuenta de las consecuencias del accionar de los fondos especulativos, haciendo hincapié en las limitaciones que pueden imponer a los gobiernos para definir políticas de desarrollo y en materia social.
Ahora bien, la mayoría de las resoluciones de la Asamblea no son vinculantes, aunque crean "costumbre internacional" (que es fuente de Derecho). En el caso particular del marco regulatorio global de reestructuración de deuda, los países miembros podrán adoptarlo o no, sin perjuicios mayores. Por otro lado, la mayoría de los países pagan varias veces el monto inicial de deuda contraída, debido a las altas tasas de interés del mercado internacional y las severas sanciones. En el caso argentino, particularmente, la historia de la deuda externa es una de las más infames, lo que muchas veces lleva a preguntarse sobre la validez de la misma. Sin embargo, no todo es lo mismo ni todo da igual.
En primer lugar hay que destacar la oposición de las grandes potencias a la aprobación de las resoluciones. Los argumentos que esgrimieron se basaban en la "impertinencia" de la Asamblea como ámbito para dar discusiones de corte económico, ya que se tratan de "aspectos técnicos" que deben ser discutidos por especialistas. Para eso, propusieron llevar el debate a lugares más apropiados, como el FMI o Club de Paris. Es curioso que hayan pretendido conducir la propuesta a un terreno donde tienen voto ponderado y poder de veto... Tal vez sea como dice Granovsky cuando dice que las potencias no quieren que haya "caso" para iniciar un camino de reestructuración diferente al actual. Y, en segundo lugar, vuelve a ponerse en evidencia un problema global crónico: la deuda externa y el usufructo que hacen de ella fondos especulativos, bancos internacionales, gobiernos y organismos internacionales parciales. Un dato que no es para nada menor a éste respecto es que entre los años 2003-2012, los países en desarrollo y emergentes en conjunto han duplicado su nivel de endeudamiento, así como también se han multiplicado por dos los servicios de deuda.
(*) El
autor es coeditor del blog
Mundo Saigón.
