Mientras se afianza el plan oficial de reducir los costos laborales –la nueva obsesión del presidente Mauricio Macri, según señalan en su entorno-, el Gobierno busca imponer un límite a las negociaciones salariales.
Pretende que las paritarias de este año no superen el 20 por ciento, ajustándose a la inflación proyectada en el presupuesto. Sin embargo, economistas y consultores prevén que la inflación se ubique entre el 23 y el 25 por ciento.
La gobernadora María Eugenia Vidal ofició de mejor alumna y ejemplo a seguir, a partir del acuerdo paritario con los gremios bonaerenses, con un 18 por ciento de aumento. Según informó el diario La Nación, el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya elogió ese acuerdo alcanzado por Vidal y apuesta a replicarlo.
Ante este panorama, desde la central obrera ya manifestaron su rechazo. Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes de la cúpula cegetista, dijo que no es aceptable una paritaria entre 17 y 20 por ciento.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, pretende que las paritarias del sector privado también se negocien para adelante, con la inflación proyectada en el presupuesto. Por esto mismo objetó el acuerdo de los bancarios –que ya establecieron un piso del 22 por ciento- y no homologó todos sus puntos por considerar que anualmente contempla una inflación mucho mayor.
Otro aspecto que pretende instalar el Gobierno, señalado más de una vez por el Presidente, tiene que ver con vincular la negociación salarial a la productividad. Este año se aplicaría en la administración pública, mientras avanza en el mundo privado. De las casi 700 paritarias que homologó el Ministerio de Trabajo en 2016, en un 30 por ciento hubo cláusulas por productividad, principalmente relacionadas con el ausentismo y el pago de un adicional de acuerdo con resultados.
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