El tema de la política migratoria nacional forman parte de la mesa que se desprendió del Gabinete Nacional de Programa Siria, creado por el presidente Mauricio Macri a través de un decreto.
Desde la Casa Rosada aclaran que el endurecimiento de los controles será a través de "controles inteligentes" y "sin estigmatizar" ni caer en la "xenofobia", y a pesar de que en la normativa actual se prevén casos de personas con antecedentes.
En ese marco, los ministros y representantes de las áreas que articulan la recepción de los refugiados sirios, especialmente los ministerios del Interior (Migraciones y Renaper), Desarrollo Social, Seguridad y la Cancillería, también analizan alternativas para dar una respuesta ante el desembarco de inmigrantes con prontuario delictivo intenso en sus países.
"Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante: es eventualmente alguien que está escapando de la ley, o alguien con estado de inmigración que al mismo tiempo delinque", razonó la canciller Susana Malcorra a Clarín.
"No podemos -agregó la ministra- volvernos un país cerrado, pero al mismo tiempo tenemos que ser un país responsable de que acogemos a aquellos que vienen a la Argentina a ser parte de un proyecto con buena voluntad. ¿Qué se entiende por 'buena voluntad'? Esas cuestiones son las que la ley o la revisión de la ley va a tratar de ajustar", deslizó Malcorra.
En el Gobierno aún no definen si deben llevarse a cabo a través de un proyecto de ley o un decreto. Otros que entienden que alcanza con aplicar con firmeza la legislación vigente. Y citan el
inciso C del artículo 29 de la ley 25.871, de Migraciones, que fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido "condenado" o tenga "antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas" o por "un delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más".
Este último punto, creen, es la llave para "depurar" el ingreso.
El asunto es que, en muchos casos, no se cuenta con la información de los países de origen. La intención es avanzar en más acuerdos de cooperación para reunir esos datos. Y, al mismo tiempo, acelerar los plazos de expulsión de los inmigrantes que delinquen: "Hoy con la industria de la apelación hay casos que tardan hasta ocho años", señalan.
El porcentaje de extranjeros que delinquen es bajo: según datos oficiales, apenas el 6% de la población carcelaria son extranjeros y representan un 4,5% de la población total del país.
Para la canciller, "hay que hacer controles muy inteligentes, cruces de la información con la que se cuenta" y no caer en la xenofobia, "que es ideología". "La mayoría de inmigrantes vienen con buena voluntad. Esto no se tiene que hacer por razones de ideología sino para preservar a nuestro territorio de aquellos que no tienen buena voluntad", indicó.
A fines de este mes, la mesa de coordinación se volverá a reunir y podría haber novedades. Pero, si bien hay consenso en todas las áreas, la última palabra la tendrá el jefe de Gabinete Marcos Peña y, por supuesto, el Presidente.
