14.02.2017 / CAMBIOS POR DECRETO

En plena polémica por la filtración de escuchas, Macri modificó su manejo por DNU

La medida implica la extensión de la duración del mandato del actual director de la Oficina de Captación de Comunicaciones, el camarista Martin Irurzun. El nuevo DNU llega en medio del escándalo por la difusión de escuchas a Parrilli y la ex presidenta.




El gobierno de Mauricio Macri modificó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia y tiene a su cargo la Dirección de Captación de Comunicaciones. La medida llega en medio de la polémica por la reciente difusión de una serie de escuchas judiciales vinculadas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner e implica la extensión de la duración del mandato del actual director de la Oficina de Captación de Comunicaciones, el camarista Martin Irurzun.

Así, Macri le dio respaldo político a Irurzun, quien fuera recusado en los últimos días por el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno anterior, Oscar Parrilli. El DNU también implica la prolongación del mandato del subdirector de la Oficina de Captación de Comunicaciones, Javier María Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

El Decreto 102/2017, publicado en el Boletín Oficial, establece que ese organismo estará integrado a partir de ahora por "dos jueces penales con rango de Juez de Cámara", cuando hasta ahora estaba dirigido por un solo magistrado. Además, determina que "serán designados por sorteo y actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente".

En tanto, sus mandatos fueron ampliados de uno a tres años, y cumplido ese plazo, el Subdirector reemplazará al Director y se procederá a la designación por sorteo de un nuevo magistrado. El DNU establece también que "quien haya actuado como Director General no podrá ejercer nuevamente ese cargo hasta transcurrido un periodo de seis años".

En diciembre de 2015, pocos días después de su asunción, el presidente Mauricio Macri transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que hasta ese momento dependía de la Procuración General de la Nación, a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que quedó al frente de las escuchas judiciales.

En los últimos días se desató una polémica luego de que trascendieran distintas escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en conversaciones ocurridas el año pasado con la ex presidenta y con otros ex funcionarios.

El DNU deberá ser aprobado por la Comisión Bicameral de DNU del Congreso, por lo que podrá dar lugar a una intensa discusión, en medio del escándalo por la filtración de escuchas judiciales que involucran a la ex presidenta y a funcionarios del gobierno anterior. En los fundamentos, el Poder Ejecutivo argumentó que "es imperativo reformular el plazo de vigencia de los mandatos" para garantizar "continuidad a la gestión y asegurar una transición ordenada" entre los directores.

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