El deporte y la política sumaron un nuevo vínculo.
Es que Juan Martín del Potro, el tenista argentino más reconocido del momento, firmó un contrato de sponsoreo con la gestión PRO del Banco Nación por 430 mil dólares, es decir $6.880.000 o el doble que los $3.456.000 que tuvo de presupuesto en 2016 el Garrahan.
Según informó el portal La Política Online, el acuerdo se produjo durante la administración del echado Carlos Melconian con el aval del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y tanto éste último como el presidente Mauricio Macri observarían con muy buenos ojos la posibilidad de utilizar al tenista tandilense, amigo del mandatario, para la campaña legislativa de cara a los comicios de octubre.
Sin embargo, el contrato ya produjo problemas para el argumento con que el Gobierno se sacó de encima a Melconian y al exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, es decir, la búsqueda de "coordinación" en el equipo económico. Es que
Javier González Fraga, el flamante director del Banco Nación que aún no pudo asumir formalmente tras su sorpresiva operación cardíaca, ya le habría manifestado su desacuerdo a Macri respecto del generoso contrato de "Delpo".
El funcionario radical habría advertido que busca una gestión “austera”, por lo cual los casi $7 millones por sponsoreo de Del Potro no serían compatibles con esa línea de adminsitración.
El mismo sitio aseguró que
el monto del acuerdo sería por tres años y se habría acordado antes de que el tenista tandilense vuelva a las canchas tras diversas lesiones, es decir cuando todavía no había ganado la medalla en los Juegos Olímpicos y el histórico triunfo de la Copa Davis.
El contrato incluye diversas acciones publicitarias, que van desde fotos para afiches, spots para TV, clínicas de tenis y otras actividades, que, en un año electoral en que tanto la imagen de Cambiemos como la de Macri no transitan por un buen momento, podrían ser capitalizadas por la Casa Rosada.
Resta ver cómo se resuelve el escollo de la austeridad de González Fraga, que recién desembarca en el Banco Nación, e ir contra un funcionario que acaban de promover tras echar a otro sería un costo elevado.