Cerca de cumplir un mes de la emboscada de la policía municipal a los estudiantes de la Normal, las movilizaciones no se detienen. Ayer la gran jornada nacional de manifestaciones en México ha dejado un escenario que expresa furia e impotencia: El incendio de la Alcaldía en Iguala, Municipios ocupados, bloqueos y
marchas masivas.
Los jóvenes desaparecidos fueron víctimas de una detención arbitraria de la policía municipal, que el 26 de septiembre interceptó el autobús en el que se trasladaban los “normalistas”. Según las autoridades que intervienen en la investigación, habrían sido entregados a sicarios del cartel “Guerreros Unidos”. Los jóvenes organizaban una marcha para el 2 de octubre en la Capital para reivindicar la lucha de los estudiantes masacrados en 1968 en Tlatelolco.
Además, la búsqueda de los estudiantes ha revelado una realidad que estremece a toda la sociedad, y tiene que ver con la administración estatal de la violencia. La investigación de la Fiscalía de Guerrero ha revelado el hallazgo de fosas comunes con
28 cuerpos calcinados , se presume que fueron quemados vivos.
No es un problema local. No sólo el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hoy prófugos de la justicia y con
orden de captura, deben responder. La deliberada demora en emitir las detenciones que permitieron la fuga de Abarca evidencia la complicidad en todas las esferas del Estado.
Iguala es el último eslabón de una cadena de complicidades, favores, trabajo mancomunado y corrupción en todos los niveles del Estado. Iguala reveló a todas luces el ejercicio de un narcogobierno. El narcotráfico esta enquistado en todos los niveles de la administración. La institucionalización de las organizaciones criminales en las estructuras estatales expresa la larga trayectoria de violaciones a los derechos humanos en México. Estalló con la masacre de Iguala, pero tiene una historia que atraviesa los gobiernos del
PAN, el
PRI y el
PRD. Y la sociedad mexicana no ha respondido con pasividad espectadora, por el contrario, ha convertido el caso Iguala en un asunto nacional.
* La
autora es coeditora del blog
Mundo Saigón.
