¿Cómo se aplicaría la llamada "guerra contra el narcotráfico" en Argentina?
En México la guerra contra el narcotráfico ha generado más de 70 mil asesinatos. Es un paradigma rechazado por expertos y referentes de toda la región debido a sus saldos trágicos y su falta de efectividad. ¿En qué consiste la propuesta de Sergio Massa y qué opinan los especialistas?
“¿Por qué militarizar las fronteras? Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Le declaramos la guerra al narcotráfico”, comienza uno de los spots de campaña del candidato a presidente de UNA Sergio Massa. De hecho, este punto ha sido una de los principales slogans del tigrense. En el mundo, el concepto de “guerra contra el narcotráfico” no es nuevo. En México, Colombia y Estados Unidos -entre otros países de la región- ya han intentado aplicar este mecanismo y han dejado saldos trágicos en la población.
La propuesta de Massa
El proyecto presentado por el candidato Sergio Massa reside sobre cuatro puntos: la baja de la imputabilidad a 14 años, el uso de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico, una Fuerza de Operaciones Antidrogas y un nuevo Sistema Penitenciario. Hoy las leyes argentinas prohíben expresamente que el Ejército sea utilizado en la seguridad interior. Massa planteó una reforma de la ley 23.554 de Defensa Nacional apoyada en los lineamientos de la "Declaración sobre Seguridad en las Américas" que la Organización de Estados Americanos (OEA) instituyó en 2003.
La baja de la imputabilidad reside en la premisa de que un jóven de 14 años ya está en condiciones de comprender cuándo está cometiendo un delito. En cuanto al rol de las FFAA, Seguridad y Defensa trabajarían de manera conjunta “en el control de las fronteras, del espacio aéreo y marítimo, y en el recupero de territorios o barrios captados por los narco criminales”, con un proceso de ocupación similar al utilizado en las favelas de Brasil o en Colombia.
La Fuerza de Operaciones Antidrogas sería un nuevo organismo federal especializado. Según el proyecto, el director general de esta Agencia reportará directamente al Presidente sin intervención de ningún ministerio de la Nación y reclutará y formará sus propios agentes siguiendo criterios de especialidad y confidencialidad. El nuevo sistema penitenciario incluiría la finalización de los estudios secundarios dentro de la prisión, la creación de 30.000 nuevas plazas en unidades penales y un nuevo régimen laboral especial donde el producido del trabajo del interno se destinaría a reparar los perjuicios ocasionados a la víctima, al mantenimiento del establecimiento que los aloja y un porcentaje determinado que quedaría para la formación de un fondo económico para el convicto.
Lo que dicen los expertos
Marcelo Saín, titular de la Escuela de Inteligencia y especialista en seguridad, explicó a Política Argentina que en principio, para realizar este proyecto habría que modificar varias normas: la Ley de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior y la de Inteligencia "que fueron todas construidas en el marco de un consenso interpartidario muy fuerte, cuyo eje estructurante es la no intervención militar en asuntos de materia interior". "Massa podría impulsar una ley, no va a tener mayoría ni creo que logre doblegar el consenso histórico", agregó.
Por otro lado, Saín aseguró que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para cumplir esta función. "La tarea de control del narcotráfico es una tarea policial-judicial, no militar vinculada a lo que es un conflicto bélico entre dos ejercitos de dos países diferentes". Además, la periodista Cecilia González, corresponsal mexicana en nuestro país y autora de Narcosur, afirmó al portal que el slogan es más "producto de una cuestión efectista" que de un "verdadero análisis y estudio de la situación" y agregó que "el ejército es una fuerza que no trabaja con fiscales y tienen sus propios tribunales, por lo que sería peligroso su intervención".
"Massa está planteando la interdicción: este concepto consiste en frenar el ingreso de drogas al país que provienen del exterior o, (como en el caso de Estdos Unidos) tratar de ir al país de origen, intervenir allí y frenar la producción de droga. Esta es la estrategia que implementó EEUU en los 70 y 80 y fracasó estrepitosamente. Además, la interdicción de pasta base es muchísimo más compleja que la de cocaína terminada. Poner a las Fuerzas Armadas en esta función es desconocer el fenomeno del tráfico local de cocaína".
Las experiencias en la región
En México, la guerra contra el narcotráfico ha generado más de 70 mil asesinatos, así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas. En Colombia, el ex presidente entre 1990 y 1994, César Gaviria, quien luego fue durante diez años secretario general de la Organización de Estados Americanos expuso: “Los consumos siguen iguales en los últimos 20 años, la violencia y los prisioneros crecieron, se ha vuelto un gigantesco negocio criminal y eso está generando una enorme cantidad de violencia, no sólo en Estados Unidos sino en México, en Colombia, y en general toda Latinoamérica, y es hora de repensar esa política”.
Marcelo Saín explica que los países de América Latina acatan esta "doctrina de guerra" porque están fuertemente influenciados por los organismos de seguridad estadounidenses como la DEA (Administración del control de drogas estadounidense) y el Comando Sur (Comando Militar Norteamericano), como lo hacían en la etapa de la "guerra contra la subversión". "Lo que la DEA plantea es controlar las policías, y si la policía está corrompida y participan del negocio, que intervenga un tercero. Si es un jardín de infantes o el ejército les importa un bledo, lo que necesitan es que sea funcional", agrega el director de la Escuela de Inteligencia.
Juan Gabriel Tokatlian, director del departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales adhiere a Saín en este punto y agregó: "En los últimos años tenemos un conjunto de evidencia sólida, empírica, que aquellos países que recurrieron de manera ocasional o sistemática a leyes de derribo de avionetas como Bolivia, Perú, Venezuela, Brasil, Honduras o Paraguay, los resultados obtendos con esta táctica no fueron productivos y el narcotráfico se ha adaptado".
"Plantea que entren a las villas pero no a Nordelta ni a Tigre, donde se ha probado que hay narcos. Eso sólo estigmatiza y fomenta lugares comúnes que han marcado todo lo que tiene que ver con el fenómeno del narcotrafico", opinó González. "Si Massa está tan comprometido con la lucha contra el narcotráfico, podría empezar con dejar de proteger al fiscal general de San Isidro Julio Lobos, que es un aliado del narcotráfico en la region", concluyó Saín.
