En boca de todos está estos días la reforma del Código Procesal Penal, que ya cosechó varios halagos de todo el arco político. Sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó algunos aspectos de la iniciativa: los artículos del proyecto referidos a la deportación de extranjeros sorprendidos in fraganti en el delito, entre ellos.
La directora del área de Justicia y Seguridad del organismo, Paula Litvachky, destacó que un proyecto de modificación del Código de Procedimiento Penal es de gran magnitud y que por eso “aún lo están estudiando” pero se mostró, desde el principio, alejada de dos cuestiones: "La primera tiene que ver con la referencia a la conmoción social como forma de aplicación automática de la prisión preventiva, porque es un parámetro de raigambre complicada y vinculado con la agenda mediática que relaciona la seguridad con la cuestión penal”.
Según la directora, la prisión preventiva no puede ser definida por otros elementos que no tengan que ver con la posibilidad de que una persona se fugue o vaya a entorpecer la investigación penal: “La regla es la libertad, la cárcel es la última ratio”, aseguró.
Por otra parte, opinó sobre los polémicos artículos que hablan de deportar extranjeros sorprendidos in fraganti en el delito: "Esto vuelve a vincular a los migrantes con el delito, y además vuelve a plantear dudas sobre cómo será en la práctica, son incentivos que se ponen en las leyes, pero en la práctica terminan funcionando en forma muy tergiversada”, criticó.
