“Hay algo que en general no se nos permite decir: este aumento básicamente beneficia a las productoras, al boca de pozo, a las petroleras”, afirmó la secretaria adjunta de la Asociación de Personal Jerárquico (APJ) de la Industria del Gas Natural, Ximena Rattoni. Así, puso sobre la mesa un factor que no está siendo discutido, en medio de los reclamos, idas y vueltas por el aumento en las facturas de gas. “Ni siquiera es que el grueso va a la transportista o a la distribuidora. Y muchas veces esas petroleras son directa o indirectamente dueñas de las transportistas y distribuidoras. En realidad, la plata siempre gira en torno a los mismos bolsillos”, completó.
En abril pasado, un informe del Estudio Bein y Asociados ya había alertado sobre los verdaderos destinatarios del incremento en la facturación del gas. Según ese documento, la suba establecida a partir del 1º de abril implicaba una transferencia anual de 2.000 millones de dólares de los usuarios a las petroleras. La consultora encabezada por el economista Miguel Bein estimó entonces que
las familias y las empresas pagarían 3.500 millones de dólares adicionales por la suba de gas, pero que de ese total “sólo una tercera parte iría a reducir las erogaciones del fisco, mientras que el resto lo haría a las empresas del sector”.
En declaraciones a Radio del Plata, la secretaria adjunta de APJ GAS consideró que el tarifazo “lo hicieron para satisfacer las necesidades de la empresa, sin que nadie les haya pedido justificar qué hicieron con todo el dinero que los contribuyentes les fuimos dando todos estos años, ni justificar cómo manejan sus costos”. Y advirtió que los trabajadores de la industria del gas deberían formar parte del debate sobre la política energética: “Tenemos números respecto de algunos millones que podríamos ahorrar si direccionáramos el trabajo de otra manera, con el gas que se pierde, con la tercerizacón, con cuestiones del marco operativo”.
“Muchas cosas se podrían haber hecho distintas. Estamos sorprendidos, asistiendo a una resolución atrás de la otra, que sigue manteniendo un tarifazo que creo que para pequeñas industrias y comercios y familias trabajadoras va a seguir siendo muy difícil de pagar, y a los trabajadores de la energía nadie nos quiere escuchar, a las asociaciones de consumidores nadie las quiere escuchar”, cuestionó. “Hay un problema de arrastre que incluye al interior gobierno y probablemente vaya a incluir a este: hasta ahora no he escuchado a ningún gobierno plantear un plan estratégico -a un par de décadas mínimo- en la cuestión energética”, dijo, y señaló que el problema no comenzó “el 10 de diciembre ni hace diez años, que tiene que ver con las privatizaciones”.
“Estoy en contra de este tarifazo, no por eso voy a negar que lo que Bolivia tiene que cumplir por día no se llega a cumplir por problemas externos a nosotros como país. Me parece bien empezar a decir lo que nos pasa con el tema energético, pero me parece mal usarlo como efecto disciplinador para bancarse un tarifazo impagable”, sentenció.
