Por Mariela Belski
Los obstáculos que enfrentan las mujeres en El Salvador para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, que son parte integrantes de sus derechos humanos, son más graves que en muchos lugares pero no resultan un caso aislado en América Latina, donde hay otros seis países en los que el aborto está prohibido en toda circunstancia: Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En la mayor parte de la región, los poderes del Estado se ven influidos por fuerzas conservadoras, y por el discurso de la Iglesia Católica, con fuerte incidencia en los sectores más pobres de la sociedad, que a su vez son los más afectados por la falta de políticas públicas en materia de aborto.
Las leyes que prohíben el aborto en forma absoluta ponen en un dilema imposible a las mujeres cuyo estado de salud no les permite llevar a término el embarazo: si abortan pueden ir a la cárcel y si no lo hacen pueden morir. Esta realidad incluye también a niñas embarazadas como producto de una violación. Un médico de El Salvador contó a Amnistía Internacional que trató a una chica de 10 años que había sido violada, que dada su edad no podía entender su situación. La prohibición total hace que muchas mujeres y niñas en El Salvador se sometan a abortos clandestinos, a través de pesticidas, de la introducción en el cuello del útero de agujas de tejer o trozos de madera. El 11% de las mujeres que recurren a ese tipo de prácticas mueren, según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud.
En la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lo que ningún otro poder del estado ha hecho hasta ahora en su ámbito de actuación y dentro de su competencia. Dictó el fallo “FAL” para lograr se garantice la atención y provisión de abortos legales, que son los que el Código Penal permite, cuando el embarazo es resultado de una violación y también cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Lamentablemente, ni el Poder Ejecutivo ni sus pares provinciales han acatado lo establecido por esta sentencia. Más de la mitad de las provincias no cuentan con protocolos de atención de abortos no punibles que indiquen como deben actuar los hospitales para realizar abortos legales.
Todavía y en la mayoría de las jurisdicciones existen funcionarios y operadores de los sistemas de justicia y de salud que intentan que no se cumpla con la ley y las mujeres no puedan acceder a abortos permitidos. Los Ejecutivos nacional y provinciales son, por omisión, cómplices de que aún esto suceda.
* Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
