Los medios y Bicentenario

El Bicentenario de los medios: de Mariano Moreno a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Desde la fundación de La Gazeta, algunos días después de la Revolución, el periodismo ha estado siempre relacionado directamente al poder político. En la actualidad, y con la ley de medios como emblema, el rol de los comunicadores se empieza a debatir y expone los modelos en pugna.

“El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de Buenos Aires. (…) En él se manifestarán igualmente las discusiones oficiales de la Junta con los demás jefes y gobiernos, el estado de la Real Hacienda, las medidas económicas para su mejora y una franca comunicación de los motivos que influyan en sus principales providencias abrirá las puertas a las advertencias que desea a cualquiera que pueda contribuir con sus luces”.

Este fragmento de la primera edición del periódico oficial de la Primera Junta, La Gazeta de Buenos Aires, creado por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, es uno de los documentos fundacionales del periodismo argentino. En las consignas que toma como bases, Moreno describe la función social del periódico como un enlace entre los representantes y el pueblo. Y va aún más allá: plantea que el pueblo debe tener la información necesaria para conocer la actividad de quienes ocupan el poder para exigirles no equivocarse; y expone el compromiso de la publicación a ser un vínculo de comunicación permanente.

Es así como, desde los primeros años de la Revolución, la prensa escrita y el poder político estuvieron íntimamente ligados. Incluso, las publicaciones sirvieron a los líderes políticos del siglo XIX para adoctrinar a la sociedad con las ideas de los pensadores europeos. Moreno, por ejemplo, utilizó la Gazeta de Buenos Aires para traducir los textos de El Contrato Social, de Jean Jacques Rousseau. Sobre esto, el doctor en Historia y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Fabio Wasserman asegura: “En un contexto de gran confusión, esta función era decisiva pues permitía dotar de sentido a los acontecimientos revolucionarios, tal como lo hizo Mariano Moreno. De ahí en más la prensa ocuparía un rol central en la vida pública, al fundarse periódicos oficiales pero también opositores”.

Luego de la experiencia de Moreno, la relación entre la prensa y el poder ya no sería igual. Como Wasserman explica, la escritura se convertiría en una de las armas políticas más importantes de la época y de ahí que líderes como Mitre y Sarmiento dedicaran gran parte de su actividad diaria a escribir y participaran de la fundación de varios periódicos.

Una de las experiencias más interesantes en el periodismo es la del político socialista Juan Bautista Justo, quien a los 20 años, mientras cursaba sus estudios de medicina, empezó a incursionar en el periodismo como cronista parlamentario en el diario La Prensa. Sin embargo su aporte principal llegaría a partir de su alejamiento del Unión Cívica de la Juventud y su llegada al socialismo.

Hasta entonces la prensa obrera de aquellos años había acumulado numerosas experiencias a través de las publicaciones de El Descamisado, El Perseguido, El Obrero, El Socialista, entre otros tantos, que no consiguieron sostenerse en el tiempo. En 1984, Justo decidió ponerse al frente de un nuevo proyecto para el cual debió vender su automóvil y empeñar su medalla dorada para contribuir en la formación del taller de redacción. El nombre del periódico fue elegido por Justo y se llamó La Vanguardia, cuyo primer número apareció el 7 de abril de 1884 bajo la consigna de: “Periódico socialista científico, defensor de la clase trabajadora”.

La Vanguardia creció y perduró en el tiempo denunciando el fraude electoral y enfrentándose, además, al anarquismo. Alrededor de este periódico se reunieron los principales referentes del socialismo en sus diferentes variantes y el 15 de octubre de 1895 nació el Partido Socialista gracias al trabajo realizado por Justo.

Esta experiencia, en la que un periódico sirvió como un punto de partida para la gestación de un partido político, es uno de los reflejos más claros de la relación directa y activa que han tenido los medios de comunicación con la política, aunque no es la única. A medida que creció la cantidad de diarios y espacios audiovisuales partidarios, también avanzaron los intereses políticos por el control de los medios para tener una llegada masiva a la sociedad.

La prensa no era un espacio de inocencia, ya que a través de los medios se tejieron estrategias políticas. Hipólito Yrigoyen fue uno de los presidentes que sufrió la complicidad de algunos medios de comunicación con el Golpe de Estado encabezado por el general Uriburu el 6 de septiembre de 1930. El diario La Prensa, por ejemplo, a pocos días del levantamiento cívico-militar, titulaba: “Desautorización de los rumores de una agitación militar formulada por el jefe de la 5ª región”. En esa nota del 2 de septiembre, el director del diario se encontró con el general Juan Esteban Vacarezza y publicó sus declaraciones, entre las cuales afirmaba: “Con estos conceptos, deseo dejar expresado que ni entre los militares de esta guarnición, ni entre los que están directamente a mis órdenes en la quinta división de ejército de la Nación, puede existir otra preocupación que la de cumplir dignamente con su deber profesional, de preparación de nuestra defensa nacional, el mayor y quizá el único seguro de los beneficios de la paz, que es la suprema aspiración de todas las sociedades contemporáneas”.

En su edición del día siguiente, La Prensa también tituló una nota asegurando: “La situación política actual del país adquiere por momentos mayor gravedad”. En su párrafo final se expresaba: “La responsabilidad en que incurre el Poder Ejecutivo es grande. No es posible proseguir la política de alarma. Tiene la obligación de exponer ante el pueblo las causas de su conducta o rectificarla por completo. El hermetismo y la acumulación de fuerzas lo presentan como alejado de la realidad o dispuesto a medidas que el país no prevé hasta el momento”. Apenas tres días más tarde el Poder Ejecutivo sucumbiría ante el golpe cívico-militar.

La llegada de Perón al poder, con un fuerte apoyo del sector obrero, tampoco estuvo exenta de la puja por el control de los medios de comunicación para la difusión de la doctrina peronista. No sólo la persecución a políticos opositores y a docentes universitarios no afiliados al partido fueron frecuentes, sino que además algunos diarios fueron cerrados, como el conservador La Prensa que fue transferido a la CGT. Por otra parte, el socialista La Vanguardia fue cerrado varias veces por los más diversos motivos para entorpecer su publicación.

Con el regreso del Perón desde Madrid y el levantamiento a la proscripción peronista, surgieron algunos medios que tuvieron entre sus firmas a importantes personalidades del periodismo. En la revista Noticias, cuya primera edición fue el 20 de noviembre de 1973, podía leerse a Miguel Bonasso, Horacio Verbitsky, Paco Urondo, Carlos Ulanovsky, Martín Caparrós y Rodolfo Walsh, entre otros. Ese mismo año, otro diario con la misma orientación salió a la calle: El Mundo, con Luis Alberto Cerruti Costa,  Manuel Gaggero y José María Pasquini Durán.

Tras la muerte de Perón, ambos diarios empezaron a sufrir persecuciones. Las denuncias en Noticias de los operativos de la Triple A y de la Masacre de Trelew terminaron por colmar la paciencia de los poderosos y el 27 de agosto de 1974 el comisario Alberto Villar ingresó a la redacción del diario a los gritos buscando a Rodolfo Walsh. Ese día se procedió a la clausura.

A partir del Golpe de Estado de 1976 se inaugura una nueva historia de los medios de comunicación. La persecución a intelectuales y la censura convirtió a los diarios, las radios y las televisoras en cómplices del régimen ilegítimo gobernante. Es imposible analizar la última dictadura militar sin tener en cuenta el rol que cumplieron los medios que fueron parte no sólo de los operativos de encubrimiento y promoción de la Junta Militar, sino que además se vieron beneficiados por los negocios realizados. El ejemplo más esclarecedor de este panorama es el caso de Papel Prensa, que hasta entonces era una empresa de la familia Graiver que vendía el papel que se utilizaba para la impresión de los diarios. A través del secuestro y la tortura de los dueños de la empresa, que recién en estos días está siendo esclarecida, el poder militar repartió su control entre tres grandes diarios: Clarín, La Nación y La Razón.

Desde entonces puede registrarse el crecimiento sustancial del patrimonio de Clarín, que empieza a posicionarse como el líder del mercado. Sin embargo, el acuerdo con la Junta Militar no fue el único que le permitió al diario convertirse en el gran monopolio mediático que es hoy.          Durante la presidencia de Carlos Menem hubo un hecho clave que Gustavo Bulla, Director Nacional de Supervisión y Evaluación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, explica: “Si bien hay algunos aprontes que se hicieron antes, la fecha clave es con la asunción de Carlos Menem en 1989. La piedra angular de la concentración de medios es la modificación que se hace a la ley de Radiodifusión, en el marco de la ley de reforma del Estado, conocida como ley Dromi, en la que básicamente elimina la restricción para que los medios periodísticos puedan adquirir varias licencias de radiodifusión, eso hace que ya para diciembre de ese año, Clarín tenga la licencia de Canal 13, la editorial Atlántida con una cantidad de socios. A partir de entonces las concesiones que se le fueron haciendo a estos grupos multimedios, que hoy ya son corporaciones muy importantes, han ido cobrando un poder que es inédito en la historia argentina y en la historia de los medios aunque es comparable con situaciones que se dan en otros países”. Además, Bulla profundiza: “En el caso argentino con dominios de mercado y con propiedad cruzada de medios, lo hacen incompatible con una sociedad democrática, porque en ningún país del mundo se da que una misma empresa sea propietaria del principal diario, de los principales medios audiovisuales y también de una posición muy dominante en el sistema de televisión paga por cable. Ese es el mapa de la propiedad de los medios en Argentina que se consolidó durante la década del ‘90 y que, recién a partir del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, empezó a ser cuestionado. Esperemos que con la nueva ley de medios haya una democratización”.

Con la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hubo un fuerte debate para reemplazar a la legislación de la dictadura. El conflicto llevó al primer plano la discusión sobre los medios de comunicación y su relación con el poder en la dictadura y la democracia. Acerca de esto, Gustavo Bulla reflexiona: “Independientemente de las ideologías que porten sus propietarios, los medios de comunicación se han adaptado a un nuevo clima de la sociedad argentina, que ha ido fortaleciendo desde el ‘83 a la fecha el orden democrático y hoy no hay un consenso de ningún tipo para cualquier aventura golpista o militar. Si bien esta puja que se da entre algunos medios de comunicación y los gobiernos de turno uno puede pensarlo como que juegan al límite de la legitimación del poder democrático, hoy no hay el contexto internacional ni interno como para que se llegue a alguna salida por fuera de lo que manda la Constitución Nacional. Es una maduración fuerte de la sociedad en su conjunto”.

El poder mediático, entregado a las órdenes de los intereses económicos a los que responden, ha dejado en evidencia frente a los ojos de la sociedad qué posturas defiende cada medio de comunicación de acuerdo a sus propios beneficios, y qué temas son los que se buscan instalar en el debate por sobre otros. “Los medios de comunicación tienen cada vez tienen más influencia en la vida política del país. Especialmente a partir de los 90 en el que buena parte de la esfera pública comenzó a constituirse en torno al espacio audiovisual. Esto coincide con la concentración de la propiedad que operó durante esos años, le dio a los medios de comunicación más concentrados un poder enorme en la capacidad de fijar la agenda pública de temas que la sociedad día a día debe tratar. Lo que estamos asistiendo en los últimos dos años es en el retorno de la centralidad de la política. Estamos en un momento de debate fuerte y de cruces. El Estado se ha fortalecido enormemente y en esto la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que va a cumplir un rol fundamental hacia adelante, en volver a poner las cosas en su lugar, que sea la sociedad la que defina sus prioridades y no las tapas de algún medio de gran tirada”, concluye Bulla.

A doscientos años de la Revolución de Mayo que sentó las bases para la formación de la Patria argentina, también resulta imprescindible pensar el rol de los medios que nacieron con ella. Desde Mariano Moreno a nuestros días, el periodismo estuvo ligado a la política y al poder; en muchas oportunidades como denunciante corrupción y masacres; en tantos otros como cómplice del poder. Por eso, resulta necesario para una mejor democracia que el periodismo se indague, se piense y siente nuevas bases, que no estén ligadas al engaño del discurso de la objetividad a la sociedad, sino más bien de una mayor sensatez en el debate y en la rigurosidad de la información que se brinda. En el camino hacia esas nuevas bases del periodismo, se encuentra la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que es de imperiosa aplicación y cumplimiento en el corto plazo para llevar a una mayor concientización de todo el pueblo argentino.

El bicentenario de la Revolución de Mayo trae aparejado otra conmemoración: la de los comienzos de la prensa escrita en el Río de la Plata, que sentó las bases del periodismo argentino. Con el protagonismo de Mariano Moreno, Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, entre otros, en aquellos años de la formación de la Patria, los periódicos resultaron fundamentales para difundir las ideas revolucionarias traídas de Europa y transmitir los proyectos políticos.

“La prensa que circulaba a fines del período colonial era en primer lugar la proveniente de la propia España y de otros lugares de América como Perú. El primer periódico editado en Buenos Aires fue el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiógrafo del Río de la Plata que comenzó publicar en 1801 el extremeño Francisco de Cabello y Mesa. Aunque duró poco, fue muy importante porque dio inicio a la posibilidad de que los sectores letrados locales tuvieran un espacio de difusión y de discusión de sus ideas en una sociedad en la que no se había desarrollado esa práctica”, cuenta el historiador Fabio Wasserman, que, además, agrega: “Esto se pudo apreciar con otros periódicos surgidos después, como el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio dirigido por Juan Hipólito Vieytes, en la que los ilustrados criollos pudieron expresar sus ideas innovadoras en relación a la educación, la sociedad y la economía hasta que cesó de publicarse en 1807. Todas las publicaciones necesitaban el permiso de las autoridades y no debían atacar los fundamentos del orden social y político. Vale decir: a la monarquía y la Iglesia católica”.

Los ideólogos de la revolución sabían que era necesario contar con el apoyo de sectores importantes de la sociedad de su tiempo. Es por eso que no dudaron en escribir y publicar sus textos. Uno de ellos, como explica Wasserman, fue Manuel Belgrano: “Poco antes de la Revolución de Mayo, Belgrano comenzó a dirigir un periódico también dedicado a difundir las ideas ilustradas al que tituló El Correo de Comercio. Para ese entonces, y en el marco de la crisis de la corona y la invasión napoleónica, también habían comenzado a circular numerosas publicaciones provenientes de España en la que se llamaba a la guerra de independencia frente a Francia y se difundían ideas muy innovadoras en relación al antiguo orden. Lo notable es que estos periódicos eran de carácter oficial”.

La figura de Mariano Moreno debe ser exaltada no sólo por la intensidad y la importancia de su participación política en un breve período de tiempo, sino también en su labor periodística que se inició inmediatamente después de la conformación de la Primera Junta. Sobre él, Wasserman narra: “Pocos días después de la Revolución, en junio de 1810, Mariano Moreno creó La Gazeta de Buenos Aires que actuaba como el órgano oficial de la Junta. En principio, fue redactado por el propio Moreno y meses más tarde por el Deán Funes. Si bien era un medio de difusión oficial, también cumplía funciones pedagógicas procurando ilustrar a la sociedad sobre sus derechos y sobre el rumbo que debía tomar la vida pública en el marco de los enfrentamientos entre la Junta y quienes seguían siendo leales a las autoridades metropolitanas. En un contexto de gran confusión, esta función era decisiva pues permitía dotar de sentido a los acontecimientos revolucionarios, tal como lo hizo Mariano Moreno. De ahí en más la prensa ocuparía un rol central en la vida pública, al fundarse periódicos oficiales, así como opositores”.

La actividad periodística de referentes políticos de gran relevancia para su época, como fueron Mariano Moreno, Mitre o Sarmiento, permite comprender la incidencia que desde un principio tuvo el periodismo para definir lineamientos políticos, para dirimir debates o conflictos, para imponer ideas. Sarmiento fue uno de los protagonistas de su tiempo, entre otras cosas, por su gran producción periodística y de escritura casi permanente. En 1836 fundó su primer periódico, El Zonda, en San Juan, el cual fue censurado por el gobierno provincial por lo que debió cerrarlo en 1840. Además, creó otras dos publicaciones: La Tribuna y La Crónica, desde las que se dedicó a criticar la política de Juan Manuel de Rosas. Incluso, en 1885 cuando el entonces presidente Julio Argentino Roca ordenó a los militares no emitir opiniones públicas, Sarmiento pidió la baja del ejército para dedicarse a la escritura en las páginas de su diario El Censor.

En el caso de Mitre, comienza su actividad periodística entre 1838 y 1839 en los periódicos El Iniciador y El Nacional. Además, fundó el diario opositor a Rosas, La Epoca, junto a Wenceslao Paunero y Domingo de Oro. Luego. En 1852 creó, Los Debates, un diario unitario que enfrentaba la postura federal de Urquiza, por lo que fue cerrado y debió exiliarse en Montevideo. Sin duda, Mitre dejó su impronta en el periodismo en 1869 cuando compró el diario La Nación Argentina y lo convirtió en La Nación, para lo cual debió vender algunas de sus pinturas y mobiliario.

Estas experiencias son una muestra de la relevancia que representaba la participación activa en el periodismo para publicar ideas, o enfrentarse al poder central sin importar si se debía renunciar a algunas ganancias o relegar la condición militar. Es por eso, que Wasserman destaca: “Los redactores de todos estos medios eran letrados, por lo que en general tenían estudios superiores como clérigos y abogados. Si bien llegaban a una minoría letrada, gozaron de una gran difusión pues también eran leídos en forma pública ya sea en las plazas, pulperías o en los ejércitos. De algún modo la prensa favoreció el proceso de politización e ideologización que conmovió y movilizó a los pueblos rioplatenses a partir de 1810”.

La Nación vs. Crónica

La distinción entre prensa “seria” y prensa amarillista forma parte del extenso universo de dicotomías presentes en el imaginario social. Dentro del espectro de medios masivos en Argentina los ejemplos son claros: de un lado las sobrias páginas-sábana de La Nación y del otro el rojo de los titulares del diario Crónica. Cada uno de ellos responde a un tipo de consumo diferente, efectuado por distintos actores sociales, sobre los que cargan diversos prejuicios. Jesús Martín Barbero, emblemático estudioso de la Comunicación, problematiza en “De los medios a las mediaciones” (1987): “¿Cómo se va a hablar de política, y menos aún de cultura, a propósito de periódicos que, según esas historias (las de la prensa ‘seria’), no son más que negocio y escándalo, aprovechamiento de la ignorancia y las bajas pasiones de las masas? Frente a esa reducción, que vacía de sentido político a la prensa popular, se ha comenzado a abrir camino otro tipo de análisis histórico que integra cuestiones de sociología de la cultura y la ciencia política”.

La razón de ser de estos tipos de prensa, y por ende, su forma de ser, se explica a través de los momentos históricos y sociales en los que surgieron.

Una tribuna de doctrina

El diario La Nación salió a las calles por primera vez el 4 de enero de 1870. Por esos días, con Domingo Faustino Sarmiento como Presidente, Argentina dejaba atrás la guerra del Paraguay y, de acuerdo al fundador del diario Bartolomé Mitre, las cuestiones de organización nacional habían sido resueltas. Así lo expresó en la editorial que salió con el primer número del diario, y tuvo como fruto a la frase que aún hoy acompaña todas sus ediciones: “El nombre de este diario, en sustitución del que le ha precedido; 'La Nación' reemplazando a 'La Nación Argentina', basta para marcar una transición, para cerrar una época y para señalar nuevos horizontes del futuro. 'La Nación Argentina' era un puesto de combate. 'La Nación' será una tribuna de doctrina (...) Hoy el combate ha terminado (...) y estamos triunfantes, en todas las cuestiones de organización nacional que han sido resueltas o que marchan en una vía de solución que no puede cambiar. (...) La discusión por la prensa cambia pues de teatro y de medios (...) Fundada la nacionalidad, es necesario propagar y defender los principios en que se ha inspirado (...) La Nación Argentina fue una lucha. La Nación será una propaganda (...) La pluma del escritor no será ya, porque no es necesario, la espada del combatiente (...) En tal sentido, estaremos siempre de lado de los que profesan y defienden nuestros principios, sean gobierno o pueblo, y estaremos en contra de los que los violen o comprometan, sean gobierno o pueblo”.

Esta declaración de principios no dice poco sobre la actualidad del medio. Esa pretención de objetividad, de dejar de ser “la espada del combatiente”, que, según explica el licenciado en Comunicación Social y profesor Julio Moyano en “Prensa, modernidad y transición”, marcó una nueva tendencia en la prensa, hoy se transformó en conservadurismo. Ejemplo de esto es la disposición gráfica y temática de La Nación, que se inscribe dentro de su retórica. La aparición de Clarín en 1954 y de la prensa sensacionalista en la década del ‘60 significó un cambio en el diseño, que empezó a incluir colores más vivos y títulos más grandes en las tapas como forma de jerarquizar la información, y en la disposición del contenido, que abandonó las largas tiras de texto por formas más dinámicas e intercaladas con imágenes y publicidad. A este tipo de cambios, junto a la inclusión de ciertos contenidos que dan cuenta de transformaciones sociales, se mostró reticente La Nación.

Firme junto al pueblo

Si bien en la actualidad Diario Popular es el medio gráfico sensacionalista más consumido -de acuerdo a Diarios sobre diarios, en febrero tuvo una tirada de 90.257 ejemplares, precedido por La Nación (148.133) y Clarín (328.022)- el momento en el que surgió Crónica coincide con el nacimiento de muchos otros diarios populares en América Latina, como La Cuarta de Chile, y sirve para ilustrar las características del consumo de este tipo de prensa.

Guillermo Sunkel, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, explica las raíces históricas y sociales de la aparición de la prensa “amarillista” en “Modos de leer en sectores populares”. De acuerdo a él, el antecedente de esta forma de periodismo es la “lira popular”, que tenía como consumidor a un público mayoritariamente obrero y analfabeto. Luego, de la mano de las primeras formas de organización del movimiento obrero y su proyecto de ilustración de las clases trabajadoras, aparece el lector popular. “En el mundo obrero de comienzos de siglo la lectura tiene un claro sentido de liberación”, explica Sunkel. En este contexto, continúa el autor, surge “una lógica cultural que se conecta con una estética melodramática que altera la separación racionalista entre las temáticas serias y las que carecen de valor, que se atreve a tratar los sucesos políticos como hechos dramáticos y a romper con 'la ideología de la objetividad'; una lógica cultural que no opera por conceptos y generalizaciones sino por imágenes y situaciones”.

En este marco, el 29 de julio de 1973, apareció el diario Crónica y con él la frase que lo acompaña hasta estos días: “Firme junto al pueblo”, afirmación que, de acuerdo a lo expuesto por Sunkel respecto a la lectura que realizan de este tipo de prensa los sectores populares, no se equivoca.

Fuentes:

-Web El Historiador (www.elhistoriador.com) – Felipe Pigna

-Suplemento especial Clarín: “Mitos Argentinos. Los protagonistas de la historia” – Felipe Pigna.

-Entrevista al historiador Fabio Wasserman.

-Entrevista al Director Nacional de Supervisión y Evaluación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gustavo Bulla.

La religión y Bicentenario

¡Vade retro!

La relación entre la Iglesia y el Estado ha estado sujeta a varios cambios a lo largo de estos 200 años. Desde la época colonial hispánica, pasando por los gobiernos de Juan Domingo Perón y la participación en las dictaduras militares –sobre todo en la última- esta institución transita en la actualidad una relación controvertida con el modelo de Cristina Fernández de Kirchner.

Hay más de 2500 cultos oficialmente reconocidos en la Argentina. Los inmigrantes que llegaron al país a lo largo de su historia, además de cargar con sus costumbres y expectativas, trajeron su fe. La Secretaría de Culto es el vínculo entre el Gobierno Nacional y cada una de las organizaciones que se formaron en torno a las distintas creencias.

Existe una incoherencia general en este país de tanta diversidad: se declara laico pero protege los deseos de una religión. La Argentina apoya económicamente a la Iglesia Católica y le da privilegios desde su carta magna. Si bien el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de “profesar libremente” cualquier culto, el artículo segundo establece que el Estado debe sustentar al catolicismo. La ayuda es justificada como un “reconocimiento honorífico” a la Iglesia por su labor histórica, espiritual y social en el país. El apoyo material implica la entrega de exenciones y desgravaciones de impuestos por sus actividades y patrimonios, además de subsidios a la educación privada que dicho culto ofrece. La Iglesia recibe un monto del Estado que es detallado en cada Presupuesto Nacional. Consiste en una renta con asignaciones para obispos, parroquias, jubilación de sacerdotes, canonizaciones, conferencias y visitas de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica al Vaticano, entre otras cosas.

¿Cómo se justificó esta asignación exclusiva con el paso del tiempo? El argumento para ayudar a la Iglesia tiene una base histórica, arraigada en los primeros años de nuestra patria. Los conceptos de Estado e Iglesia eran inseparables durante la época colonial hispánica y eso se mantuvo con la llegada de la independencia argentina. El Estado expandió los dominios de la Iglesia a cambio de que ésta santificara las decisiones oficiales. El primer punto de inflexión fue en 1822 cuando se confiscación los bienes patrimoniales de la Iglesia y se le suprimió la recaudación de diezmos, a la vez que varios conventos fueron clausurados. Luego, el Estado decidió hacer un acto de reparación y comenzar a pagar el sueldo del clero y los gastos relacionados al culto, pero a la vez impuso el derecho de Patronato, el cual le permitía opinar sobre la elección de obispos.

En 1853, para la firma de la primera Constitución, se incluyó el artículo segundo en la carta magna. El catolicismo y el gobierno argentino estrecharon su vínculo histórico y lo sellaron por la vía legal. En ese entonces la población tenía características muy diferentes a las actuales, pero ese artículo jamás fue modificado y sus consecuencias son visibles en la actualidad: el Gobierno sigue obligado por ley a sustentar a la Iglesia Católica. La renta total es transferida por la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Conferencia Episcopal Argentina a través del Programa 17 “Registro y Sostenimiento de Culto”. La Dirección General de Culto Católico funciona como nexo entre el Estado y la Iglesia.

Como el apoyo material al culto se efectiviza por distintas vías es complicado hallar una estimación que muestre exactamente cuánto dinero le brinda el Estado a la Iglesia. Lo que sí puede tenerse en cuenta son los números que se le otorgaron desde el Presupuesto Nacional en los últimos años. Fueron $13.476.567 en el 2005, $10.578.489 en el 2006, $16.686.278 en el 2007, y $18.100.000 en el 2008. Dentro del total, las dimensiones no parecen significativas. Pero a ellas hay que agregar los otros conductos por los que se efectiviza el apoyo, además de las excepciones que tiene la Iglesia a la hora de pagar impuestos. Si bien es cierto que este "favor" no es exclusivo, con ella se torna sumamente importante dada la cantidad de bienes, medios y empleados que tiene.

Para comprender cómo se llegó a la situación actual es necesario hacer hincapié en los hechos históricos que la generaron, desde la independencia argentina hasta el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En los años que se sucedieron desde la Constitución Nacional de 1853, la Iglesia Católica fue una institución que debió ser tenida en cuenta por los distintos presidentes y las clases dirigentes. Todo se complica durante el peronismo. La Iglesia apoyó abiertamente la elección de Juan Domingo Perón y lo aplaudió cuando permitió dictar religión en la escuela. La primera ley de educación universal, obligatoria, gratuita y laica (Ley 1420 de Educación) había sido sancionada en 1884 durante el mandato de Julio Argentino Roca a pesar de la gran oposición proveniente de la Iglesia Católica tanto a través del clero local como del Vaticano a través del nuncio papal. La educación religiosa en la escuela pública se reestableció en diciembre de 1943. Pero la estrecha asociación que formaron la Iglesia y el Gobierno peronista a partir de ese año se deterioró hasta convertirse en un odio radical.

El historiador Felipe Pigna considera que la relación entre el peronismo y la Iglesia fue un “romance inicial” que se fue transformando por la cuestión de la beneficencia que realizaban las Damas de la Caridad, influidas por la religión católica. En 1954 la amistad ya era cuestión del pasado. Perón inició una escalada que incluyó discursos contra "algunos malos curas", campañas oficiales de anticlericalismo, la introducción del divorcio vincular, la supresión de la enseñanza religiosa, y el proyecto de reforma constitucional para la separación de Iglesia y Estado. La noche del 16 de junio de 1955 grupos adictos al gobierno incendiaron la Curia y las principales iglesias céntricas de la Capital, por lo que se perdió un invaluable patrimonio histórico además de religioso. Para entonces, hasta los militantes e intelectuales católicos que habían apoyado a Perón se pusieron decididamente en la oposición. "Cristo vence" fue uno de los lemas del movimiento cívico-militar de septiembre de 1955. Así, la Iglesia bendijo y encabezó el golpe militar que derrocó al peronismo.

Desde la asunción de Arturo Frondizi se trabajó para lograr un concordato que superase el caduco patronato. Pero fue el gobierno de Arturo Umberto Illia el que alcanzó el tratado que reconoció la plena libertad y ejercicio de la jurisdicción de la Iglesia. En 1966 un acuerdo entre Argentina y el Vaticano eliminó el sistema de patronato y estableció las relaciones basadas en la autonomía de poderes, a la vez que el Gobierno Nacional debía seguir pagando las asignaciones a parte de la Curia, es decir, seguir sosteniendo el culto.

Uno de los períodos más controversiales en cuanto al rol de la Iglesia en la historia argentina es el de la última dictadura. Frecuentemente se habla de “dos iglesias”, en referencia a la polarización tanto de opiniones como de acciones de la institución católica durante esa época. El periodista Horacio Verbitsky explica que el Episcopado argentino más comprometido con la dictadura militar fue también el que más bajas tuvo. “La Argentina es el único país que tiene dos obispos asesinados, además de sacerdotes, monjas y laicos”, informa el autor de Cristo Vence, una investigación sobre el poder de la Iglesia durante los sucesivos gobiernos. La reforma constitucional de 1994 suprimió las cláusulas que subsistían en la Constitución sobre el patronato y dio al acuerdo jerarquía superior a la de las leyes. En los casi cuarenta años de vigencia, el acuerdo es el marco adecuado para la relación, signada a lo largo de décadas por el respeto y estima, pese a dificultades ocasionales.

El kirchnerismo tiene una relación compleja con la Iglesia, con picos de máxima tensión, como cuando el cardenal Jorge Bergoglio habló de que sufrían una “persecución” en 2007. Antes de la elección de que Cristina Fernández asumiera la presidencia, Horacio Verbitsky aseguró: “Hay sectores del Episcopado que están tentados de jugar un rol parecido al que jugaron en 1955”. Y hacía hincapié en que el Episcopado quería impedir la prolongación del kirchnerismo en el poder, pero sus métodos eran diferentes. “La Iglesia cambió, hoy no se va a aliar con un grupo golpista militar para bombardear la Plaza de Mayo”, explicaba el periodista.

Actualmente, la cúpula eclesiástica pidió a la Presidenta que el Bicentenario sea un año de "paz y armonía", pero lo hizo días después de publicar un documento crítico sobre la situación del país, en el que denunciaba un clima de “confrontación permanente”. Se podría considerar que aún existe la división entre las “dos iglesias” y así fue reflejado en este Bicentenario. Hubo dos Tedéum del 25 de Mayo: el cardenal Jorge Bergoglio ofició el tradicional, en la Catedral Metropolitana, y Cristina Fernández asistió a otro en la Basílica de Luján.

Pero más allá de la relación circunstancial con los distintos gobiernos, la realidad demuestra que el poder de la institución católica sigue vigente. La cobertura periodística de los recientes debates sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo indica que en la Cámara de Diputados se escuchó la palabra “Dios” unas 40 veces e “Iglesia” alrededor de 20. Además, los testimonios de varios políticos de distinta procedencia se sustentaron con citas bíblicas y se habló en nombre de Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Hay distintas interpretaciones sobre la relación conflictiva entre la Iglesia y el Estado argentino. El investigador del Conicet y especialista en la sociología de las religiones Fortunato Mallimaci, una de las voces más reconocidas en el tema, subraya: “Tenemos que cambiar la cultura dominante que legitimó a la Iglesia Católica como un actor clave de la política argentina”. Asimismo, asegura que ee eni “es posible crear una cultura en la que los obispos no decidan qué hacer en la vida pública o en la cama”. Al hablar de las distintas religiones y la forma en que influyeron en la mentalidad argentina queda en evidencia que el culto católico resulta el protagonista. La relación que la cúpula eclesiástica mantuvo con los gobiernos de turno es fundamental para comprender los procesos históricos y sociales del país. Vade retro, clero

¿Qué creen los argentinos?

En 2008 se llevó a cabo la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, pero hasta ese momento se carecía de datos que reflejaran la cantidad de personas practicantes de la religión oficial, dado que desde el Censo Nacional de Población de 1960 no se indagaba sobre las creencias de los habitantes. La medición tuvo un alcance nacional y fue realizada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT).

La encuesta tomó como muestra a 2403 personas y reafirma un dato que no es menor: nueve de cada diez encuestados creen en Dios. Se demuestra que prevalece la cultura cristiana de largo espesor histórico en las principales creencias de los argentinos, ya que el ‘76 por ciento de los entrevistados se declaró católico y un 92 por ciento aseguró confiar en la figura de Jesucristo. Esta medición se enmarca en un proyecto de investigación más amplio, de tres años de duración, que se propone analizar las relaciones entre la Religión y la Estructura Social en la Argentina del siglo XXI.

El catolicismo es la religión con mayor tradición histórica en la Argentina y ese pasado se refleja en las costumbres actuales. La encuesta confirma que la Iglesia aún tiene una gran incidencia en la vida cotidiana local, ya que el 95 por ciento de los católicos encuestados aseguró que bautizó o bautizará a sus hijos, y el 73 por ciento se casó o se casaría como lo indica la tradición. Sólo un 11 por ciento permanece indiferente a las costumbres y rituales religiosos.

La tradición arraigada en nuestra cultura también se comprende a través de imágenes. Hay cruces y símbolos católicos en las dependencias públicas. Pero lo religioso en contacto con lo público no se circunscribe a las oficinas estatales, sino también a plazas y parques en las que se encuentran ermitas, vírgenes y santos. También en varias escuelas públicas a pesar de que se enseña a respetar la diversidad de cultos y culturas. También hay que tener en cuenta los feriados religiosos nacionales y los días de festejo de los “patronos” de varias municipalidades del país. En la Casa Rosada permanece desde 1978 una capilla para que “puedan concurrir todos los empleados y participar del oficio religioso”, lo cual es llamativo, ya que la Catedral de Buenos Aires está a escasos 100 metros. Cuando Néstor Kirchner intentó “desactivarla” en 2008 se generó una gran polémica.

La dominancia del catolicismo debe verse en un contexto en el que -según la encuesta sobre creencias y actitudes religiosas nacionales- hay una gran cantidad de personas que adhieren a otras entidades religiosas. De ese total ajeno al catolicismo hay un 90 por ciento de cristianos evangélicos. Este fenómeno denota un crecimiento significativo a nivel nacional, que tuvo su esplendor en los años 90 cuando se oficializaron más de 700 nuevas entidades. Los datos poblacionales indican que la mayor población evangélica se encuentra en el nordeste argentino. Segundo en el ranking aparece un 6 por ciento de judíos, ubicado mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires. Luego se destaca un 3 por ciento de musulmanes y un 1 por ciento compartido por hinduistas, budistas y otros cultos orientales.

En la Argentina que sustenta al catolicismo hay una tendencia que crece: la “desafiliación” oficial. Los apóstatas son personas que rechazan su fe cristiana y piden formalmente su desvinculación de la Iglesia Católica. El ejercicio de este derecho en nuestro país es un procedimiento lento y no muy conocido, pero en los últimos años fue ganando adeptos. Quienes deciden desafiliarse argumentan que su pertenencia al catolicismo significa dinero (en subsidios) y poder político y social para la jerarquía eclesiástica. El conflicto aparece porque en muchos casos la Iglesia se resiste a borrarlos de sus registros, bajo el argumento de que el bautismo es un sacramento indeleble. La interna esconde que la Iglesia necesita una masa de adeptos para demostrar su peso en la sociedad e influir en las decisiones, así como también para ser beneficiada en el Presupuesto Nacional.

El tema de que nuestro país tenga una religión oficial podría sonar protocolar, pero abarca mucho más de lo que se entiende a simple vista. Hoy en día está en boga el debate sobre muchos temas entre los que la Iglesia tiene una posición contundente, y si bien la cantidad de cultos que hay en la Argentina le imprime una faceta de diversidad, esta característica se ve opacada por algunas medidas que nos recuerdan que somos un país con una religión oficial. Uno de los temas sobre el que el peso de la Iglesia trae actualmente una gran polémica es la legalización del aborto.    La postura del Estado inevitablemente lleva a replantearse si es legítimo que se imponga una determinada visión sobre el comienzo de la vida humana y se persiga penalmente a las mujeres que interrumpen su embarazo. La postura conservadora del catolicismo es compartida por muchos sectores pero atacada por otros, y lo mismo sucede en torno a otros temas en los que la posición cristiana puede hasta jugar en contra del derecho a profesar libres creencias y religiones que nos brinda nuestra Constitución Nacional.

Sectas

Además de las religiones oficialmente reconocidas, en la Argentina hay grupos de personas de diversas creencias que se ven movilizados por intereses comunes. Existen mitos y desinformación en torno a ellos. Muchas veces son prejuzgados por la “opinión pública” que representa la versión dominante acerca de los distintos temas. Otras veces el prejuicio es en realidad un juicio fundamentado, ya que hubo graves denuncias que fueron comprobadas y evidenciaron el funcionamiento delictivo de algunas “sectas”.

El periodista Alfredo Silleta, especialista en el tema y autor de numerosas investigaciones a propósito del accionar de estos grupos desde los años '80 en el país, explica algunas características generales de estos grupos. Para Silleta los términos “secta” y “religión” no son en absoluto asimilables. “Lo que pasa es que muchas sectas tienen un origen religioso, pero son grupos seguidores de una creencia. Lo que la caracteriza son las técnicas de manipulación de un grupo. Antiguamente se hablaba de secta como un grupo menor, frente a una religión de mayor cantidad de integrantes, pero ese es un planteo que ya no se usa para describir al grupo sectario”, explica.

La psicóloga Alejandra Cowes escribió distintos artículos que procuran explicar, desde su disciplina, el funcionamiento de una secta. Cuando se la consulta sobre su experiencia en torno a estos grupos en nuestro país, la licenciada cuenta: “Todos los miembros están identificados entre sí y a la vez como el líder. Si en un mismo grupo entrevistás a una persona y luego a otra, parece ser siempre la misma, porque desde el líder lo que se baja es cómo pensar, cómo decir. Es un delirio bien estructurado, compartido por todos”. Cowes enfatiza su postura al respecto: “El que entra a una secta deja de lado todo lo que fue. Puede haber beneficios secundarios, pero el costo es muy grande”.

Hay mucho tabú sobre algunos grupos sectarios que funcionan actualmente en nuestro país. Uno de ellos es el umbandismo. Los ritos umbanda siempre estuvieron rodeados de polémica: ¿En qué consisten exactamente sus celebraciones? ¿Es cierto que sacrifican animales? Para algunos resulta complejo entender en la Argentina del siglo XXI qué es lo que impone el culto umbandista a sus miembros, y cuál es el límite. Alfredo Silleta cuenta que esta secta tiene su origen a principios del siglo XX, pero recién en los años ‘60 llegó a nuestro país y tuvo su auge dos décadas después. El periodista da su opinión sobre ellos: “En la argentina el humor del ‘Manosanta’ de Olmedo desbarató a los umbanda, mostró el negocio que hay detrás de este grupo”. Además, explica uno de los temas más controversiales en torno a la secta: “Los sacrificios de animales que hacen estos grupos tienen que ver con las tradiciones africanistas. Ellos creen que a los dioses hay que alimentarlos para que estén contentos y ese es uno de los motivos por los que lo hacen. Creen que de esa manera los líderes que viven en el cielo los van a ayudar”.

A 200 años de la Independencia de la Argentina, a pesar de que la Iglesia sigue siendo la institución religiosa de mayor peso, la idea de “lo sagrado” mutó y hoy en día muchas personas buscan otras formas para poner de manifiesto su fe y sus creencias. Por eso, con el paso de los años, las sectas religiosas se fueron expandiendo y hoy en día coexisten en el país junto a los distintos cultos y creencias.

El ejército y el Bicentenario

Las bases de una tradición militarizada

Durante estos doscientos años, el ejército ha tenido una influencia directa en la dinámica política, así como una marcada personalidad esquizoide: ha luchado al lado del pueblo, como también ha formado parte de los sucesivos golpes militares que se produjeron en nuestro país.

El Cabildo, la lluvia y el chocolate caliente. Los estandartes, el caballo blanco, algunas armas. En 1810, la destitución del monarca español Fernando VII era un hecho y, del otro lado del Atlántico, gran parte de Hispanoamérica se preparaba para dar el tiro de gracia que marcaría la separación definitiva de la Península. En Argentina, tanto como en Chile, Colombia, Venezuela y México, las milicias tuvieron un papel clave que, con el paso del tiempo, signó la nefasta tradición político-militar en el continente.

El ejército era aún controlado por los españoles en el año de la Revolución de Mayo. Aunque había focos armados en Buenos Aires y en las provincias del interior, la flamante Primera Junta necesitaba de una fuerza militar propia que garantizara su poder y coaccionara las distintas facciones que comenzaban a surgir a lo largo de todo el Virreinato.

Los primeros militares argentinos no habían sido formados en la disciplina. Se trataba de ciudadanos corrientes que, bajo el fin de “proteger a la Patria”, habían decidido incorporarse. “Recién a partir de la llegada de José de San Martín, en marzo de 1812, los ejércitos dejaron de ser una masa entusiasta armada para transformarse en un conjunto homogéneo coordinado por soldados experimentados”, explica el historiador Daniel Balmaceda y revela en detalle: “San Martín les enseñaba de qué manera colocar el cuerpo, la cabeza, el torso, las piernas, las rodillas y las manos. Incluso, les distinguía el efecto de cada pegada para que de manera mecánica emplearan la más efectiva de acuerdo con la situación”.

Poco a poco, como señala Félix Luna en su Breve historia de los argentinos, empezó a “ponerse de moda” ser militar. Las familias de bien enviaban a sus hijos al ejército para contribuir en las luchas por la Independencia. Era un símbolo de distinción social que, a medida que se acercaba el objetivo finalmente alcanzado el 9 de julio de 1816, también se convirtió en sinónimo de poder.

Los principales líderes políticos de la época eran de extracto militar y se habían destacado en las batallas independentistas. Tal es el caso de Juan Lavalle, Juan José Paso, Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Manuel Dorrego, sin contar al ya mencionado San Martín.

A ellos, les siguió una segunda generación, consagrada no por su intervención en la Independencia, sino por los enfrentamientos posteriores: las luchas intestinas por ver quién se quedaría con el poder político, cómo se distribuiría y qué modelo de nación se adoptaría a partir de entonces. Es el tiempo de los caudillos, de aquellos jefes locales que atraían a la población por su carisma o por su intimidación, y que cristalizaban la mentada discusión entre federales y unitarios.

Lo político y lo militar, por entonces, estaban más que aferrados de la mano. No podía pensarse el uno sin el otro. “Militarización de la política”, confirma Tulio Halperín Donghi en Historia Contemporánea de América Latina, un proceso en el que, por buscar desintegrar el ejército nacional para restarle poder a sus figuras y así evitar las crispaciones que puedan minar a un modelo constitucionalista, sólo se consiguió la emergencia de los caudillos con milicias propias y con más fuerza que el mismo Gobierno nacional. Más política militarizada.

La tensión entre un modelo proteccionista con amplia participación de las provincias en la economía y uno liberalista centrado en el puerto de Buenos Aires y orientado al comercio fue llevada a las armas. Cepeda, Rosas contra Dorrego, Rosas contra Urquiza, Caseros, la Constitución nacional en 1853, lo que parecía el cese del enfrentamiento pero al final no. Cepeda otra vez, Urquiza contra Mitre, guerras civiles seguidas de más guerras civiles.

En 1862, el político y militar Bartolomé Mitre fue electo presidente y se dispuso a reorganizar el ejército para enfrentar la Guerra de la Triple Alianza, en que Argentina, con Brasil y Uruguay, invadieron Paraguay. Se abría así una etapa de gobernaciones nacionales de orden conservador y vinculada, para no variar, a la tradición militar. Domingo F. Sarmiento en 1868, seguido por Nicolás Avellaneda en 1874 y Julio Argentino Roca, en 1880, encargado de la segunda etapa de la Conquista del Desierto, en el que se exterminaron a los pueblos originarios de la Patagonia para anexar ese terreno a la actividad ganadera.

La generación del ‘80, asociada a la oligarquía y que se inició con Roca al poder, denota la importancia de la función militar y la pertenencia a un círculo selecto para acceder a los cargos políticos. Todo esto hasta 1912, con la sanción de la ley Roque Sáenz Peña, que se aprestó para dar fin al fraude electoral y ampliar la participación ciudadana de otros sectores de la sociedad.

Como Robert A. Potash relata en su libro “El ejército y la política en la Argentina”, luego de cambios fundamentales en el ejército: la introducción del servicio militar universal, que de acuerdo con este sistema de reclutamiento, todos los jóvenes de 20 años estaban obligados a prestar servicio. Otros cambios fueron la insistencia en que los oficiales asistiesen a las escuelas de perfeccionamiento en el servicio, con el fin de elegir los ascensos, y la creación de la Escuela Superior de Guerra en 1900 que fue un paso fundamental en la elevación del nivel profesional.

Otro cambio significativo fue la difusión de la influencia militar alemana en la forma de asesores, períodos de entrenamiento de ultramar  y armamentos. Pero aún más importante, por su influencia sobre el cuerpo de oficiales, fue la decisión de invitar a oficiales alemanes a organizar la Academia de Guerra. Durante un largo tiempo dictaron los cursos principales a centenares de oficiales argentinos de todas las graduaciones.

En la década de 1920 el Ejército argentino tuvo un importante crecimiento (debido a la expansión del número de los soldados-ciudadanos incorporados anualmente) y un aumento mucho mayor de sus gastos (fue aproximadamente un quinto del presupuesto total en constante crecimiento del gobierno).

Luego de 14 años de  un Gobierno por primera vez elegido por el pueblo (logrado por la implementación de la ley Saénz Peña, en 1912)  el movimiento de de un reducido número de fuerzas militares derribó al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre de 1930 y puso fin a una sucesión ininterrumpidas de presidentes constitucionales. Y el encargado de llevar esto a cabo fue José Félix Uriburu, el más prestigioso y admirado de los oficiales entrenados en Alemania.

Como relata Potash, el gobierno de facto encabezado por José Félix Uriburu se puede decir que no fue una Junta Militar en el habitual sentido latinoamericano de un cuerpo ejecutivo, en el que las Fuerzas Armadas están representadas directamente, en proporción con su fuerza o su aporte, a la acción revolucionaria que les permite la conquista del poder. En su condición de oficial retirado, Uriburu alcanzó el éxito en la organización del movimiento revolucionario como consecuencia de su enorme prestigio personal entre los oficiales tanto activos como retirados.

El gobierno que se originó en este movimiento fue principalmente civil. Su gabinete estaba conformado, además de los ministros de Guerra y Marina, por hombres de origen conservador que habían ocupado cargos públicos, o que habían actuado en las esferas comerciales y profesionales.

Como afirma Potash, en definitiva el uso discrecional en sus atribuciones dio el tono del gobierno que actuó bajo el imperio del estado de sitio y la ley marcial que por  nueve meses contribuyó a crear la imagen de un régimen brutal e implacable. Ensombreció aún más esta imagen de deportación de numerosos sindicalistas extranjeros acusados de agitación social, y el empleo de la tortura física contra personas, militares y civiles, de quienes se sospechaba que habían conspirado contra el régimen. El Gobierno de facto de Uriburu aplicó procedimientos dictatoriales no solo en la esfera de las libertades civiles. Su decisión de eliminar de los cargos públicos a los hombres que se habían mostrado activos en el partido radical lo indujo a invadir la esfera judicial y a ordenar la suspensión de jueces.

Muchos oficiales se opusieron a aceptar del todo la idea de que la actividad política partidaria es un fenómeno moral y esencial en una sociedad democrática. Por otra parte se destruyó en parte la confianza de los civiles en las Fuerzas Armadas como institución nacional que estaba por encima de la política, y se difundió como sentimiento de escepticismo acerca de sus objetivos.

En 1932, el General Agustin Pedro Justo fue elegido presidente, pero la democracia en breve tendría otra interrupción.

El 4 de junio de 1943 los generales Arturo Rawson y Pedro Ramírez encabezaron un levantamiento que tuvo como resultado 30 muertos y más de 100 heridos, y como consecuencia Ramón Castillo se vio obligado a renunciar y Arturo Rawson fue designado presidente. Como plantea Potash, en esta sustitución de un Gobierno civil por uno militar “faltaba la atmósfera de excitación pública  que había precedido el golpe de Uriburu”. Sin embargo sería erróneo afirmar que los militares actuaron sin tener en cuenta al sector civil o aún sin que este último los alentara.         La creencia de que los militares debían actuar se limitaba solo a los círculos castrenses; muchos civiles habrían coincidido con las palabras del general Rawson: “Cuando la Nación, debido a los malos gobernantes, es llevada a una situación en donde no hay soluciones constitucionales, los militares tienen que ponerla en orden”. Pero el quid de la cuestión radicaba en eso: Un cuerpo de oficiales tan profundamente dividido como el que existía en 1943, ¿podía “poner en orden la Nación?”

La atención de muchos oficiales del Ejército se concentró  en los esfuerzos que realizaba el coronel Juan Domingo Perón desde su cargo en el Ministerio de Guerra para convertirse en una fuerza política fundamental.

Se adoptaron medidas represivas no sólo contra los comunistas, que habían sido perseguidos desde que los militares asumieron el poder, sino también contra los liberales que se atrevían a criticar francamente al régimen. Profesores universitarios, organizaciones estudiantiles  y la prensa debieron soportar disoluciones y restricciones. La culminación de este proceso fue un acuerdo firmado que disolvían todos los partidos políticos, establecían la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas y creaban rígidos controles sobre la difusión de noticias.

En octubre de 1945 Juan Domingo Perón fue elegido presidente ampliando la participación popular en la vida política.

La Revolución Libertadora en septiembre de 1955 significó la vuelta de un gobierno de control militar directo y el creciente dominio del ejército como órgano opresor.

Esta dictadura implicó la disolución del Congreso, de los gobiernos provinciales y de los cuerpos municipales electos y se concentró todo el poder en las manos de las nuevas autoridades a cargo de Pedro Eugenio Aramburu y Eduardo Lonardi. Tuvo una clara impronta antiperonista, ya que se propusieron desmantelar el aparato político peronista, reducir el poder de la CGT, intervenir los sindicatos y reconstruir la vida política sobre la base de los partidos políticos antiperonistas. Los simpatizantes del peronismo fueron perseguidos e incluso fusilados publica y clandestinamente. Como consecuencia, el peronismo fue proscripto por 17 años. En 1958 el gobierno llamó a elecciones.

Con Arturo Frondizi en el poder, la democracia volvió a trastabillar cuando el 29 de marzo de 1962 fue derrocado por el único dictador civil José María Guido. Al poco tiempo el Congreso Nacional fue clausurado y las provincias fueron intervenidas. El peronismo siguió proscripto, y si bien su origen no era militar, no hizo más que seguir sus órdenes.

En 1963 el gobierno de Guido convocó a elecciones y  Arturo Illia fue elegido presidente hasta que el 28 de junio de 1966 irrumpiera un nuevo golpe militar, esta vez no del tipo provisional y encabezada por un líder militar. El general Juan Carlos Onganía fue el encargado de llevar a cabo la llamada Revolución Argentina. Como características principales puede decirse que tuvo una clara impronta anticomunista (es importante mencionar que era un período donde las revoluciones comunistas y socialistas estaban a flor de piel en muchos países de Latinoamérica y esto representaba una amenaza para los grandes grupos económicos frente a la efervescencia política de muchos sectores de la sociedad). Introdujo reformas constitucionales y tuvo el apoyo de sectores conservadores y de la Iglesia católica. Hubo luchas internas dentro del ejército que hicieron que luego de Onganía le siguieran Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustin Lanusse. Fue clara la postura adquirida respecto a querer implementar el modelo neoliberal que se venía gestando y tomó varias medidas que, en vez de alcanzar la supuesta “paz social”, fomentó aún más el descontento social.

Más tarde, en 1973 Héctor J. Cámpora es elegido presidente mediante elecciones libres.

El 24 de marzo de 1976 era predecible que el gobierno de la presidenta María Estela Martinez de Perón cayera es manos militares. La dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Cada una de las tres fuerzas estaba gobernada por un militar. La característica principal fue la violación de los derechos humanos que tuvo como consecuencia la persecución, el secuestro y desaparición de más de 30.000 personas incluyendo métodos de tortura, robo de bebés y creando centros de clandestinos para llevar a cabo tales tareas. La censura reinó tanto en los medios de comunicación como en artistas o símbolos culturales. Tuvo el apoyo de muchos sectores de la Iglesia católica y sectores conservadores que seguían viendo a los militares como los encargados de cumplir con el objetivo de poder “reorganizar” a la sociedad argentina.

La derrota en la Guerra de Malvinas, sumado a la crisis económica y la poca confianza que impartía el gobierno militar en poder resolver algunas de las tantas cuestiones, dio lugar a que en 1983 se llamen a elecciones y  Raúl Alfonsín sea elegido presidente.

Si bien hubo intentos de insurrecciones militares, (como el levantamiento de los carapintadas en 1987) lo cierto es que el Ejército ha quedado duramente desprestigiado y puede decirse que la Democracia, si bien es perfectible, ya no tambalea. Con motivo de este Bicentenario, merece un buen y reconocido homenaje.

La salud y el Bicentenario

Un paciente que cumple doscientos años

A través de dos siglos, la Salud Pública dio pasos de gigante hasta llegar al lugar en el que hoy se encuentra. Avances, retrocesos y estancamientos de un servicio que ya existía antes de la constitución del Primer Gobierno Patrio.

"No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder", afirmó alguna vez el científico e inventor estadounidense Benjamin Franklin. Frase que fue, a lo largo de 200 años de historia argentina, respetada o desoída, según quiénes fueran los poderosos de turno. Desde sus inicios, la organización de la Salud Pública en el país dio grandes pasos. Pero, a lo largo del siglo XX, debió sortear algunos obstáculos que sucesivos gobiernos pusieron en su camino.

Institución española heredada, a su vez, de los árabes, el Protomedicato del Río de la Plata fue creado en 1778 cuando el virrey Juan José Vértiz se encontraba en el poder. El ente, autorizado por el Rey de España recién en 1799, fue el antecesor de lo que sería el denominado Tribunal de Medicina, el primer organismo surgido luego de la Revolución de Mayo que se encargaría de regular todo lo relativo a la Salud Pública.

"Fue recién en 1852, después de la batalla de Caseros, cuando la Argentina se empezó a 'mirar hacia adentro' y se rehicieron las funciones del Tribunal de Medicina, lo que dio lugar a la creación del Consejo de Higiene Pública", explica Abel Agüero, profesor consulto de Historia de la Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Luego se creó un Departamento Nacional de Higiene, que duró hasta el gobierno de Perón, momento en que se transformó en Secretaría y después en Ministerio de Salud, convirtiendo al doctor Ramón Carrillo en el primer ministro de Salud de la Nación.

Fue después de Caseros, también, que surgieron las primeras ideas políticas relativas a la Salud Pública. En 1873, como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla desatada dos años antes, el médico Guillermo Rawson se percató de las terribles condiciones higiénicas de Buenos Aires y así se convirtió en el primer higienista reconocido de la Argentina. "Los higienistas se ocuparon de todos los problemas que tenía la Argentina que, en ese momento, eran, fundamentalmente, los traídos por la inmigración", sostiene Agüero.

Desde 1860 hasta 1920, nuestro país recibió cerca de seis millones y medio de personas, de los cuales la mitad se quedó y la otra retornó a su país de origen. Fue así que la composición demográfica de la Argentina cambió por completo, lo que trajo algunos problemas. Uno de ellos fue el del ser nacional. "Lucio Meléndez descubrió que en el Hospicio de las Mercedes había aumentado de manera considerable el número de internados extranjeros. Y encontró una cosa: el desarraigo llevaba al alcoholismo, lo que conducía a la aparición de lesiones cerebrales y, por lo tanto, a la locura -detalla Agüero-. Pero otro inconveniente era que había una gran cantidad de hombres solos por haber muy pocas mujeres. Entonces, a partir de todo eso, se abren paso la prostitución, las enfermedades venéreas -como la sífilis-, el hacinamiento, las enfermedades profesionales, el alcoholismo. Y los higienistas se van a ocupar de estas cuestiones."

Producto de las políticas de la denominada Generación del '80, empezaron a aparecer los hospitales de colectividades, creados para servir a sus connacionales: el que se llamó Hospital Inglés -hoy Hospital Británico-, el Italiano, el Español, entre otros. También se instalaron las mutualidades, que se dedicaban a la atención de gente que se agrupaba por sus profesiones. Según Agüero, "la cuota que había que pagar era igual para todos; en cambio, las obras sociales eran más solidarias, porque los que más ganaban, más debían pagar".

En 1940 se produjeron cambios en el contexto político. Empezaron a aparecer fuerzas conservadoras y nacionalistas que le daban importancia a la Argentina profunda. "Esto se acentuó con el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando apareció la segunda orientación de la medicina (luego de los higienistas), que es el sanitarismo", afirma el profesor de Historia de la Medicina. Uno de los problemas del interior, en ese momento, era el paludismo, extendido por el noroeste  y gran parte del noreste del país. Gracias a una campaña encabezada por el doctor jujeño Carlos Alberto Alvarado, esa endemia fue vencida en 1945. Argentina se convirtió, así, en el primer país del mundo en el que el problema del paludismo endémico se erradicó por completo.

Con el sanitarismo, la salud dejó de considerarse una dádiva para ser tomada como un deber del Estado y se desarrolló una fuerte centralización de las políticas de Salud Pública. También aparecieron las obras sociales, pero en esa época no constituían la fuente principal de financiamiento del sistema de salud. Eso recién ocurrió bajo el gobierno de Juan Carlos Onganía, cuando salió la ley 18.610, que creó el Instituto Nacional de Obras Sociales y estableció que toda persona asalariada debía dedicar una parte de su sueldo como ingreso a una obra social, que podía ser sindical, mixta o del Estado.

Luego de la instauración del Ministerio de Salud Pública en la década del '40, hubo numerosas tentativas de quitarle autonomía. Una de ellas fue la de Onganía, que lo subordinó al de Bienestar Social. Esta dependencia fue sostenida por varios gobiernos hasta que, en 1983, con la vuelta a la democracia, reapareció el Ministerio de Salud y Acción Social. Según Agüero, esto ocurrió porque la salud no importaba. "Cuando no importa, entonces la metemos en un Ministerio de Seguridad Social donde regalamos motocicletas y, después, el que se rompe la cabeza andando en moto, lo atendemos a través de una Secretaría".

A partir de la implementación de la ley que creó el sistema de Obras Sociales, se instauró en el país el que rige hasta la actualidad, compuesto por tres subsistemas: las obras sociales, el sistema privado y el del Estado. "Este sistema es complejo y nada óptimo porque, cuando uno quiere que un sistema no funcione, tiene que crearle subsistemas -sostiene Agüero-. Lo que se debería aplicar es la verdadera seguridad social, la que ayudara en los infortunios de salud no a todos los contribuyentes, sino a todos los habitantes por igual. La salud debería ser solidaria, el paciente bien atendido y los profesionales bien pagos. El médico Alejandro Korn decía: 'Hablar del sacerdocio de la medicina sin hablar de los honorarios del médico es una inmoralidad'".

En las últimas décadas de este Bicentenario, cuestiones relativas a la Salud Pública fueron protagonistas de avances, estancamientos y algunos escándalos. Durante el menemismo, su ministro de Salud y Acción Social, Eduardo Bauzá, fue denunciado por el Tribunal de Cuentas de la Nación por la compra irregular de 1.300.000 guardapolvos escolares a una empresa inexistente. De más está decir que lo público, durante el gobierno de Carlos Menem, era, casi, una mala palabra.

Durante el delarruismo, el ministro de Salud, Héctor Lombardo, fue investigado por delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por alarmar, a todos los argentinos, por un falso caso de ántrax. Además de eso, cuando era ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -también con Fernando De La Rúa a la cabeza-, se encargó de firmar un decreto de áreas vacantes, en el que la zona de los hospitales neuropsiquiátricos de Barracas -Borda, Moyano, Tobar García, Rawson y Muñiz- figuraba vacía. Esta fue, sin dudas, una maniobra para llevar adelante el mismo proyecto inmobiliario que el actual jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se empeña por concretar.

Pero también hubo algunos progresos. El ministro de Salud durante el gobierno de Néstor Kirchner, Ginés González García se peleó con la Iglesia por su apoyo a la despenalización del aborto, a la aplicación de un programa de Educación Sexual y por la libre distribución de preservativos y anticonceptivos. Pero, si bien esto último se manifestó por medio de la sanción, en 2003, de la ley de Salud Sexual y Reproductiva, las otras dos iniciativas quedaron estancadas hasta la fecha.

Quizás dos siglos de historia sean suficientes para mirar hacia atrás y reflexionar sobre los logros y las cosas que aún quedan pendientes para mejorar la salud de todos los argentinos. Después de todo, como decía Ernesto Sábato: "La historia no es mecánica porque los hombres son libres para transformarla".

Salud de importación

Abel Agüero, profesor consulto de Historia de la Medicina, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) se refiere a los aportes -tanto positivos como negativos- que, desde el exterior, llegaron a la Argentina. Habla de los modelos de Salud Pública imitados, de los progresos en la ciencia y la medicina, y de las corrientes ideológicas que influyeron en los médicos argentinos.

-¿Cuáles fueron los antecedentes del desarrollo que se dio en la Salud Pública a lo largo de este Bicentenario?

-Un antecedente fue la creación del Protomedicato del Río de la Plata, institución española que, a su vez, fue heredada de los árabes: los califas de Córdoba, en España, nombraban a un protomédico, que era una especie de ministro de Salud Pública. Este modelo fue traído a América y, en un principio, nosotros dependíamos del Protomedicato de Lima. Recién en 1778 se creó el Protomedicato del Río de la Plata, por una sugerencia que Miguel Gorman, un doctor en Medicina irlandés, le hizo al entonces virrey Juan José de Vértiz. Pero hubo que esperar 20 años para que recibiera la autorización del Rey de España.

-¿Qué corrientes ideológicas relativas a la medicina y desarrolladas en el exterior se "importaron"?

-A fines del siglo XIX, en los países centrales de Europa -que eran partidarios de la transferencia acrítica de ciencia y tecnología a nuestro país-, la corriente de pensamiento en la medicina era el positivismo. Ésta constaba de dos vertientes: la del filósofo francés Augusto Comte -sólo se daba importancia a la ciencia, lo metafísico se hacía a un lado- y la del pensador británico Herbert Spencer -a partir de las leyes naturales se podía explicar todo lo demás, hasta lo social y lo filosófico-. Los primeros docentes de medicina argentinos eran comtianos, como Pedro Scalabrini. En cambio, los nuevos médicos, como José María Ramos Mejía, José Ingenieros, entre otros, eran spencerianos.

-¿De qué manera impactó el positivismo en el campo de la salud?

-El positivismo, en Europa, tuvo grandes logros, que se transmitieron rápidamente a nuestro país. Pero también tuvo consecuencias negativas, como las peores condiciones de salud que se observaron durante la Revolución Industrial. En esa época, además, se desarrolló un tráfico marítimo mucho más rápido, lo que permitía que, si un enfermo con algún germen colérico se embarcaba en la India, probablemente moría de cólera, pero en Madagascar. Y esto posibilitó la transmisión de enfermedades por todas partes.

-¿Y cuáles fueron esos logros que recién mencionaba?

-Como consecuencia del aumento de las enfermedades profesionales y de los accidentes de trabajo durante el siglo XIX, el positivismo posibilitó la creación de la cura de tales enfermedades. Surgen la epidemiología y la bacteriología (esta última desarrollada por el químico Louis Pasteur y el médico Robert Koch). El cirujano Joseph Lister inventó un sistema de antisepsia con el que se podía operar sin que hubiera infecciones. Si había problemas de tipo toxicológico, ahora existía la toxicología. Además, se inventó la anestesia: se acabó el grito de dolor de aquel a quien se operaba. Se crearon los rayos X, para saber lo que ocurría adentro del paciente sin tener necesidad de abrirlo. También surgió el estetoscopio, que permitía saber, por medio de los ruidos pulmonares, cual era le lesión que había en su interior.

-¿Existe algún sistema de Salud Pública que deberíamos tomar como ejemplo?

-En 1942, el economista William Beveridge escribió un informe sobre qué ocurriría cuando la Segunda Guerra Mundial terminara y los combatientes encontraran el mercado laboral ocupado por las mujeres. Y así produjo la idea de la verdadera seguridad social, la que ayudara en los infortunios de salud no a todos los contribuyentes, sino a todos los habitantes por igual. Y ese es el plan que se aplicó cuando Clement Attlee tomó el poder en Inglaterra, en 1945. Y, aunque tiene muchos defectos, es el modelo que se podría tomar como ejemplo.

Mabel Bianco, Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), habla de las evoluciones y obstáculos que se presentaron en el campo de la salud orientado al sexo femenino en los últimos 200 años. Opina sobre la legalización del aborto y sobre los temas que aún están pendientes en la agenda política.

-Un progreso muy importante fue la aparición de los antibióticos, que implicaron la posibilidad de disminuir la muerte materna debida a problemas de infecciones post-parto. Otro fue la invención de la píldora anticonceptiva, el problema es que no fue acompañada por políticas públicas, sino todo lo contrario: por mucho tiempo se impidió su utilización. Un caso fue el Decreto 659 de 1974, que prohibió toda acción directa o indirecta de planificación familiar. Esto, realmente, fue un obstáculo que recién pudimos superar en el '86, cuando se derogó ese decreto. Ese fue un paso, pero uno mayor aún fue la ley de Salud Sexual y Reproductiva (sancionada en 2003), mediante la cual se creó un programa que fue incluido en el Presupuesto, en el área del Ministerio de Salud de la Nación, lo que permitió que se distribuyera la píldora en todo el país. Otro avance fue la aprobación del divorcio, que permitió la inclusión de ambos cónyuges en las obras sociales.

-¿Cuáles fueron los avances que, para lograr concretarse, debieron atravesar numerosas trabas por parte de distintas instituciones?

-Dentro de los problemas tenemos que incluir todo lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos, que recién se está desarrollando en los últimos años. En lo que respecta a la Educación Sexual, una dificultad es el hecho de que las escuelas reconozcan su incorporación en sus programas. Otra es el aborto no punible que, si bien están reconocidas las dos excepciones en el artículo 86 (es el que define los permisos para interrumpir voluntariamente un embarazo), no está siendo aplicado. Por eso todavía es algo pendiente: tenemos una tasa de mortalidad materna muy elevada que no se condice con el desarrollo de la medicina en el país ni con los servicios de salud que existen.

-¿En qué aspectos aún se hace distinción de género en lo que se refiere a políticas públicas de salud?

-No tenemos una perspectiva de género en nuestro Sistema de Salud. En principio, se atiende a los hombres y a las mujeres, pero no hay una conciencia de cómo hay problemas específicos de las mujeres que deberían ser atendidos. Esto significa la capacitación de todos los profesionales de la salud para que puedan tratar esto. Por ejemplo, todavía no se percibe que las mujeres también corremos el riesgo de padecer el infarto de miocardio, lo que implica que a muchas mujeres se les haga el diagnóstico tardíamente.

-En la actualidad se están presentando algunos proyectos en el Congreso -como el de Martín Sabbatella- a favor de la legalización del aborto. ¿Por qué considera, como ya manifestó públicamente, que su aprobación sería un paso muy importante?

-No sólo está el proyecto de Sabbatella, existen varios proyectos de legalización del aborto que han sido reiteradamente presentados en los últimos quince años y que, sin embargo, no conseguimos que sean tratados en el Congreso. El último que estamos promoviendo es el que se presentó en el marco de la Campaña por el Derecho al Aborto. Sin dudas, una asignatura pendiente es la legalización del aborto, y es algo que nos preocupa, no sólo porque debe ser convertido en ley, sino también porque el Ministerio de Salud debe reglamentar y difundir cómo se tienen que atender en el país los abortos no punibles. Por eso, la legalización del aborto es vital para reducir el riesgo de muerte de las mujeres.

-¿Qué otras asignaturas pendientes para el tricentenario podría mencionar en relación a la salud y la mujer?

-Una es el reconocimiento y el protocolo unificado para la atención de las víctimas de violencia sexual. Ese protocolo debe conseguir prevenir la transmisión del VIH-SIDA y, también, el embarazo, a través de la provisión de la píldora anticonceptiva hormonal de emergencia, que está distribuyéndose, pero necesitamos que ninguna mujer esté privada de su obtención. Otra asignatura pendiente es la mayor presencia del Estado para lograr la prevención de las mujeres para evitar el contagio del VIH-SIDA. Estamos hablando de la provisión de la posibilidad de acceso a lo que nosotros llamamos la "doble protección", es decir, pastillas anticonceptivas y preservativos. Porque el primero sólo no previene de enfermedades de transmisión sexual. Y otra cosa que faltaría desarrollar es la detección precoz del SIDA en las parejas. Sería la promoción del test, pero no para encontrar culpables de la transmisión, sino para que ambos se cuiden y el virus no se siga propagando.

La educación y el Bicentenario

La escuela, las leyes y el bicentenario

Las políticas educativas y las discusiones en torno a ella, por lo menos en la Argentina, han sido definidas por un pequeño conjunto de normas que a lo largo de doscientos años instauraron la base sobre la cual trabajar. En el último tiempo se ha dado un cambio de rumbo y los paradigmas se modificaron.

En el año 1884 se sancionó la Ley de Educación Común llamada popularmente como ley 1420. Aquel texto definió a la educación como “obligatoria, gratuita y gradual” y tenía como función legislar en materia de educación a los territorios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Anteriormente, la constitución nacional de 1853 planteaba que cada provincia tenía bajo su tutela la dicción de una ley de educación que reflejara la política educativa de cada una. Como en la actualidad, pocas provincias lograron financiar la escuela y durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se dictó la ley de subvenciones que trató de corregir aquella realidad y situó al estado nacional como partícipe de la educación en toda la república.

En el primer centenario, más específicamente en el año 1905, se sanciona la ley número 4878, más reconocida como “ley Láinez”, nombre del senador que impulsó la medida. Esta ley autorizaba al Estado a construir escuelas primarias nacionales en las provincias que así lo solicitaran. En un texto publicado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en el año 2005, en conmemoración por los cien años de creada la ley Láinez, se muestra cómo para mediados del siglo XX, la cantidad de escuelas primarias nacionales superaba, en muchas provincias, al número de instituciones regionales. Según explica la publicación, la ley Láinez trajo como consecuencia “la creación de un doble sistema escolar en cada provincia, dependiente una rama de la Nación y la otra de la jurisdicción local, con fuertes contradicciones y diferencias entre ambas”.

A partir de ese momento se inició un proceso de transferencia de las escuelas nacionales radicadas en los territorios provinciales habilitadas por la ley Láinez. En el año 1956 se facultó al Consejo Nacional de Educación para encargarse del proceso de transferencias y más tarde se complementó con el trabajo hecho por el Consejo Federal de Educación, formado por los ministros de Educación de las distintas provincias en la década de 1970.

El proceso de transferencia de las escuelas alcanzó a las instituciones de instrucción de adultos y más tarde a las escuelas secundarias como consecuencia de la profundización de la política de desresponsabilización del Estado Nacional en materia de educación, llevada a cabo en última instancia por los sucesivos gobiernos de Carlos Ménem.

La discusión de la división de la responsabilidad del Estado Nacional y las provincias  para con la educación se ubica en la escena central a partir de medidas como la ley Láinez, la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias -impulsada en mayor medida por el neoliberalismo con la ley Federal de Educación sancionada en la década del ‘90- y en los últimos años con la aprobación de la nueva ley de Educación Nacional impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner que, acoplada a Ley de Financiamiento Educativo y a la asignación universal por hijo, marcan un cambio de rumbo en lo que refiere a políticas educativas de estado. Recientemente, Políticargentina publicó un extenso informe que resaltó estas cuestiones y repasó la historia de las medidas educativas en la Argentina: >LINK<

El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, reconoce que, a pesar de los aciertos y errores de la historia que la marcó, la educación argentina está atravesando una de sus mejores etapas. A poco de alcanzar el seis por ciento del PBI de inversión en el área, afirma: “Lo más importante es incluir a los que están afuera, que son muchos más de los que quisiéramos”.

-¿Cuál fue el primer gran paso en educación?

-La primera medida de gobierno de Néstor Kirchner fue ir a una provincia que no pagaba salarios en cuasi monedas, entonces ahí ya hay una decisión política. A eso le sobrevinieron una serie de leyes muy importantes: la ley de financiamiento, la ley de educación técnica y la nueva ley de educación nacional del 2007.

-¿Qué medidas piensan seguir implementando?

-Vamos a terminar la gestión con más de 1200 escuelas construidas que es algo que no ocurría desde mediados del siglo pasado; 25 millones de libros distribuidos; un Canal Encuentro que ya pertenece a toda la sociedad y nos pone orgullosos; la decisión de la Presidenta de distribuir las netbooks.

-¿Cuáles son las deudas que aún se tienen con la educación nacional?

-Mejorar la calidad de los que están adentro del sistema educativo con un concepto de calidad distinta. No sólo que aprendan más, porque no estamos satisfechos con lo que aprenden, sino también que salgan del sistema educativo sujetos éticos y no sólo que sepan ciencias, sino que también tengan valores, y meter adentro los que están afuera, que son muchos más de los que quisiéramos.

-¿Cómo repercutió la asignación universal por hijo?

-La asignación universal por hijo compromete el 0,6 por ciento del PBI y es acción social más grande de la región. En primera instancia, aumentó el ocho por ciento el consumo de alimentos en algunos sectores y hubo más matriculaciones de los chicos en la escuela inicial y con mucha nitidez en la escuela secundaria. También aumentó la vacunación de los chicos, redujo la pobreza, la indigencia, la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos.

-¿Qué implicancia tuvo a nivel escolar?

-Es una medida de extraordinario impacto que nos obliga a nosotros, los educadores, al desafío de mantenerlos adentro de la escuela, porque son chicos que ya se fueron de la escuela y no tienen repetidas chances. Siempre hay oportunidades, me he dedicado a la educación de adultos y he visto señoras de 70 años alfabetizándose, asique siempre hay chances, pero eso nos genera mucha responsabilidad para que no se nos vayan de nuevo.

-¿Cómo evalúa la evolución de la educación con las nuevas medidas?

-Creo que la educación ha dejado de ser un problema para los educadores y en general es un tema que la política entiende más, que los gobernadores entienden más. Después de mucho machacar, me parece que cada vez es mayor la cantidad de gente que entiende que no se pueden resolver los problemas de la economía, de la seguridad, del empleo, de la producción, y la propia autoestima de los sujetos y los derechos si no es con la educación. Eso me parece son avances, en términos de toda la sociedad argentina.

Adriana Puigross es diputada por el Frente para la Victoria, preside la Comisión de Educación desde el 2007 y es reconocida como una de las pedagogas más prestigiosas del país. Antepone la enseñanza argentina, por encima del resto de Latinoamérica. Apuesta ciegamente a la nueva ley de educación nacional, pero insiste que en la nueva ley de financiamiento educativo debe incluir los salarios docentes para aplacar los conflictos.

-¿Cómo ve el desarrollo de la educación en estos doscientos años de historia?

-Hace doscientos años este era un territorio dependiente, en donde el mayor aprendizaje era que los habitantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata entiendan que podrían ser sujetos independientes. Ésta fue una enseñanza que duró mucho tiempo y quizás hoy en día es un aprendizaje que Argentina y muchos países latinoamericanos tendrían que hacer, que podemos y debemos ser independientes y no subordinados políticamente o económicamente de potencias extranjeras.

-¿Cuáles cree que son los puntos más importantes en la educación nacional en estos 200 años?

-Primero las resoluciones sobre educación de la Primera Junta; la Constitución del 1853; la Ley 1420; la reforma que se hace durante el Gobierno de Perón; la reforma Cámpora (en la que se impulsaron distintos proyectos que tenían a los sectores populares como principales beneficiarios); la dictadura militar de 1976; las reformas de Menem, que desintegran al sistema con la ley Federal de Educación, incluyendo la ley de Educación Superior y la ley de Transferencia; y luego la ley de Educación Nacional del 2007, la de Educación Técnica y la de Financiamiento educativo. Y los dos puntos más importantes: la asignación universal por hijo y la nueva ley de medios.

-¿Cómo ve la educación en función de los modelos de enseñanza latinoamericana?

-Éste sigue siendo el país donde el Estado tiene el papel más fuerte en la educación, porque la reforma neoliberal penetró menos y gran parte de eso es por la acción de los docentes y del gremio que siguen manteniendo un sistema escolar muy estatal. Hay universidades públicas que son las principales de la región y en cambio en otros países latinoamericanos el neoliberalismo produjo el vaciamiento de la educación pública.

-¿Cuál tendría que ser el punto de acuerdo con los docentes?

-Se tendría que llegar a un acuerdo por el tema del salario e incluirlo en la nueva ley de financiamiento. No creo que se pueda hacer, pero al menos creo que se debería intentarlo; lograr un acuerdo por un salario básico nacional y una pauta de actualización en la modalidad de los jubilados en paritarias nacionales, y que luego las paritarias provinciales discutan temas específicos como capacitaciones,  etcétera. Eso tiene que ir en la nueva ley de financiamiento para que el salario deje de ser la principal causa de protesta.

-¿Qué nuevas medidas se podrían tomar para esta nueva etapa de la educación?

-Primero que nada creo que es urgente dictar una nueva ley de educación superior. Por otro lado, me parece que hay que tomar medidas para asegurar la permanencia de los chicos que ingresan a la secundaria gracias a la asignación universal por hijo. Hay que completar la educación inicial, universalizarse en todo el país la sala de cinco y construir más jardines para lograr esto.

-¿Qué opinión tiene sobre la formación docente actual?

-Todavía no se logro un programa nacional de formación docente y es lo que hace falta. Hay que acordarlo con los gremios y creo que esta es la deuda que se tiene y que también debería formar parte de la ley de financiamiento como algo prioritario. No sería necesario un nivel universitario si se consigue aprobar el proyecto que presentamos donde se revalorice la educación terciaria y donde los títulos valgan lo mismo.

Néstor Rebecchi es licenciado en Enseñanza de la Historia, Diplomado en Ciencias Sociales con Mención en Gestión de las Instituciones Educativas. Trabajó 15 años en la Villa 31 como profesor, y actualmente es director del colegio Escuela de Educación Media Nº 02 en el barrio de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. En el contexto de los festejos por el Bicentenario, reflexiona sobre la actividad docente y el progreso de la educación en 200 años.

-¿Cuál es el gran desafío de la educación actual?

-Creo que todavía persiste esto de la escuela selectiva y disciplinada, y en otros lugares, como las de reingreso, tratamos de ser más abiertos, de hacer otro tipo de escuela, más abocada a la inclusión, sin caer en la dicotomía de inclusión versus calidad. Y ese es el gran desafío: inclusión con calidad. Pareciera que si uno incluye resigna calidad y no siempre es así; me parece que cierto prejuicio está en los docentes, en el “ellos no pueden”, y no el “no podemos los docentes”, y ahí sí se da una inclusión sin calidad.

-¿Cree que la segregación viene por parte de los docentes?

-Los profesores que hablan de la calidad educativa, y que por lo general son los que están a favor de esta escuela selectiva, dicen “nosotros estamos a favor del conocimiento”. Creo que los pibes deben incorporar terminología pero que la escuela es un espacio de resignificación cultural y, por lo tanto, hay que permitir que la cultura juvenil entre en la escuela. La escuela secundaria es más que un trasmisor de conocimientos, es más importante el acompañamiento que le das a un adolescente que el conocimiento que le transmitís. A veces los pibes lo único que necesitan es que caminemos al lado de ellos para que puedan avanzar.

-En el contexto del Bicentenario, ¿cuáles son los puntos que marcaron en estos 200 años a la educación nacional?

-Primero, la ley 1420, en su contexto político, hizo que un montón de chicos que no iban al a escuela, lo hagan, más allá de toda esta intención disciplinadora, donde se los educaba para una aprobación acrítica de la sociedad, pero fue importante en su momento con todos sus pros y sus contra. Lo más nefasto fue la ley Federal de 1994, que creó un circuito paralelo de educación, escuela pobre para pobres y escuela de excelencia para ricos, que delegó las responsabilidades a las provincias, y que no llegó a la municipalización porque hubo una lucha docente y una resistencia que no lo permitió lo que era el súmmum de la descentralización. Y, por último, la ley Nacional de Educación está en proceso de construcción y de implementación que va a depender si realmente el Estado puede solventar las reformas necesarias.

-¿Cómo ve la educación a nivel latinoamericano en relación a Argentina?

-En la medida que la educación tenga que responder a los objetivos de una sociedad determinada habría que empezar a ver de qué manera construir una pedagogía con carácter nacional y, como hablamos de una educación que tiende a incluir a todos los estratos sociales, también se necesita una pedagogía popular en el sentido integral. Entonces se podría estar pensando en este momento en la construcción de una pedagogía nacional, popular y latinoamericana.

-¿Qué opina del caso de Venezuela y la escuela bolivariana?

-El movimiento pedagógico chavista bolivariano me parece que es un intento muy interesante. En ese sentido, Chávez está tirando pautas para esta unión latinoamericana, y supongo que podemos tener muchos puntos en común, lo que da como resultado un contexto histórico favorable para esto, donde se fortalece el Mercosur, donde se habla de un Banco Latinoamericano, donde cada país está mirando para adentro para crecer, y es un bueno momento histórico para dar esa pelea, para generar una pedagogía nacional, popular y latinoamericana, sobretodo en el contexto del Bicentenario.

-¿Qué balance y expectativas tiene del Gobierno actual?

-En este lapso se consiguieron un motón de cosas, el tiempo dirá si se siguen adquiriendo derechos, si se consigue ley de medios, si el reparto de la torta realmente va a ser 50-50; todo eso el tiempo lo dirá, pero nadie puede decir que fue un Gobierno de retroceso y nadie puede juzgar al menemato como un Gobierno de avance. Creo que el oficialismo hoy tiende a un modelo integral de país, un modelo de desarrollo que esperemos en la medida que pase el tiempo se haga cada vez más equitativo, que pueda llegar a estos niveles de distribución del ingreso como se obtuvo alguna vez con el peronismo.