En los últimos días, en el norte, centro y sur del país se presentaron amparos contra el decreto de Mauricio Macri que facilitó las condiciones de acceso de extranjeros a tierras nacionales.
Legisladores de Chubut, referentes del Movimiento Campesino Indígena en Mendoza y un abogado de Derechos Humanos en La Plata acudieron la semana pasada a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad y nulidad del decreto que modifica la Ley 26.737 o Ley de Tierras.
Aquella ley fue aprobada en 2011, luego de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner enviara al Congreso un proyecto para introducir restricciones a la venta de campos a extranjeros. Se estableció entonces el 15 por ciento como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales, a partir de lo cual los extranjeros no podían adquirir más de mil hectáreas cada uno. Por entonces, el proyecto surgía en respuesta al avance de empresarios como Joe Lewis (dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, Río Negro, y amigo del Presidente) y Luciano Benetton (dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia).
A principios del mes pasado, el Gobierno de Macri oficializó una modificación de esa ley, flexibilizando los requisitos con el argumento de alentar inversiones para reactivar economías regionales. Si bien el anuncio desató una oleada de repudios de inmediato, en los últimos días el planteo llegó a la Justicia, con amparos presentados en varias provincias.
CHUBUT
En la Patagonia, diputados de Chubut presentaron a principios de mes una acción de amparo contra el Gobierno Nacional, con el fin de lograr un pronunciamiento judicial que deje sin efecto el Decreto Nacional 820/16. La iniciativa fue presentada por el diputado del FpV-PJ Blas Meza Evans y por el concejal de Lago Puelo del mismo espacio político, Alejandro Marques.
“El decreto es una verdadera tropelía a la Constitución, está reformando la Ley de Tierras que fue votada casi por unanimidad. Estamos pidiendo que se decrete la nulidad por inconstitucionalidad, del decreto y de los actos jurídicos que se puedan haberse celebrado en virtud de ese decreto”, dijo Meza Evans en diálogo con Política Argentina. Y destacó que el puntapié inicial de la presentación judicial llegó desde el noroeste de la provincia, “lugar de gran concentración de tierras en manos de extranjeros, donde están los Benetton y se está superando el 50 por ciento de tierras en manos de extranjeros”.
MENDOZA
Muy lejos de la Patagonia, en la región de Cuyo, también fue llevado a la Justicia el decreto de Macri. El amparo fue presentado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) en el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo de la Jueza Olga Pura de Arrabal. Diego Montón, representante de la Coordinación Nacional del Movimiento, señaló a este portal que entre los puntos que denuncian están que “el registro nacional de tierras deja de ser un instrumento de control”, que “a la hora de establecer cuáles son los pasos para que un capital extranjero registre a su nombre tierras, les permiten directamente que se inscriban y después empiezan a hacerse las consultas”, que posibilita que “el capital extranjero se camufle como empresa nacional”, entre otras cosas.
Montón destacó que una de las principales preocupaciones a partir del decreto del Ejecutivo que modifica la Ley de Tierras tiene que ver con los recursos acuíferos: “Una condición muy importante que tenía la Ley en cuanto a recursos hídricos, era que cuando quedaban incluidos en propiedades no podían ser adquiridos. Ahora se permite que incluyan estos recursos. Creemos que por ahí va uno de los objetivos de esta modificación: volver a abrir la puerta al capital extranjero a apropiarse de recursos de agua”.
Advirtió, además, que en esa provincia registraron en los últimos meses “un resurgimiento de los sectores más especulativos del sector inmobiliario” y
un recrudecimiento de la presión “en varias causas judiciales contra comunidades campesinas de parte de los empresarios, como diciendo ‘vuelve a ser nuestra hora’, en la forma que tienen de retomar la ofensiva jurídica, de retomar la represión sobre la policía, retomar la presión sobre los fiscales”. Uno de los casos más graves que describe la demanda es el conflicto entre una comunidad campesina y el holding español Argenceres-ELAIA S.A., en el cual las empresas intentan despojar de sus tierras a familias con posesiones ancestrales.
BUENOS AIRES
En La Plata, en tanto, fue un abogado quien llevó el tema a la Justicia, “a título de ciudadano con interés legítimo”. La presentación se hizo ante el Juzgado Federal N° 2 el letrado Jerónimo Guerrero Iraola, que integra el equipo jurídico del CECIM La Plata. “Considero que el Poder Ejecutivo contravino la Constitución Nacional porque se excedió en la facultad reglamentaria que le regula el artículo 99 inciso 2º, que claramente prohíbe que las reglamentaciones contraríen el objeto y el sentido de la norma”, explicó a Política Argentina. Y agregó que el decreto de Macri constituye una “aberración jurídica” porque “si tenés un sistema protectorio que estipula determinados estándares y formas de intervención del Estado, y un decreto reglamentario viene a flexibilizar estos estándares protectorios, claramente se está contrariando el sentido de la norma”.
Guerrero Iraola apuntó, además, que no se trata sólo de una cuestión de titularidad de las tierras sino que
“en esta cuestión está en juego también el sistema de derechos humanos en lo que hace a la soberanía alimentaria y a la soberanía acuífera, y son derechos consagrados en el sistema internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Esto pone en riesgo inminente derechos humanos de corte constitucional”.
El recurso de amparo para pedir la nulidad del decreto que modificó la Ley de Tierras va camino a replicarse en Neuquén, Corrientes y Río Negro. Además, avanza en el Congreso un proyecto de ley en el mismo sentido.
