03.01.2017 / JUDICIALES

Otra denuncia por una offshore involucra a un funcionario del Gobierno

Se trata del director de Transporte Fluvial y Marítimo. Fue denunciado penalmente por la creación de “una sociedad offshore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales y de esa forma evadir impuestos".




Las denuncias por presunto lavado y evasión mediante cuentas offshore parecen multiplicarse entre los integrantes del Gobierno. Ahora, el director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, y otros funcionarios del Ministerio de Transporte, que encabeza Guillermo Dietrich, fueron denunciaros penalmente por el fiscal de investigaciones administrativas Sergio Rodríguez.

La denuncia, radicada el viernes en los tribunales federales, recayó en el juzgado de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuan, informó la agencia Télam. Según la sospecha de la fiscalía, el denunciado habría "creado una sociedad offshore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales y de esa forma evadir impuestos".

Siempre según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el denunciado también habría constituido otras dos sociedades en el extranjero que se utilizarían como vehículo para la adquisición de activos con el dinero producido por la primera actividad.

La denuncia explica que el funcionario "habría abierto una cuenta bancaria personal en un banco de la República Oriental del Uruguay donde ingresaban los pagos por los servicios realizados a esos buques sin confeccionar las facturas que la legislación argentina exige".

"Esta operatoria se habría realizado durante algún tiempo sin otorgamiento de comprobantes suficientes de los pagos realizados, circunstancia que habría originado quejas de los armadores extranjeros a la Agencia RIOPLAT, que derivaron en la apertura por parte de Gustavo Deleersnyder de una sociedad off shore en Bahamas, 'River Inside Services', con la correspondiente apertura de una cuenta corriente en un banco de Bahamas con sucursal en la República Oriental del Uruguay", se señaló. Para la Procuraduría, "los hechos presuntamente delictivos no se circunscribirían únicamente a un delito de evasión sino al posible lavado de activos".