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| El poder de la calle |
 En los últimos tiempos ha sido recurrente la proliferación de diversas formas de protesta social a lo largo y ancho del país. En todas sus variantes, desde organizaciones piqueteras hasta sindicatos pasando por organizaciones sociales barriales y cooperativas de trabajo, los distintos colectivos sociales han tomado el espacio público como el escenario predilecto para la realización de sus reclamos. No es más que lo que Natalio Botana llama “el poder de la calle”.
El interrogante que surge es cuál es el verdadero trasfondo de la protesta social en la Argentina de hoy. Desde el inicio estas manifestaciones sociales estuvieron vinculadas con el clientelismo político y el faccionalismo partidario. Resulta así imposible desligar de responsabilidades a los dirigentes partidarios y a los propios partidos políticos. Al mismo tiempo, nos encontramos con complejas organizaciones que se movilizan bajo el mando de dirigentes sociales o “punteros políticos”, que han sabido aprovechar el poder que les da el manejo de las movilizaciones populares para hacerse de privilegios y ventajas personales. Por último, queda el gobierno en sus diversos niveles (nacional, provincial y municipal) que consiente esta forma de protesta siempre que le sea funcional a sus intereses. ¿Cuál es el punto? La responsabilidad del desborde de la protesta popular no puede ser adjudicada a un solo actor político. Ninguno de ellos es por sí solo “culpable” de que se desvirtúe un espacio abierto a los legítimos reclamos de la ciudadanía. En primer lugar, podemos hablar de políticos y punteros locales que en los diferentes barrios y ciudades promueven y financian las movilizaciones sociales con fines puramente políticos -como perjudicar al partido gobernante- haciendo uso de sus redes clientelares. En segundo lugar, los partidos políticos tienen una doble responsabilidad: por no saber controlar a los propios dirigentes envueltos en este tipo de actividades y por fallar en su rol de canalizadores de demandas sociales (aunque definitivamente en modo alguno estas agrupaciones podrían reemplazar a los partidos políticos). Finalmente, se encuentra el propio estado, que compra el apoyo y la lealtad de las organizaciones a fuerza de subsidios, planes sociales estatales y puestos políticos para sus dirigentes.  ¿Pero qué sucede cuando el precio ofrecido no es el que los “líderes sociales” consideran suficiente? En ese momento los políticos, los funcionarios públicos y los partidos se convierten en víctimas de sus propias acciones. Los mismos que en un primer momento hicieron crecer a estas organizaciones y se beneficiaron de su accionar, se ven luego obligados a ceder cada vez más a cambio de mantener su apoyo. Y así re retroalimenta este círculo vicioso, en el que la lucha por el poder y por prevalecer es constante.El resultado es un cuadro complejo en el que quedan en medio tanto los ciudadanos (ajenos y víctimas de este circuito de protestas) como los propios manifestantes, que en más de una ocasión ven sus intereses postergados por algún acuerdo oculto entre el gobierno (en cualquiera de sus niveles) y los jefes a quiénes ellos responden. La consecuencia más nefasta es la degeneración del sentido de la protesta social como tal, la “protesta desde abajo” para Carlos Auyero. La que nació como un repudio a las consecuencias del ajuste neoliberal de la década del ‘90 y en reclamos justos de asistencia de un estado que protege (no del asistencialismo que vivimos hoy en día). Los reclamos colectivos dejaron de ser, a la vista del resto de la sociedad genuinos y por qué no, legítimos. En este mismo sentido, se puede visualizar como cientos de organizaciones sociales, que nacieron con un fin distinto del político, ven sus reclamos relegados a un segundo plano y terminan por ser funcionales a un circuito de poder del que en un principio eran ajenas. Así se cierra y retroalimenta el círculo vicioso que subyace a los reclamos populares en nuestro país. En síntesis, el circuito de protestas sociales en la Argentina de hoy no es más que un circuito dominado por las luchas por el poder político liso y llano. Los actores implicados son varios y las responsabilidades compartidas. En el medio, queda una porción importante del resto de la ciudadanía (afectada por la usurpación del espacio público) y los reclamos genuinos de las agrupaciones sociales (postergados ante la prevalencia de intereses políticos ajenos). *La autora forma parte del Área Académica de Políticargentina |