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| La columna vertebral resquebrajada |
 Durante gran parte de los últimos dos meses, los medios masivos de comunicación dedicaron la mayor parte de su tiempo y espacio a informar sobre el irreversible conflicto sindical de la fábrica Kraft –ex Terrabusi-. Ello adquirió relevancia por los continuos cortes de ruta, movilizaciones sociales y marchas tanto en las zonas cercanas a la fábrica como en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta misma cobertura mediática, sin embargo, no ahondó sobre ciertos aspectos centrales del conflicto en sí y que van más allá del simple reclamo por mejoras salariales o la reincorporación de personal despedido. Kraft debe ser leído en clave de relaciones de poder en el seno del movimiento sindical argentino: allí radican muchas de esas explicaciones. Esta disputa no es ajena al modelo sindical implementado desde los años dorados del peronismo. Para lograr disciplinar, primero, y conseguir el apoyo posterior del sindicalismo, se estableció la creación de un sindicato por rama y una única central que los encolumnara a todos detrás de un liderazgo centralizado. Este marco jurídico no tardó en generar disputas internas entre los denominados “dialoguistas” y los “combativos”, siendo los primeros quienes pregonaban la búsqueda de consensos y acuerdos, mientras que los segundos eran más radicalizados e intransigentes en sus demandas. Los años ’60 y ’70 se caracterizaron por fuertes enfrentamientos entre ambas tendencias, potenciadas por el clima ideológico de aquellos años. Hoy, año 2009, las realidades no son tan disímiles, aunque sí lo es el contexto. Aquellas viejas disputas entre ambas estrategias persisten en la actualidad. Es a través de este prisma que debe interpretarse el conflicto de Kraft. En primer lugar, quienes iniciaron la toma de la fábrica, potenciaron las protestas y lideraron las movilizaciones fueron delegados de base, elegidos directamente por sus propios compañeros de trabajo y que no entran dentro de la estructura orgánica de los sindicatos miembros de la CGT. En segundo lugar, retomaron aquel viejo discurso combativo propio de la década del ’70, apelando a la intransigencia y la radicalidad en sus demandas. Lo que cuestionan estos nuevos líderes sindicales es la falta de representación y de mecanismos de democracia interna que le permita a la mayoría de los trabajadores participar de los reclamos y del proceso de toma de decisiones en sus respectivos sindicatos. Encuentran en el marco jurídico que regula las organizaciones sindicales un fuerte impedimento, ante las crecientes dificultades que existen para construir nuevos sindicatos que reciban la personería jurídica. Y ni hablar de las centrales sindicales, como es el caso de CTA. Esta situación, sin embargo, se contradice con el principio de libertad sindical propugnado por la Constitución Nacional, que garantiza a los trabajadores el derecho de asociarse y conformar organizaciones que representen sus intereses. Existe, entonces, una fuerte contradicción entre un modelo de sindicalismo que resulta funcional tanto al Gobierno como a las empresas y los derechos propios de los trabajadores. Mejor negociar con pocos sindicatos disciplinados y conformistas, que con muchos radicalizados. La situación se agrava aún más si entra a jugar la variable de los partidos políticos de extrema izquierda. Al igual que sus pares “dialoguistas”, los “combativos” también tienen una carrera de militancia o un mínimo de apoyo, tanto material como simbólico, de partidos políticos. En este caso, la conexión entre discurso radicalizado y la extrema izquierda –PTS, PO, MST, CCC- es natural. Si entonces la lectura realizada arroja un panorama de alta conflictividad y crecientes dificultades para alcanzar acuerdos y consensos, las soluciones se reducen drásticamente. Estas nuevas formas de representación sindical son producto y consecuencia de un modelo de sindicalismo que intentó históricamente mantener encolumnado al movimiento, pero que inevitablemente iba a estallar en algún momento. Ocurrió a mediados del siglo pasado. Ocurre nuevamente en la actualidad. El remedio tampoco implica multiplicar las organizaciones sindicales hasta el hartazgo. Ello generaría un espiral conflictivo irremediable que impediría todo acuerdo básico sobre condiciones laborales. Encontrar cierto punto medio sería lo más conveniente, como puede ser otorgar a la CTA la personería gremial y así permitir la convivencia de dos centrales sindicales. Por otro lado, es necesario mejorar los mecanismos de representación y de toma de decisiones internos de todas las organizaciones. Ello impediría que una pequeña cúpula decida, controle recursos y fiscalice su gestión. Poner límites a los mandatos podría ser un camino. Estas medidas podrían encontrar eco si el modelo sindical imperante no resultara funcional a los intereses ya mencionados. Sin embargo, la realidad política del país y el grado de radicalización alcanzado por el conflicto de Kraft parecen haber abierto los ojos de los tomadores de decisiones. Una nueva crisis económica puede realimentar estas viejas disputas y potenciarlas aún más. |