“Señora Presidenta: Los repetidos operativos de la policía Metropolitana contra los denominados “manteros” que en casos como el de Once adoptaron características violentas confirman que el problema no se ha solucionado, ni mucho menos. Es urgente, entonces, buscar una solución legislativa y no represiva a efectos de regularización de la situación”, versa en una carta la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Allegre, escrita en 2013. El texto continúa y hace alusión específicamente a la persecución y abuso por parte de la Policía Metropolitana a los inmigrantes de los países africanos.
La situación, que parecía haber tenido un freno por la movilización de varios legisladores: Alejandro Bodart (MST), Marcelo Ramal (FIT), Maria Rachid (FPV) y Gabriela Allegre (FPV), se agravó en julio del 2015 cuando lo que era represión explicita se transformó en órdenes de allanamiento para requisar, sin pruebas que lo avalaran, las casas de dichos inmigrantes. Tal es así, que 200 vendedores de origen senegalés, nigeriano y liberiano se organizaron en una marcha para hacer escuchar sus reclamos en el Congreso.
Ibrahim Abdul-Ramané llegó al país en un barco español que zarpaba desde Sierra Leona. A los 14 años, se convirtió en un “niño soldado” para que luchara junto a los “rebeldes” en la guerra civil que hasta el 2010 padeció su país. Hasta los 22, que pudo escapar, se levantaba y se dormía con un ak-47 en la mano. Arribó al puerto de Mar del Plata, lo acobijó una familia católica durante dos años. Luego, por medio a las abuelas de Plaza de Mayo, consiguió trabajo de albañil en Villa Soldati. Según sus palabras: “hasta que Shocklender los estafó”. Desde ese momento trabaja vendiendo bijouteri en Parque Rivadavia. Padeció la guerra y acá a la Metropolitana. Le pidieron coimas, relojes y varias veces le robaron toda su mercadería. La historia de Ramané se repite en casi todos los manteros de origen africano.
Bodart se convirtió en vocero de esta comunidad, cuando en 2012 propuso una ley para regular la venta en la vía pública. “Hay una represión fuerte sobre el conjunto de la venta ambulante, pero en particular se meten con los senegaleses, sólo por el hecho de que son negros. Hay mucho racismo”, asegura y añade que el ensañamiento es practicado por la vulnerabilidad de esta comunidad. Al ser una migración relativamente nueva en el país y no pertenecer al continente, la gran mayoría demora en aprender el idioma.
El 14 de julio de 2015 el doctor Walter López solicitó mediante una orden de allanamiento de la causa n°13395/15, que refiere al ejercicio ilegitimo de una actividad para la cual no se tiene licencia, “allanar el inmueble ubicado en Av. Corrientes entre las 8 y 18 horas, a efectos de una exhaustiva inspección, con el objetivo de secuestrar mercadería”. La operación, sin embargo, se registró a las 5 de la mañana en una casa de familia. Además de la “mercadería ilegal”, la metropolitana se llevó celulares, relojes y objetos personales. Entraron con armas y apuntaron a mujeres y niños.
“La policía Metropolitana roba y se va”, confiesa Abdulay Gothe, vocero de la Casa de África y representante del pueblo senegalés. Califica como robo y no como procedimiento el accionar de los efectivos. Dice que cuando un vendedor pierde su mercadería, pierde su vida. Los objetos que tiene para vender son su única entrada para poder vivir. “Lejos de enriquecerse, muchas veces venden lo que tienen, al costo, para tener plata en el bolsillo”, agrega.
Uno de los argumentos esgrimidos por Walter López y Verónica Guagnino, fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, que en el 2013 quisieron declarar en “estado de emergencia” la zona de Caballito, utilizada por los manteros para realizar sus actividades, fue que los objetos habían sido comprados en talleres clandestinos y que carecían de una factura que comprobara su compra. Al respecto, Gothe contó que la mercancía es comprada en el barrio de Once y que la factura nunca se las piden. En cambio, se llevan sus pertenencias, sin dejar un comprobante, y muchas veces al vendedor detenido.
Carlos Álvarez Nazareno, trabajador de la Secretaria de Derechos Humanos y Presidente de la agrupación “Afro- Xangó”, explica que hace años trabaja en una campaña de concientización para instruir a los inmigrantes africanos sobre sus derechos a la hora de encontrarse con un allanamiento: “Si se van a llevar su mercancía les tienen que elaborar un acta. Pero además el Estado tiene la obligación de facilitar el acceso a un traductor, incluso cuando van a requisarles su material de trabajo”. Cuenta que desde que se sancionó la ley de migraciones, que protege los derechos de los residentes no nativos, se contemplaba a la población de los países vecinos porque se entendía que estaban llegando en grandes cantidades. En este momento se trabaja para integrar a un colectivo extra Mercosur.
Si bien la tarea no está lograda, Nazareno enumera los derechos conseguidos por la comunidad africana como el DNI, el acceso al monotributo y la obra social. Revela que de a poco este colectivo está aprendiendo a articularse para defenderse de los ataques.
Según el Plan de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana, su función es “promover la inclusión social” y “una justicia transparente y rápida es condición esencial para proteger los derechos de los ciudadanos”. Sin embargo estos principios no surgen de las acciones registradas durante los operativos policiales. La justicia social no se promueve expropiando, la inclusión no se logra atemorizando niños, la equidad no surge de los sobornos. No es posible proclamar principios universales y pretender su realización de la mano del delito.
Dante Marín, vocero de esta fuerza habló con este medio y sostuvo que la Metropolitana no allana o requisa sin una orden concreta de un juez, desmintió la existencia de hurtos y por último interrumpió la comunicación. Los fiscales Walter Lopez y Veronica Guanino, el vocero oficial de la Metropolitana Eduardo Allen y el legislador José Luis Acevedo no lograron dar una respuesta concreta sobre estos puntos.
Ibrahin Abdulay Ramane aseguró que trabaja en Parque Rivadavia de lunes a viernes, porque en la esquina donde lo hace los fines de semana, Medrano y Corrientes, se cansó de recibir presiones de la policía. “Te piden 300 pesos por semana para estar ahí, y que les regales relojes o lo que sea vendas. Yo no les regaló nada, porque si no atrás viene otro pidiéndote lo mismo” explicó. Parque Rivadavia se transforma entonces más que en una elección, en una renuncia. La solución posible a la expropiación de sus pertenencias.
A partir de la Ley 4121, “Funcionamiento de las actividades feriales”, sancionada el 7 de diciembre del 2011, están habilitadas 33 ferias para comerciar legalmente en la ciudad. Entre plazas, paseos, y parques hay 8920 puestos autorizados. Sin embargo, excluye a un sector muy importante de los comerciantes, aquellos que se dedican a la reventa.
“Los manteros revendedores, que son el 90%, no están incluidos en ese plan”, asegura Omar Guaraz, líder de “Vendedores Libres”, y continúa: “lo que pedimos es una solución, no es lo mejor ser mantero, pero la realidad que nos muestra el país es que hay muchas personas que quedaron afuera del sistema laboral y la única herramienta que tienen para subsistir es tirando una manta en la calle”. Para defender los derechos humanos y ciudadanos, un conjunto de argentinos y extranjeros entre los cuales está la comunidad africana, conformó la agrupación “Vendedores Libres”. Esta entidad busca poner freno a los atropellos de los que son víctimas.
Bodart, haciendo referencia exclusivamente a los senegaleses expresó:“Ellos no tienen, por ejemplo, acceso a un abogado. Recién nosotros estamos intentando armar una red para que haya un número al cual llamar y alguien que los asista”. Con el objetivo de “regular la actividad en la vía pública” propuso la sanción de una ley que pretende sentar las bases de un código de convivencia que incluye requisitos, obligaciones y prohibiciones relativas a la venta, como también una especie de matrícula habilitante y la creación de delegados para la gestión de la misma.
Sobre ello vuelve Álvarez Nazareno, y sube la vara, porque no sólo denuncia procedimientos ilegales, sino explícitamente “racismo”. Cuenta que muchos de los migrantes recién llegados tienen nivel terciario, una profesión y son políglotas, pero es la desesperación de escapar de las guerras o la hambruna lo que los lleva a trabajar en la calle. “Tenés que bancarte la calle, yo creo que nadie elige trabajar ahí. Además cuando llueve, ¿qué haces?” pregunta Gothé.
Otro de los argumentos esgrimidos en contra de los manteros y de los senegaleses es la competencia desleal para los comercios habilitados, que paga impuestos y tiene las cosas “en regla”. Gothé contesta que son los dueños de los locales los primeros en hacerse amigos de los “negros”, y encariñarse. Habitualmente, los primeros en salir a defenderlos de los ataques.
Ninguno se hace rico con la actividad e incluso, muchas veces terminan bajando el precio de sus productos para poder llevar alimento a sus casas. Desde el Gobierno Nacional, de poco, se impulsan leyes para integrarlos al mercado laboral, pero desde la Ciudad las expectativas no son las mismas. Existen, como asegura Gabriela Alegre, numerosos talleres que promueven el trabajo esclavo que no son hostigados como los vendedores ambulantes. “Por el contrario, se ataca a los inocentes que salen a buscar el mango” repite, como muchos de sus compañeros de la legislatura.
El legislador del MST concluye: “¿La manta para qué te parece que es? Para rajar cuando viene la policía. No pondrían una sino”. Asegura que la Metropolitana tiene la convicción de erradicarlos, pero que la represión ya no da votos, entonces utiliza vías “legales”. La pregunta sería entonces: ¿quién es la mafia?
