“El balance en materia de derechos humanos de este primer año de gobierno es pésimo", dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en la conferencia de prensa que brindaron los organismos para
convocar a la marcha de hoy. En el Día de los Derechos Humanos y mientras se cumple el primer aniversario desde la asunción presidencial de Mauricio Macri,
un repaso por esta área en los primeros doce meses de gestión Cambiemos arroja retrocesos en políticas de memoria, verdad y justicia. También, crecientes índices de represión y un cambio de paradigma en cuestiones migratorias, en un país históricamente reconocido en esta materia.
Las polémicas y cuestionamientos en torno a violaciones a los derechos humanos comenzaron a poco de iniciado el gobierno de Cambiemos. La detención de Milagro Sala, el 16 de enero, se convirtió en uno de los principales reclamos, primero desde los organismos locales y luego a nivel global: los
pronunciamientos a favor de su liberación, por considerar “arbitraria” su prisión llegaron desde Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), máximos referentes en el tema en todo el mundo. A casi un año, la dirigente jujeña de la organización Tupac Amaru sigue presa. Su liberación forma parte de las consignas de la marcha de hoy.
SON 30 MIL
Fue también en enero, a poco más de un mes desde el inicio de la gestión Cambiemos a nivel nacional, cuando el entonces ministro de Cultura porteño y aún director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, afirmó que
“no hubo 30 mil desaparecidos” durante la última dictadura cívico-militar y que ese número “se arregló en una mesa para conseguir subsidios”.
Los repudios no tardaron en hacerse oír –y meses más tarde culminarían en su renuncia a la cartera de Cultura-, pero no fue el único que se manifestó en esa línea. En una
entrevista para el portal Buzzfeed,
el propio Presidente de la Nación fue consultado sobre la cantidad de desaparecidos y respondió: "No tengo idea y no me interesa participar del debate. No sé si fueron 30 mil o 9 mil, es una discusión en la que no voy a entrar".
Además de los dichos, hechos.
Cecilia Pando y Victoria Villarruel, representantes de agrupaciones defensoras de represores, fueron recibidas respectivamente por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en el predio de la Ex ESMA. Distintos referentes lo interpretaron como el retorno de la teoría de los dos demonios, también presente en el discurso de varios funcionarios. Y el año en que se cumplieron 40 años del golpe de Estado de 1976, hubo un 24 de marzo distinto: con el presidente de los Estados Unidos de visita en el país.
“Lo que se profundiza este año es la lentitud de los juicios (a los represores). Sigue siendo el problema número uno, lejos. La Corte parece que no está dispuesta a resolverlo. El problema lo conocen desde hace mucho y no hay respuesta. Es un tema del Poder Judicial, pero de parte del Ejecutivo antes había preocupación y la voluntad de tratar de pensar formas de resolverlo. Hoy, todo lo contrario: ponen más obstáculos para que nos tengamos que ocupar de más cosas y más problemas”, advirtió el abogado
Pablo Llonto, querellante en causas por crímenes de lesa humanidad. “Es un gobierno que no mueve un dedo en la política de derechos humanos para impulsar los juicios. No hay esfuerzos de ningún tipo para ver cómo se resuelven no sólo las cuestiones de tiempo, sino también las logísticas: produjeron despidos en varias áreas que investigaban y aportaban a los juicios, como la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia; hicieron
recortes presupuestarios. Es notorio cómo en un año han ido golpeando estos sectores”, concluyó Llonto, en diálogo con
Política Argentina.
UN MUERTO CADA 25 HORAS
En materia represiva, el cambio también comenzó temprano. Doce días después de asumir, el 22 de diciembre de 2015, el gobierno de Macri reprimió a trabajadores de la empresa Cresta Roja, que se manifestaban sobre la Autopista Ricchieri en reclamo por sus puestos de trabajo. Sólo unas semanas más tarde, las imágenes de
niños y adolescentes heridos con balazos de goma en la Villa 1-11-14 sacaron a la luz la feroz represión que Gendarmería había desatado sobre los miembros de una murga, en un presunto operativo para secuestrar vehículos robados. Al menos 16 chicos terminaron heridos.
En los últimos días se dio a conocer el Informe de la Situación Represiva Nacional 2016, elaborado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El documento refleja que, desde la asunción de Macri, hubo casi un muerto por día a manos de las fuerzas de seguridad. En total, 259 casos desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el cierre del informe, en noviembre. “El principal dato que nos da el informe es la comprobación de que no estábamos equivocados cuando decíamos que batíamos récords en materia represiva.
Estamos en un promedio de una muerte cada 25 horas, casi una por día. Es un salto muy importante con respecto a años anteriores”, sostuvo
María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, ante este portal.
“El salto es equivalente al ’89 o al 2001, donde en lugar de ser una curvita ascendente hay escalón. Y promete sostenerse. Porque no solamente es una cuestión de poderes ejecutivos dando directivas, sino que se ve una incidencia fuerte del ámbito legislativo y judicial. Las principales medidas en ese sentido empezaron al día siguiente del inicio de la gestión: la declaración de emergencia y protocolo de seguridad, 48 horas después de la jura (de Macri)”, recordó Verdú. También resaltó el incremento de consultas que recibe la organización por detenciones arbitrarias, y definió la detención de Milagro Sala como “una situación de prisión política, indiscutiblemente, más allá de lo que uno opine sobre sus formas de construcción política y punteril”.
“Es el gobierno más represor desde el 83, a pesar de la carencia de datos oficiales”, alertó.
El recrudecimiento en materia represiva y el “envalentonamiento” entre miembros de las fuerzas de seguridad se percibió también en episodios como el de
un hombre obligado a bajar del tren Mitre por llevar una pancarta contra Macri; el incremento notorio de la persecución e incautación de mercadería a vendedores ambulantes; la feroz
golpiza a adolescentes del colectivo Garganta Poderosa, en la Villa 21-24; el
aval oficial a distintos casos de asesinatos por parte de víctimas de robos (la mal llamada “justicia por mano propia”) y hasta la
detención de un niño de ocho años acusado de robar zapatillas en un pelotero.
CÁRCEL PARA MIGRANTES
La población extranjera en el país también sintió el fenómeno en carne propia.
El cambio de paradigma en materia migratoria quedó en evidencia a partir del anuncio, en septiembre, de la creación de un centro de detención para inmigrantes indocumentados. La polémica desatada en torno a la cárcel para extranjeros se potenció luego por
declaraciones xenófobas que provinieron de un sector de la oposición –el senador Michel Ángel Pichetto- pero que fueron avaladas por funcionarios de la alianza gobernante.
Según datos del programa de Acceso Comunitario a la Justicia (Atajo), se registró un
aumento del 100% en las consultas vinculadas a incumplimientos de los derechos de la población migrante en las villas hasta noviembre pasado. El caso más extremo que salió a la luz fue la detención y deportación ilegal de un ciudadano paraguayo, incluso con infracciones de parte de la Dirección Nacional de Migraciones desoyendo a la Justicia.
“Se puso un exacerbado énfasis en el control de fronteras y de permanencia, con más interés en hacer efectivas las expulsiones.
Se debilitaron y hasta se cerraron programas y acciones ligados a cuestiones propias de la migración entendida como derechos de las personas, como el Programa de Abordaje Territorial. Cambió el lugar del Estado como el que facilita y promueve que se regularicen las personas extranjeras”, señaló
Gabriela Liguori, coordinadora de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), a
Política Argentina.
“Antes desde Caref podíamos dialogar desde el servicio social con el equipo de la Dirección Nacional de Migraciones, entonces si había una situación de vulnerabilidad podíamos pensar estrategias conjuntas, eso ya no es posible. Ese canal de diálogo no lo podemos sostener. Los trámites por razones humanitarias no prosperan, están revocando trámites que ya fueron dados por esa figura y estamos teniendo muchas más consultas por temas que tienen que ver con notificaciones con pedidos de expulsión, trámites de regularización que no prosperan y la gente no sabe por qué y tiene temor a acercarse a Migraciones. Y hay cuestiones que tienen que ver con integración de personas solicitantes de refugio. Estamos atendiendo algunos casos muy delicados, donde no hay canales articulados de puesta en práctica de la asistencia humanitaria: los casos de países de África son los más graves”, puntualizó.
También advirtió que hay
“preocupación” por el acuerdo que se habría firmado entre Migraciones y Anses para cotejar la residencia de personas beneficiarias de planes, con casos en los que fue suspendida la Asignación Universal por Hijo para personas que ya la recibían, por ejemplo. “Uno de los temas más álgidos, más fuertes del año, fue el anuncio de un centro para detención de infractores. Fue una cachetada. No es ni más ni menos que un centro de detención para personas que no han cometido ningún delito, que lo único que han hecho es no tener su documento en Argentina”, alertó Liguori. Todos estos reclamos se hicieron oír en una
marcha de migrantes, el 22 de noviembre pasado, una de las postales que dejó este primer año de Cambiemos en materia de derechos humanos.
