El paradigma de la democracia porteña se está transformando, tras años de instancias burocráticas y mucha insistencia cívica.
Actualmente se pone en discusión la chance de que los vecinos tengan voz y voto para definir en qué áreas de sus barrios se invertirá el dinero. Esto puede abarcar acciones particulares, como la poda de árboles o el mantenimiento del césped, e incluir medidas más estructurales y de alto impacto social, como mejoras en la salud pública, educación y hasta la urbanización de una villa.
Todo esto depende de cómo avancen las negociaciones en la Legislatura. Por lo pronto, casi todos los bloques presentaron sus anteproyectos, a los cuales accedió PA, y encuentran muchas coincidencias entre sí. Esto permite deducir que el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas es viable, aunque la oposición debería resolver tecnicismos con el oficialismo.
De acá venimos
Para comprender un poco mejor esta instancia, hay que realizar un breve repaso. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1996, establece que deben distribuirse los barrios en 15 comunas para descentralizar la gestión gubernamental. Así fue como en el 2005 se lanzó la Ley Orgánica de Comunas, aunque hasta el momento hay poca información accesible sobre su funcionamiento y muchos ciudadanos votan autoridades barriales, incluso sin saber en qué distrito viven. Peor aún, la primera elección comunal se hizo recién en el 2011 y no fue por decisión del Gobierno: el Tribunal Supremo de Justicia porteño lo obligó.
Tuvieron que pasar dos décadas, desde la sanción de la Constitución hasta hoy, para que se pusiera sobre el tapete la participación vecinal en el diseño y ejecución del presupuesto.
En su artículo 128 dice con claridad que las comunas tienen competencia exclusiva en “la elaboración de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, así como su ejecución”, y agrega: “En ningún caso las comunas pueden crear impuestos, tasas o contribuciones, ni endeudarse financieramente”.
Propuestas generales
A partir del análisis de los anteproyectos presentados por el Frente Para la Victoria, Bloque Peronista, Energía Ciudadana Organizada, la Coalición Cívica y el PRO, lo destacable es que tienen más similitudes que diferencias y todos ellos están dispuestos a realizar modificaciones con el fin de lograr un solo proyecto. Sin embargo, esto podría cambiar si no coinciden en aspectos esenciales, como por ejemplo: ¿Quién tendrá más autoridad? ¿Los ciudadanos o el Poder Ejecutivo?
En principio, todos revitalizan el rol de los consejos consultivos, es decir, las asambleas barriales donde los vecinos exponen, debaten, reclaman y proponen acciones de gobierno. Este sistema es reciente, y al tener baja difusión, la concurrencia también lo es (en comunas de 200 mil habitantes, la asistencia no suele superar las 100 personas, salvo excepciones). La idea es agrandar su actividad y promocionar este sistema en toda la Ciudad. Así, planean que los porteños presenten anteproyectos de posibles presupuestos (de forma virtual o presencial) para que luego sean votados por sus pares y se establezca un orden de prioridades. Sobre la selección online, Marcelo Guouman (ECO) explicó: “Generar una instancia de participación más masiva, por internet, también hace crecer a los consejos consultivos. Nos estamos instruyendo con especialistas en la materia”.
Las autoridades comunales serían un complemento de esta voluntad popular, elevando un texto formal con especificaciones técnicas y también agregando ideas propias. Vale aclarar, considerando los antecedentes de incumplimiento, que no se especifican detalles punitivos en caso de no acatar la ley. Sin embargo, se baraja la posibilidad de que sea la Auditoría General de la Ciudad la que controle el uso del dinero público, ya sea para obras de infraestructura, actividades u otras disposiciones votadas democráticamente. Después, si aparece un agujero negro presupuestario, debería denunciarse en la Justicia, para que actúe con las normas vigentes según cada caso. Es importante recordar que estas disposiciones están sujetas a sufrir modificaciones en los próximos debates.
Tire y afloje legislativo
Hasta ahora, el dinero siempre fue ejecutado por el Gobierno de la Ciudad, situación que generó duras críticas por supuestas preferencias entre los barrios más céntricos. Por eso, a medida que pasan los días, las discusiones en el recinto van tomando color y ocupando, lentamente, un lugar en la agenda. A pesar de las buenas voluntades discursivas, surgen preguntas inminentes: ¿por qué el PRO habría de cooperar para que la distribución equitativa del capital triunfe, si antes evitó hacerlo? ¿Existe la chance de alcanzar una coalición entre el oficialismo y la oposición?
La Presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, Paula Penacca (FPV), le contestó a Política Argentina de forma tajante:
“El proyecto del PRO plantea que la última instancia para definir qué presupuestos se lleven adelante o no, sea del Poder Ejecutivo. Es decir, la votación comunal no sería vinculante. Es una falta de respeto total a la Ley de Comunas, desconoce la autonomía de las juntas”, lanzó. Sin embargo, agregó: “Estamos trabajando en un proyecto consensuado, es la manera más sencilla de sancionarlo. No obstante, en términos de estrategia, si se agotan las instancias podemos hacer un plan entre todas las fuerzas que se opongan al bloque oficialista. Igualmente, sería complejo juntar una mayoría, el PRO tiene 28 diputados de 60”.
Esteban Penayo (PRO) fue el autor del texto en cuestión y replicó esta opinión: “El Ejecutivo no tendrá la posibilidad de vetar un proyecto presupuestario, pero es el único vinculante. Sus especialistas definirán si la idea de los vecinos es viable, pero no van a postergar su realización. En caso de que no sea factible, se le devuelve el proyecto a la Junta Comunal y al Consejo Consultivo, con un informe correspondiente para que lo presenten nuevamente, corregido. Más allá de la buena intención, a veces por cuestiones económicas, o lo que fuese, no puede realizarse”, le respondió a PA.
Sin embargo, Penayo redobló la apuesta sobre el posible alcance de la ley: “Los otros proyectos sólo hablan de las competencias exclusivas que hoy les corresponden a las comunas (arreglo de veredas, por ejemplo). Nosotros queremos agregarles las concurrentes, que se relacionan con las acciones del Gobierno de la Ciudad. Hablamos de salud, educación y todas las grandes áreas. No ponemos límites”, aseguró. Así las cosas, mientras avanzan las negociaciones, casi 3 millones de habitantes están a la espera de saber si podrán definir los presupuestos en sus barrios.
