El periodista Horacio Verbitsky denunció en una nota publicada en el diario Página/12 la situación que atraviesa “un dirigente del movimiento en defensa de los derechos humanos, quien es amenazado por sectores vinculados con la Policía Bonaerense”.
Se trata de Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, quien fue injuriado y amenazado por acompañar a la familia de Gabriel Blanco, muerto en 2007 en una comisaría del barrio San Carlos, Isidro Casanova. En la causa hay tres policías con prisión preventiva y otros dos procesados, todo a punto del juicio oral y público.
Que el árbol no tape el bosque, que el gesto no oculte la tragedia: en el municipio más importante del país, la quinta provincia en términos electorales, el que tiene a su intendente Fernando Espinoza como precandidato a gobernador, en ese lugar, un militante social y una organización que lleva más de treinta años de trabajo en el distrito, fueron amenazados y apretados por la corporación policial ante la posibilidad que varios de sus integrantes terminen tras las rejas por. En el medio, una familia pobre del conurbano lucha por justicia desde hace ocho años. Pero salvo
honrosas excepciones, esto no es noticia para los grandes medios nacionales que marcan la agenda de lo “importante”. Un ejemplo: Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales intercedió para que el gobernador Daniel Scioli reciba a Pimentel pero en su
columna no apuntó con nombre y apellido la anécdota. Pero, vaya paradoja, la APDH se solidarizó con él por la campaña en su contra motorizada por el periodista
Gabriel Levinas, entre otros, por una supuesta colaboración durante la última dictadura militar.
Gabriel y Luciano, dos caras de una misma moneda
Gabriel Blanco fue presionado por efectivos policiales para robar en zonas liberadas, tal como sucedió con el joven Luciano Arruga en Lomas del Mirador. Ninguno aceptó. Un día le dijeron a Gabriel: “Te vamos a detener y no vas a contar más el cuento, vas a aparecer en una zanja”. Lo mismo le dijeron a Luciano.
Blanco tenía 21 años, vivía en el barrio “La Borward”, de Isidro Casanova, tenía algunas caídas por robo pero la policía lo venía persiguiendo y hostigando para que delinquiera para ellos. El 1º de marzo de 2007 lo detuvieron en la comisaría de San Carlos, su esposa lo escuchó gritar y se ofreció para calmarlo mostrándole a la hija de ambos. Le dijeron que se vaya tranquila porque ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Gabriel fue detenido a las nueve de la noche y a las doce apareció colgado con un cable de luz en un calabozo oscuro.
Cuando los familiares velaron el cadáver se dieron cuenta que tenía la mortaja pegada para que no se vea como estaba. La policía había hecho una autopsia pero luego se pidió otra en la cual se comprobaron golpes y la falta de dientes. Por otra parte, la policía científica hizo pruebas con los cables que, según los uniformados, Gabriel habría utilizado para suicidarse: se cortaron con la presión de un peso de cincuenta kilos, cuando Blanco medía un metro ochenta de altura y más de 80 kilogramos. Era imposible que se ahorcara.
Se pidió una reconstrucción del hecho y quedó claro que una persona alterada no podía pasar un cable por donde, supuestamente, se habría atado para colgarse. El gendarme que hizo la prueba tardó media hora y estaba emocionalmente equilibrado y con luz.
Ante los hechos, se pidió la indagatoria para los funcionarios de la comisaría La Matanza Oeste 2ª, acusados por detención ilegal y tortura seguida de muerte. El juez Raúl Ricardo Alí, del Juzgado de Garantías nº 2, dispuso el encarcelamiento del subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte.
La apelación de la prisión preventiva fue desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. También están procesados por encubrimiento el comisario inspector Claudio Horacio Javier Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos.
El tiempo pasó y los miembros de la Bonaerense continúan tras las rejas. Todas las medidas solicitadas por la defensa fueron desechadas por el magistrado y las instancias superiores. Por eso, armaron una causa por “extorsión” contra Pablo Pimentel y la Asamblea en la que, además, involucran a la Comisión Provincia por la Memoria que presiden el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el doctor Hugo Cañón. Una lectura superficial del expediente, que sigue su curso en la Justicia, sirve para observar la inconsistencia de los argumentos que se basan en el testimonio de dos presos que estaban en la comisaría cuando sucedió la muerte de Blanco y que habían declarado que, como estaban dormidos, no habían escuchado los gritos de Gabriel pidiendo ayuda ni cuando lo golpearon salvajemente. Siete años después, se despertaron y afirman que los militantes de la Apdh les habrían ofrecido mejoras en la situación carcelaria a cambio de testificar contra los policías. Una hipótesis tan absurda como descabellada. Sin embargo, en La Matanza los funcionarios judiciales no desestiman la causa y, de esa manera, alimentan las malas prácticas del “vale todo” de quienes pretenden la libertad de Suárez, Gómez y Balbuena.
Campaña y aprietes
El 28 de mayo de 2014 la APDH convocó a una movilización en la plaza de San Justo para denunciar la criminalización de los organismos de derechos humanos que supone la causa armada. En paralelo, quienes defiende a los policías hicieron una “contramarcha” con injurias e insultos contra Pablo Pimentel. Esa fue la punta del icberg de una campaña que aumentó en virulencia sin que ningún estamento del poder político o judicial moviera un dedo.
En marzo de 2015, aparecieron pasacalles frente a la Fiscalía General del distrito y pintadas en la Rotonda de San Justo con difamaciones contra Pimentel y la Asamblea, al mismo tiempo que consignas a favor de la libertad de los bonaerenses.
Todo fue denunciado ante la fiscal general Patricia Ochoa. Semanas después varios hechos demostraron que la corporación policial no tiene límites y que el gobierno provincial deja hacer no sólo desde el discurso de mano dura, sino también con inacción e impericia. En La Tablada, a una hija de Pimentel le pusieron un revolver en la cabeza cuando la moto en la que viajaba con su pareja fue encerrada por una camioneta. ¿Un caso más de inseguridad? Nunca les exigieron dinero. A un trabajador social e integrante de la Asamblea lo siguieron camino a su casa; al advertir la situación arrojó la llave a un jardín tras lo cual recibió un culatazo en la nuca que lo dejó desvanecido. Lo último que recuerda fue que le dijeron: “¿Sos vivo, vos?” No le robaron un centavo y terminó internado. A un abogado del organismo lo encañonaron en la puerta de su casa. Los agresores mostraron sus armas y se fueron rápidamente sin robar. A un grupo de jóvenes que cuidan una huerta junto al espacio que la APDH tiene cerca de Ruta 3 los apretaron y amenazaron con pistolas relucientes. Y a Pablo Pimentel un hombre lo esperó en la puerta de su trabajo y lo insultó por el encarcelamiento de los policías. Cuando intentó perseguirlo, se había esfumado en segundos. Todas y cada una de estas agresiones fueron denunciadas y hay presentado un hábeas corpus colectivo. También se cursaron notas ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales responsabilizándolos de la seguridad de los miembros de la organización de derechos humanos.
Una reacción de “pago chico” generó una
movilización en defensa de Pimentel y la APDH que convocó a mil quinientas personas, que recorrieron la ciudad de San Justo. Integrantes de sectores sociales, políticos, gremiales y barriales junto a familiares y víctimas de violencia institucional dieron su apoyo para terminar con las persecuciones e infamias.
Tres días después de la marcha el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli recibió a Pablo Pimentel y a una delegación del organismo de derechos humanos, tras la intervención de Horacio Verbitsky durante el acto de inauguración del museo en la ex Esma. Luego vendría la ¿historia? del dedo inquisidor del mandatario provincial que apuntó contra el periodista y no significó aquello que pareció. En el medio, la noticia, lo trascendente fue ignorado una vez más. Tal vez los grandes medios de ¿comunicación? esperen una cuota de sangre y dolor para titular el hecho con letras de molde. Y esa sí que será la crónica de una muerte anunciada.
Fotografía: Gentileza de La Garganta Poderosa
*El autor de esta nota escribe en la revista
Sudestada.
