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| Punto de inflexión |
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El parto de una nueva Ley de Medios  Clarín nació junto al peronismo. El 28 de agosto de 1945, cuando la comunión entre los obreros y Juan Perón, secretario de Trabajo y Previsión del gobierno de facto de Edelmiro Farrell, ya se encaminaba a un movimiento de masas que se consagraría en las jornadas de octubre, Roberto Noble lanzó a las calles la primera tirada del matutino. Noble había sido ministro de Gobierno de Manuel Fresco, cacique conservador que gobernó la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940 y rotuló para la historia como “fraude patriótico” a la costumbre de la oligarquía de apropiarse del derecho a voto de los trabajadores.Pasaron 64 años, el viejo Noble murió y “el gran diario argentino” representa hoy sólo una pequeña porción de la facturación del Grupo Clarín, el holding multimedios más poderoso jamás visto que, con el visto bueno de todos los gobiernos desde la dictadura militar hasta Néstor Kirchner, fue copando posiciones en el mapa de medios hasta alcanzar una concentración de la información impresionante. Sólo dos años más tarde de que el santacruceño le regalara a Clarín la fusión de Cablevisión y Multicanal (ver recuadro), esa condescendencia histórica parece llegar a su fin. Otro 28 de agosto, el último, Clarín tituló: “Presentan la ley para controlar a los medios”. La volanta, más explícita, advertía que “el Gobierno quiere avanzar sobre la prensa independiente”. Se refería al proyecto de Ley de Medios y Servicios Audiovisuales que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que el oficialismo parlamentario ya llevó a comisiones, donde esperan que en pocos días obtenga dictamen para ingresar a la Cámara baja. La iniciativa, con todos sus defectos más abajo detallados, promete ser un primer paso hacia una legislación antimonopolio en materia comunicacional, deuda de 26 años con la democracia que hasta ahora ningún gobierno -tampoco la primera gestión kirchnerista- había querido o podido cancelar. La nueva ley reemplazaría a la censora 22.285, firmada por Jorge Videla en 1980 y retocada por el menemismo para dar rienda suelta a los pulpos multimediáticos. De aprobarse la ley, el Grupo Clarín tendrá un plazo para desprenderse de Canal 13, su mayor caudal en términos de formación de opinión pública, y de sus canales de aire del interior si quisiera conservar Cablevisión, su espada en el negocio del cable, que representa casi la mitad de sus ingresos. De todas formas tendrá que desinvertir en ese rubro, ya que hoy provee al 47 % de los abonados del país y el proyecto del Gobierno fija un tope de 35 %. Además deberá elegir entre Canal 13 y TN más sus demás canales de cable. Por los límites a la multiplicidad de licencias que fija el proyecto, también tendrá que abandonar radios en todo el país. Esas sangrías se sumarían al ya perdido negocio de la televisación del fútbol, contemplado en el proyecto de ley incluso antes de la ruptura entre la AFA y TyC. Eso explica el título y la volanta de la histórica tapa del 28, además de la feroz embestida mediática del Grupo en contra ya no sólo del Gobierno sino de una política de Estado, y del desembarco de sus lobbistas en el Parlamento, con Jorge Rendo, “director de Relaciones Exteriores”, a la cabeza. Pero el debate excede ampliamente la puja entre el Gobierno y el Grupo Clarín, alguna vez aliado del kirchnerismo. Al fin de cuentas ya se sabe quién gana: difícilmente los Kirchner pasen de 2011, cuando Clarín vio caer a una decena de gobiernos, a veces contribuyó a su caída, y ahí sigue, como siempre. Lo que está en discusión, en cambio, es si la corporación mediática conservará o no su poder de veto a los poderes del Estado. Lo que marcaría un punto de inflexión con todas las letras. Lo criticable Claro que el proyecto del oficialismo tiene puntos defectuosos y discutibles. El más delicado es el del ingreso de prestadoras de servicios públicos, y en particular de Telecom y Telefónica, al nicho del triple play, una nueva tecnología que permitirá brindar teléfono, internet y TV por cable en un mismo paquete. Es un negocio a punto de estallar de la mano de la revolución tecnológica que en la Argentina representaría un mercado de unos 5000 millones de pesos y del que por ahora no se sabe mucho más. Si se decide permitir el desembarco de las telefónicas, una tendencia que se repite en Estados Unidos, México o España, debe fijarse una serie de restricciones legales taxativas para evitar nuevas posiciones monopólicas. El proyecto del Gobierno flaquea en ese aspecto: ni siquiera se menciona expresamente el triple play, y en cambio se utiliza el eufemismo de “nuevas tecnologías”. Parte de la oposición se queja de que la Autoridad de Aplicación podría entregar y quitar licencias a criterio cada dos años. Sin embargo, el proyecto oficial no le permite revisar licencias ya prestadas, sino la adjudicación de una cantidad creciente de nuevas licencias que habrá disponibles, porque el salto del sistema analógico al digital permitirá tener más señales con una misma frecuencia. También cuestionan que esa Autoridad de Aplicación esté bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Algunos proponen un ente autónomo, otros uno controlado por el Parlamento. Es algo absolutamente opinable; en todo caso, quizás sea una buena oportunidad para que la Corte Suprema se expida con un fallo y siente jurisprudencia sobre el carácter más o menos presidencialista del sistema político nacional. Es llamativo que a ningún legislador, ni oficialista ni opositor de cualquier pelaje, le haya preocupado la ausencia total de artículos de legislación laboral en el proyecto debatido. Toda la discusión gira en torno a quiénes serán los propietarios de los medios, pero nadie piensa en los trabajadores de prensa, primeros perjudicados por cualquier situación de monopolio como en cualquier otra rama de la producción. A juicio de este cronista, es la mayor carencia del proyecto oficial. Lo indiscutible Pero en términos generales, el proyecto cumple y en algunos pasajes supera las expectativas. La reserva del 33% del espectro radioeléctrico para personas jurídicas sin fines de lucro, la exigencia de un 70% de contenidos de producción nacional a las radios y de un 60% a la televisión, la garantía de acceso gratuito a eventos deportivos de interés relevante, la prohibición de delegar licencias a testaferros, las fuertes restricciones antimonopolio (por ejemplo, el tope máximo de 35% de abonados), son novedades muy auspiciosas no sólo comparadas con la ley de la dictadura, sino también con normas legales de países avanzados en la materia. El proyecto, por otra parte, es resultado de la amplia y fructífera contribución de académicos, periodistas, políticos, organizaciones sociales y gremiales y medios comunitarios durante años. Un sector de la oposición, encabezado por Francisco De Narváez, exige que la votación en las cámaras sea después del recambio de diciembre. La opinión de De Narváez no debería ser tenida en cuenta, al menos no a la hora de tomar una decisión gubernamental, porque es socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Grupo Uno, uno de los multimedios que sería perjudicado por la nueva ley. Hecha esa salvedad, si el conteo de porotos debe hacerse ahora o después de diciembre, debe decidirse democráticamente en el ámbito parlamentario, es decir, alzando las manos. Si se resolviera tratar el proyecto antes de fin de año, y si éste fuera aprobado, la oposición estará en todo su derecho de derogar la ley y volver a la 22.285 o votar una nueva cuando tenga mayoría y si quiere hacerlo. Lo cierto Pero es demasiado transformador para ser cierto. ¿Quién puede asegurar que el Gobierno no le pegó una cachetada a Clarín con el fútbol y ahora lo amenaza con pegarle la segunda si no negocia? Y si en cambio fuera legítima su intención de ir a fondo, ¿podría concretarla en el Congreso? En Diputados parece tener chances, máxime si se tiene en cuenta que Agustín Rossi jamás perdió una votación y que contará, retoques al proyecto mediante, con el decisivo apoyo de algunos radicales y de la centroizquierda. Pero en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto perdió una batalla tan crucial como esta el año pasado, y en su recinto no tendrá que negociar con el SI o Proyecto Sur sino con anquilosados jefes provinciales que preferirían evitar una caza de brujas por parte de Clarín. Si el Gobierno repitiera en el recinto lo de la noche del voto no positivo, sencillamente quedaría entregado. Igual que Alfonsín, cuando cedió a las presiones de “la Viuda” de Noble y derogó el artículo 45 que le impedía a Clarín blanquear su apropiación de Radio Mitre. Sería un buen síntoma que esta vez la Historia abandone su hábito de repetirse. Cablevisión-Multicanal, un regalo del kirchnerismo Una tarde de campaña electoral, en una reunión del espacio Carta Abierta en la Biblioteca Nacional, uno de los asistentes pudo preguntarle a Néstor Kirchner en persona por qué le había permitido la fusión de Cablevisión y Multicanal al Grupo Clarín en sus últimas horas como presidente. Kirchner contestó que “fue un error”, se excusó como pudo y deslizó que “ese fue Alberto que no me lo advirtió”. Pero reconoció que el permiso existió. No obstante, el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, asegura ahora que el organismo que conduce “nunca permitió tal fusión” y dice que “lo que hubo fue un dictamen de Defensa de la Competencia que habilitaba a que operaran en conjunto, pero ese expediente quedó en análisis en el Comfer sin ser aprobado”. De hecho, Mariotto anunció hace unos días que la fusión le fue denegada a Clarín, para evitar la chicana en el Congreso por esa mancha negra. Pero el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia al que se refiere incluye en su cuerpo citas de una nota expedida por Julio Bárbaro, por entonces interventor del Comfer, en la que concluye tras una serie de reparos que “este organismo no tiene objeción alguna que formular a la operación denunciada en estas actuaciones”. La primera gestión kirchnerista no fue la excepción a la subordinación al Grupo de la clase política. |