21.12.2016 / Todo lo que necesitás saber

El prontuario del Banco Macri

El oscuro entramado de artimañas financieras detrás de la compra del banco Interfinanzas por parte de los primos de Mauricio Macri y la estrategia de desregulación financiera del Gobierno.

por Ari Lijalad




La estrategia de desregulación financiera del gobierno de Macri se juega en varios frentes. Desde la modificación de las normativas de los organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) o incluso de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para limitar el poder del Estado en el control de los delitos financieros hasta la ley de autoamnistía de estas fechorías, bautizada con el rulo lingüistico de un sinceramiento fiscal. Ahora, y en el marco de las investigaciones que aún siguen abiertas respecto al patrimonio de Mauricio Macri y otros radicado en guaridas fiscales, el plan sumó un nuevo elemento. Los primos de Macri, Ángelo y Fabio Calcaterra, junto al empresario Fernando Mauro, compraron el Banco Interfinanzas, cuya hoja de negocios se acopla perfectamente al oscuro entramado de artimañas financieras.
 
Si bien este banco parece una empresa menor, lo que compran los familiares de Macri es la patente de corso. Una empresa con experiencia, contactos y canales para hacer fluir los desfalcos financieros. Esta compra no fue de un día para el otro, sino que es parte de una historia que incluye estafas millonarias de este banco, complicidad de la justicia argentina con el opaco sistema de guaridas fiscales y el incendio del depósito de papeles Iron Mountain. La concreción de la compra se da, a su vez, en un contexto particular, no sólo por las medidas de desregulación financiera y el decreto que permite a los famililares de funcionarios blanquear sus dineros ilegales, sino porque esta pronto a resolverse un viejo anhelo de Macri: la posibilidad de convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal. Esto quiere lograrlo con la transferencia de la Inspección General de Justicia (IGJ) a la ciudad de Buenos Aires para relajar los controles sobre sociedades, algo frenado en 2008 por una cautelar de la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó pero que la jueza Macarena Marra Giménez esta pronta a levantar.
 
Del socio austríaco al post 2001

La historia oficial del Banco Interfinanzas cuenta que se fundó en 1971 (fue inscripto el 23 de julio de ese año) como Compañía Financiera Interfinanzas S.A, exclusivamente con capitales nacionales. Que en 1976 el Banco Central la autorizó a operar como un banco de inversión y que en 1977 obtuvo la licencia de banco comercial con su nombre actual. La web del banco relata que en 1989 “se asoció con un importante banco austríaco, que pasó a controlar el 30% de las acciones del B.I., y su actividad se orientó a la banca mayorista. Esta relación se intensificó en 1997 cuando el accionista internacional aumentó su participación al 50%. Este cambio le permitió ampliar su base de financiación, aumentar sus negocios y ser considerado en el año 2001 como la entidad más eficiente del mercado argentino”. El dato que falta en la historia oficial es el nombre del banco austríaco, el Creditanstalt. De hecho, la entidad pasó a denominarse B.I. Creditanstalt. Este banco austríaco data de 1855, cuando lo fundaron un grupo de familias adineradas, entre ellos los Rothschild. Al igual que Austria, el banco sufrió los avatares del nazismo pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial fue estatizado por el gobierno austríaco. Tras la caída del Muro de Berlín y el inicio de la reconversión de las economías del este europeo, un acuerdo político entre los partidos mayoritarios de Austria definió la venta de las acciones estatales en la banca. En este caso, las compró el BankAustria, un banco privado, a principios de 1997. Es decir, el Creditanstalt ingresó al Banco Interfinanzas como banco público pero intensificó su participación como banco privado a partir de 1997.
 
Cuenta también la historia oficial del banco que “a principios del año 2002 y como consecuencia del default asumido por Argentina, sus socios extranjeros plantean su desinterés en continuar con sus negocios en el país”. En medio de la crisis financiera post diciembre de 2001, el 22 de enero de 2002 el Banco Central le requirió al B.I. Credistanstalt que elaborara un Plan de Regularización y Saneamiento. El banco que ahora compraron los familiares de Macri lo presentó recién el 7 de agosto de 2006. El 27 de noviembre de 2012, más de 6 años después, el Interfinanzas le pidió al Banco Central que levantara el Plan de Regularización y Saneamiento porque, argumentó, ya habían cumplido todas metas. El 29 de julio de 2015 el Banco Central contestó que aún “no había obtenido los resultados positivos requeridos”.
 
Retomando, en 2002 el Bank Austria, que controlaba el Creditanstalt, firmó acuerdos con San Mateo, la empresa socia argentina, para retirarse. Sin embargo, según consta en las presentaciones del Banco Interfinanzas ante la CNV, esto recién se concretó en 2012, cuando el Banco Central autorizó el traspaso de las acciones. A partir de entonces, la entidad retomó su nombre original: Banco Interfinanzas. La operatoria incluyó un compromiso de San Mateo, el accionista local, de vender sus acciones, lo que empezó a gestarse durante 2015. El 30 de septiembre del año pasado ya habían suscripto una oferta de venta por el total de las acciones del banco. Los supuestos compradores asumían por entonces las ganancias o pérdidas del banco a partir del día siguiente, el 1 de octubre, y le transfirieron a la entidad 32.771 millones de pesos como cobertura de las pérdidas producidas entre octubre de 2015 y septiembre de 2016. Eran los primos Calcaterra y su socio Mauro. Eran, en definitiva, el entorno de Macri. Y dejaron abierta una pregunta aún sin respuesta: ¿quien controló realmente el banco desde octubre de 2015 hasta la concreción de su venta? ¿el directorio autorizado por el Banco Central o los futuros compradores en las sombras?
  
Les vendieron un buzón (en Caimán)
 
Las oficinas del Banco Interfinanzas están en Bouchard 547, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la Justicia argentina convalidó una estafa a 570 personas y 19 empresas amparándose en un oscuro entramado legal tejido en Islas Caimán, que a su vez es un territorio offshore británico. Según la organización Tax Justice Network (TJN), que se dedica a la investigación sobre delitos financieros globales, Islas Caiman ocupa el quinto lugar entre las guaridas fiscales más opacas. En estas islas hay más empresas que habitantes: 95.000 compañías registradas y 60.000 pobladores. Hay 200 bancos y 140 “trust companies”, figura legal para las operatorias ilegales.
 
Si bien, en la historia de esta estafa, figura por un lado el B.I. Creditanstalt con sede en Buenos Aires y por el otro el BII Credintandstalt International Ltd con sede en Islas Caimán, se trata de dos caras de la misma moneda. Todo comenzó en 2002, en plena rapiña financiera. Los hermanos José y Manuel Vizcaíno tenían un depósito por 629.416 dólares. Pero en esos días los directivos del aún Banco Interfinanzas Creditanstalt les informaron que dada la crisis económico social que vivía el país no les devolverían los dólares ni los intereses acordados. Ni a ellos ni a otros ahorristas. Lo que sucedió fue una reacción en cadena. A los depositantes les decían que guardaran su dinero en la sede de Islas Caimán para cuidarse de los vaivenes económicos y aceptaban. O sea, les ofrecían que fugaran el dinero del país y lo escondieran en una guarida fiscal. El portal Mercado y Trasparencia reconstruyó el modus operandi del banco: “a los clientes les entregaban un certificado donde constaba la entrega del dinero, la tasa de interés pactada y el monto a devolver. Luego recibían en su domicilio el comprobante final, que en un primer momento provenía de Miami y después del Uruguay, declararon los ahorristas en la causa penal. Pero el banco nunca envió el dinero al exterior sino que lo prestó a empresas y personas en Argentina. Cuando estalló la crisis de finales de 2001, los que pidieron plata presetada no pagaron sus créditos y el banco no pudo devolver los depósitos. Con una salvedad: los clientes habían depositado su dinero para que fuera enviado al exterior, el banco no cumplió y por eso no se los pudo devolver, en el marco de que toda la operatoria del banco era ilegal ya que no estaba inscripto para realizar esas operaciones. A raíz de esta operatoria fueron procesados los directivos del banco.
 
Los hermanos Vizcaíno denunciaron al banco y pidieron su quiebra, pero tanto ellos como el resto de los ahorristas cayeron en las arenas movedizas del poder judicial y del sistema financiero ilegal. El banco puso a funcionar uno de los verdaderos sentidos de la existencia de guaridas fiscales: aprovechó su domicilio en Islas Caimán para armar un concurso preventivo allí y que el Tribunal Supremo de las islas le apruebe un supuesto acuerdo con los denunciantes. Mientras, la sede argentina intentaba hacerles firmar a los depositantes documentos en inglés a cambio de algún arreglo sobre la deuda. Varios de ellos sospecharon que esos documentos estaban relacionados con el supuesto acuerdo en Caimán.
 
Según consta en el expediente, el 24 de enero de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Islas Caimán homologó un acuerdo entre el BII Creditanstalt International Bank Limited y los denunciantes, por el cuál acordaron el pago del 60% de lo que reclamaban. Pero también consta que  los denunciantes “negaron la autenticidad” de ese acuerdo. En medio de todo el litigio, uno de los ahorristas, Eduardo Francisco Cortés, viajó a Islas Caimán para intentar cobrar su deuda. En la causa consta que este ahorrista comprobó “personalmente que el BII Creditanstalt International Bank Ltd. era un buzón de correspondencia”. Es decir, el domicilio en esa guarida fiscal tenía como única función el ocultamiento de los dueños del banco, el aprovechamiento de los nulos controles en esos territorios y la sumisión de sus aparatos judiciales a los intereses del delito financiero trasnacional. No había sede en Caimán: les vendieron un buzón.
 
El rol de Alejandra Gils Carbó
 
El 24 de noviembre de 2010 los jueces Juan José Dieuzeide y Pablo Heredia sometieron el derecho local al oscuro funcionamiento de las guaridas fiscales. Denegaron la quiebra en Argentina y mandaron a los ciudadanos argentinos a someterse a la justicia de Islas Caimán.
 
A los pocos días, el 15 de diciembre, la entonces fiscal ante la Cámara de  Apelaciones en lo Comercial Gils Carbó presentó un recurso extraordinario a la Corte Suprema y en su primera hoja afirmó: “La sentencia que recurro determina que los jueces de Islas Caimán son los competentes para juzgar sobre esos hechos”. Para Gils Carbo, el BII Creditanstalt era “una entidad financiera off shore constituida bajo las leyes de Islas Caimán cuya actividad se desarrollaba en nuestro país. Ésta consistía en captar fondos de ciudadanos argentinos para fugarlos” a ese país. Afirmó que esta entidad “realizaba intermediación financiera en la Argentina sin autorización del Banco Central y sin estar inscripta regularmente en la Inspección General de Justicia. Producto de esa actividad ilícita, defraudó a cientos de ahorristas argentinos a quienes no restituyó los depósitos captados en nuestro país”. Sobre la decisión de los jueces de convalidar lo acordado en Caimán, Gils Carbó planteó que el supuesto acuerdo estaba prohibido por las leyes argentinas, que legitimar una sentencia extranjera era contrario al orden público nacional, que el tribunal caimanés era incompetente y que se violaba la Ley de Entidades Financieras. La fiscal sostuvo: “La sentencia que recurro ignoró el dictamen fiscal y la doctrina de la Corte para legitimar la succión de ingresos de ciudadanos argentinos hacia paraísos fiscales, lo que empobrece a nuestra sociedad en su conjunto”. Respecto a la sumisión de la justicia argentina, recalcó que “niega a los depositantes nacionales el acceso a los jueces locales competentes, convalidando que su derecho de propiedad sea mutilado mediante un concordato homologado por juez incompetente en un paraíso fiscal
 
Resume Gils Carbó: “Al rechazar el pedido de quiebra los jueces (i) legitimaron una sentencia extranjera obtenida en fraude a la ley y al orden público nacional; (ii) obviaron que BII Creditanstaldt vulneró el orden público interno al operar en la Argentina en fraude a las normas del BCRA y del régimen societario; y (iii) convalidaron el intento de evadir la soberanía de nuestro país; primero, amparándose en el régimen offshore para operar clandestinamente desde un paraíso fiscal y, luego, sustrayéndose de la competencia de los jueces nacionales al promover un juicio concursal universal ante los tribunales de Islas Caimán, en fraude a la jurisdicción nacional”. En síntesis, Gils Carbó muestra que los jueces no cumplieron con las normas argentinas y sometieron a los ahorristas estafados a una justicia extranjera condicionada por el poder financiero.
 
Y no sólo ellos. En noviembre de 2011, la procuradora ante la Corte Suprema Marta Beiró mantuvo la negativa de Gils Carbó. Pero los supremos las ignoraron: el 14 de mayo de 2013 liquidaron el pleito aplicándole el artículo 280, es decir, dejando las cosas como estaban sin justificar porqué. Firmaron Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. 
 
Quemen los papeles
 
Hay más vínculos entre la estafa del banco Interfinanzas Creditanstalt y Macri, además de la reciente compra de sus familiares. Este banco era una de las empresas que tenía papeles en el depósito de Iron Mountain que fue incendiado intencionalmente el 4 de febrero de 2014 y donde murieron 10 personas, entre bomberos voluntarios, rescatistas y miembros de la Policía Federal. La presencia de papeles de este banco es relevante por un informe que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) durante la gestión de Carlos Gonella, que cruzó el listado de 642 empresas que tenían documentación en ese depósito con las investigaciones en marcha sobre delitos financieros. Hallaron 29 coincidencias, entre ellas, el Banco Interfinanzas Creditanstalt. El Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo informó que tenía 3 expedientes de este banco en su poder, heredados de la antecesora de la PROCELAC, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDIN). Lo de antecesora es, en realidad, un halago impreciso. La característica de la UFILAVDIN fue su inacción y casi nula activación de embargos y secuestros. Estaba a cargo del fiscal Raúl Plee, cercano a Macri porque integró la comisión asesora en seguridad de Boca, y más cercano ahora, cuando su hija Maria Celeste Plee es directora en la UIF, el organismo encargado de controlar el lavado de dinero.
 
En síntesis, el banco de los Macri era investigado por lavado y guardaba sus papeles en Iron Mountain. A pesar de la experiencia, en septiembre de 2016 el Banco Interfinanzas le informó a la CNV que seguía guardando sus archivos en un depósito de Iron Mountain.
 
La investigación por este incendio apunta a Macri por varios flancos. Por un lado, porque también las empresas del ahora presidente tenían sus papeles en Iron Mountain. En su caso, la firma Servicio de Pago Electrónico SA, nombre real de Pago Fácil, que de las 18.150 cajas con documentación que tenía en el depósito incendiado intencionalmente se le quemaron 6.585. Algunas de estas cajas tenían rótulos que, si bien no definen su contenido, dados los datos revelados a partir de los Panamá Papers resultan sugestivos. Una decía “INF. DIAR IECSA BCE BRASIL”. IECSA es la empresa de que los Macri le vendieron al primo Calcaterra, que ahora compró el Banco Interfinanzas. Otra tenía el rótulo de “VARIOS PARATY-PANAMA-OMEXIL-UR”. Omexil es una de las empresas offshore creadas en Panamá ligada a Macri. Por el otro lado, el otro eje clave es el rol del gobierno porteño, entonces encabezado por Macri, en la falta de controles el devenir de la investigación. De hecho, el entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión, reconoció en la legislatura porteña que el expediente de habilitación del depósito incendiado estaba oficialmente perdido.
 

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