"Vamos a terminar con decadas de atropellos y de estafas a nuestros queridos jubilados", comenzó diciendo Mauricio Macri en un acto en San Cristóbal con jubilados para anunciar el pago de la deuda y el blanqueo de capitales. "Hay miles de millones de dólares de argentinos en el exterior. Necesitamos que acompañen, que repatríen los fondos", expresó, en relación a los fondos que utilizarán para el desembolso.
"Ya no tenemos un gobierno que viene a estafarlos, queremos un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable", se diferenció el mandatario. Luego, se explayó sobre el proyecto de ley que enviarán al Congreso para juntar los fondos:
"Buscamos un sinceramiento fiscal. Los que se llevaron dólares afuera fue porque no confiaron en el Estado".
"Queremos sacar los fondos del FGS y de los dólares de argentinos que están en el exterior", explicó.
El proyecto
El Estado se propone cancelar las deudas que mantiene con los jubilados que tienen una sentencia firme de la Corte Suprema (50.000), los que iniciaron juicios y están en curso (250.000). Los pagos a quienes impulsaron acciones judiciales serían de 50% al contado y el resto en tres años, ajustables. Los que no hayan hecho el reclamo no gozarán de retroactivo, pero se les ajustarán los haberes si renuncian a comenzar un reclamo judicial.
Los que rechacen la oferta no tendrán ningún reajuste de haberes y deberán seguir con los juicios, o bien iniciar uno nuevo. Además, se establecerían pagos por etapas dando prioridad a las personas de mayor edad y/o con enfermedades graves.
Además, el Gobierno lanzaría una “pensión para la vejez” para reemplazar a las moratorias. Se trataría de un haber inferior al mínimo actual al que accederán los trabajadores no registrados que antes ingresaban a la moratoria. Es decir que a partir de los 65 años existirá una jubilación universal que representará el 80% de la mínima ahora. Pero será universal y se aplicará a todos, no sólo quienes hayan pagado los 30 años de aportes correspondientes.
En paralelo, se anunciaron dos medidas que pretender juntar los fondos para poder realizar semejante desembolso: por un lado, los ingresos que perciba la AFIP a través del blanqueo de capitales. Por el otro, los fondos que lleguen por la venta de acciones de empresas privadas que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y que están bajo posesión del organismo previsional.
El proceso de blanqueo o "sinceramiento fiscal" estará vigente hasta abril del 2017, y aquellos inversores que se adecuen deberán abonar penalidades de entre 10 y 15 por ciento. La medida conlleva también una modificación del impuesto a los Bienes Personales, cuyo piso pasará de $305.000 a $800.000, lo cual equivale a un incremento del 162,2 por ciento.
También estará vigente una opción de blanqueo para pequeños inversores hasta un monto de alrededor de 80 mil dólares, por el cual tendrían que tributar el 5 por ciento de lo declarado. El incentivo para el ahorrista es que luego de pagar al fisco queda en condiciones de utilizar el dinero para operaciones como la compra de un inmueble o de un auto.
En cuanto a la venta de las acciones de empresas privadas en el FGS de la Anses: se trata de un volumen de activos que en diciembre llegaban a los 85 mil millones de pesos y actualmente está cerca de los 90 mil millones. Para esta medida, el macrismo necesitará de una mayoría parlamentaria especial para derogar una ley aprobada el año pasado que impide la venta de esos papeles.
Sin embargo, al terminar el discurso de Macri, el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay dijo que
"no hay por el momento intención de salir a vender las acciones de la ANSES inmediatamente".
