Se conoció que tres petroleras no cumplieron con la obligación de vender garrafas de gas a precio regulado para los sectores más vulnerables de la sociedad, y contaron con el guiño de Juan José Aranguren.
El ministro de Energía evitó sancionar a las empresas, a pesar de que perjudicaron al 40% más pobre del país.
La información fue publicada por el periodista Alejandro Bercovich en la
Revista Crisis, y allí detalló que "
para evitar que se profundizara el desabastecimiento que generó ese incumplimiento, Aranguren ordenó a Enarsa que proveyera gas importado (más caro) a las fraccionadoras a través de Transportadora Gas del Sur (TGS) al precio al que debían venderles las petroleras".
A raíz de este modus operandis,
el Estado subsidió las ganancias de las compañías sin impedir que la garrafa de diez kilos llegara a costar hasta 180 pesos en las localidades sin acceso a la red de gas natural. Los informes técnicos que lo avalaron y los actos administrativos que lo ordenaron, a los que accedió la revista Crisis, fueron suscriptos por el secretario de Hidrocarburos, José Luis Sureda, quien ocupó distintos puestos jerárquicos en Panamerican Energy (PAE) durante 15 años. Precisamente PAE fue una de las que no entregó las cantidades de GLP comprometidas antes del invierno, junto a las firmas Refinor y Capex, aunque hubo otras que también redujeron las entregas al mercado interno.