La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se reunió para tratar una serie de decretos entre los cuales se encontraba el 797 de 2016, el cual dispuso una ampliación del presupuesto del corriente año por un monto total de 76 mil millones de pesos: 38 mil para la ANSES, a fin de afrontar el aumento de las jubilaciones de marzo último y 38 mil para obra pública.
Entre la obra pública prevista se encuentra la continuidad del soterramiento del tren Sarmiento que fue adjudicada en 2007 a la empresa IECSA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
El oficialismo tiene minoría en la comisión y solo llega a empatar con el FpV cuando cuenta con el apoyo del massista Raúl Pérez y del peronista Adolfo Rodríguez Saá, pero en esta oportunidad el primero firmó el dictamen de rechazo del FpV y el segundo estuvo ausente.
De esa manera,
la comisión bicameral emitió un dictamen de mayoría que rechaza el decreto 797 y que ahora deberá ser tratado por al menos una de las Cámaras del Congreso, lo que implica que si se trata en Diputados el Frente para la Victoria y el Frente Renovador podrían votar juntos a favor.
Durante la reunión de la comisión el senador del FpV
Marcelo Pais sostuvo que "el decreto sobre ANSES es producto de una merma de la recaudación como resultado de políticas de este Gobierno". En esta línea la senadora del FPV Graciela de la Rosa cuestionó la ampliación presupuestaria para pagar el aumento de las jubilaciones al señalar que eso "indica que la ANSES ya es deficitaria", cuando el Gobierno anterior "la dejó con superávit".
Por otro lado el di
putado del FpV Marcos Cleri reparó en el hecho de que el DNU 797 "no lo firmó el presidente Macri sino la vicepresidenta Gabriela Michetti" y argumentó que eso se debió a que el jefe de Estado "no quiere aparecer adjudicándole una obra a su primo". Antes esto el diputado del frente oficialista Cambiemos Pablo Tonelli le salió al cruce y dijo que "el decreto no adjudica la obra sino que otorga fondos", al tiempo que recordó que "el soterramiento fue adjudicado a IECSA en 2007, se lo dio (el exsecretario de Transporte) Ricardo Jaime".
"¿Y por qué no se la sacan?", preguntó en medio de la discusión la senadora del FPV Anabel Fernández Sagasti. Además, el FPV cuestionó que "el 60 por ciento" de los fondos asignados para la obra pública es para "Capital Federal y Gran Buenos Aires", lo que fue considerado como un "atentado al federalismo".
Los dictámenes de la Comisión Bicameral deben ser rechazados por las dos Cámaras para dejar sin efecto un DNU, mientras que con la aprobación de una sola basta para dejarlo vigente, razón por la cual la Cámara de Diputados, resultaría más adversa para el oficialismo en esta ocasión, debido a la postura adoptada por el massismo.
