En estos días se discute sobre las condiciones laborales al interior de las unidades carcelarias, luego de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que reconoce el derecho de una persona detenida a gozar de los mismos ingresos y condiciones que cualquier otro trabajador, incluyendo aguinaldo y vacaciones. La posible extensión de este derecho a toda la población carcelaria generó un debate, promovido desde los medios de comunicación dominantes, los que auspician políticas de mano dura, cuyo supuesto es que cuantos más duros sean los castigos, más se logrará que los detenidos acepten las normas de la vida social, dejen de delinquir y se conviertan en personas que se ganan la vida con su trabajo. Esta mirada ignora los resultados reales de las políticas implementadas. Sus cultores no se basan en el análisis de las situaciones reales, sino en sus ideologías que nunca contrastan con los resultados. Su discurso es repetitivo y con fines políticos: más penas, más dureza, más cárceles. No tienen propuestas para el problema de la reincidencia delictiva. Ignoran que detrás de una persona detenida hay familias, parejas que se desgarran, hijos que muchas veces imitan los modelos de sus padres, reproduciendo la tragedia. Desconocen el resultado de las vejaciones institucionales, que lejos de generar conductas basadas en el respeto de las normas fortalecen las prácticas que dicen querer modificar.
Las cárceles están pobladas principalmente por varones jóvenes y pobres, con un promedio de edad que ronda los 26 años y la mitad de los detenidos están presos por robo. La gran mayoría tiene una experiencia laboral previa muy precaria, con enormes períodos sin trabajo. Muchos directamente nunca han trabajado y su capacitación es muy deficitaria. Solo conocen los aspectos más negativos del trabajo: el empleo en negro y sin protección social, la arbitrariedad de supervisores despóticos, la discriminación por tener antecedentes. Muchas veces sus expectativas pasan únicamente por “conseguir un trabajo estable” y un mínimo de orden en su vida. Casi no vivencian el contacto entre el trabajo y la realización personal. Ante esto vale interrogarse: si quienes se encuentran detenidos no conocen el trabajo como una actividad que les permita progresar y sentirse útiles… ¿Cómo se espera que puedan modificar la identidad que los lleva al crimen y se desarrollen como trabajadores? Si la experiencia laboral previa es escasa o nula ¿Cómo se supone que aprendan a trabajar? Si solo conocen los aspectos más negativos del empleo ¿Cómo se espera que valoren conseguir un trabajo, sostenerlo y mejorar su situación? La demagogia punitiva no da respuesta a estos interrogantes. Sus promotores proponen vaguedades de mano dura que no mejoran las condiciones de vida de la población carcelaria ni la seguridad al bajar la reincidencia delictiva.
No abundan las estadísticas carcelarias confiables sobre cuestiones relativas al trabajo. Según publicaciones del Servicio Penitenciario Federal (cuya población supera los 10.000 internos) la cantidad de detenidos que trabajan ha crecido durante los últimos 10 años, alcanzando el alrededor del 70 % de los internos . Por su parte, en el Servicio Penitenciario Bonaerense (cuya población ya supera largamente los 25.000 internos) las personas que desempeñan alguna tarea laboral, son algo menos del 50% de la población . En el SPB en especial se ha avanzado en que empresas privadas contraten a trabajadores detenidos. Esto hace suponer que la situación ha mejorado notoriamente en los últimos años. Pero estas estadísticas no consideran las particularidades del desempeño laboral intramuros, que denominan trabajo a actividades altamente precarizadas, fuertemente atravesadas por la arbitrariedad de las autoridades penitenciarias como parte del sistema de premios, castigos y prebendas. En ambos casos, aunque sea creciente la cantidad de personas que trabajan, se está muy lejos de constituir un sistema que promueva cambios profundos. Es necesario avanzar mucho para que quienes están presos y /o egresan de la detención puedan generar una identidad como trabajadores y sentirse relativamente satisfechos con su tarea. Que las personas trabajen durante su detención y se respeten todos sus derechos laborales debería ser la regla, no una excepción ratificada judicialmente. Todas las cárceles tendrían que tener dispositivos institucionales para que la inmensa mayoría de los internos trabajen, produzcan, se sientan útiles y puedan capacitarse y pensarse como trabajadores. Las personas que son detenidas pierden el derecho a la libertad ambulatoria (nada menos) pero deberían mantener todos sus otros derechos: al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la intimidad. Y la capacitación y el trabajo de los internos deberían ser prioridades institucionales.
La resolución judicial es acertada. Pero no se traducirá en políticas institucionales sin la decisión política de hacerlo. La ley Nacional Nº 24.460 y la provincial Nº 14.296 establecen condiciones adecuadas para el desempeño laboral de los reclusos, pero no se cumplen porque la resistencia institucional es muy alta, tanto de las autoridades penitenciarias como de la corporación judicial (y mediática). Lograr que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” como dicta el artículo 18 de nuestra constitución, es una de las grandes deudas de la democracia. Sería muy bueno que la resolución de la Cámara siente un firme precedente y no una ilustre excepción.
Por Diego Caviglia
