El periodista Omar Lavieri informa en
Infobae que el juez Sebastián Casanello clausuró la etapa de instrucción (de recolección de pruebas) en la investigación judicial de Mauricio Macri y que el fiscal federal
Jorge Di Lello tiene seis días hábiles para contestar si el presidente electo debe ir a juicio oral y público por el caso de las escuchas ilegales por el que está procesado.
Para Casanello son suficientes los testimonios de el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, Adrián Pelacchi - responsable de la firma AP Security SA- y Franco Macri y no hay prueba directa que involucre a al líder del PRO en la escucha a su cuñado. Sí del resto. Para el juez Macri tuvo "responsabilidad por organigrama" que puede ser una responsabilidad objetiva pero no penal. El fiscal federal Jorge Di Lello deberá decidir si pide el juicio oral o el sobreseimiento.
La decisión de Casanello se conoció hoy en Comodoro Py y además del fiscal Di Lello tendrán que opinar los dos querellantes en la causa: quien fuera el cuñado de Macri, Néstor Daniel Leonardo y Sergio Burstein. Se comprobó en el expediente que los teléfonos de ambos habían sido pinchados por gente vinculada a Macri.
Macri fue procesado como supuesto miembro de una asociación ilícita que se valió de la infraestructura del gobierno porteño para montar una red de espionaje ilegal. En concreto se lo acusa por dos de los casos, el de su ex cuñado Néstor Lorenzo y el del familiar de una víctima del atentado a la AMIA, Sergio Burstein. Casanello decidió en marzo de 2014 enviar a todos los acusados a juicio oral -el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios, al policía/espía Ciro James, al ex ministro de Educación Mariano Narodowski y a otras ocho personas- pero no a Macri, al considerar que restaban medidas de prueba en la causa, lo que fue avalado por la Cámara.
Esta semana, sus abogados volvieron a solicitar esta semana ante juez federal Sebastián Casanello su sobreseimiento definitivo en la causa en la que está procesado por escuchas ilegales contra adversarios políticos y familiares.
