El procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó realizar una auditoría para determinar cómo se llegó al acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino en el marco del concurso preventivo de la empresa. Además ordenó iniciar un sumario administrativo. El polémico pacto fue rechazado por "abusivo" por la fiscal en lo comercial Gabriela Boquin, por considerar que implica una millonaria condonación de deuda a favor del Grupo Macri.
La Procuración dispuso un "sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino sobre Concurso Preventivo y establecer las posibles responsabilidades administrativas que pudieran corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes".
La decisión del jefe de los abogados del Estado llegó luego del dictamen firmado el viernes pasado por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, ante la supuesta falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y en posible violación a la ley de Ética Pública.
En los últimos días, el fiscal Rodríguez impulsó una denuncia penal luego del dictamen de Boquin, para que se investigue un intento de defraudación por administración infiel por parte de los funcionarios públicos intervinientes, porque a su criterio se "convalidaría un perjuicio patrimonial multimillonario".
La justicia federal recibió la semana pasada otras cuatro denuncias penales contra el Presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, por "defraudación contra la administración pública".
