Arribas y Parrilli.
A medida que se conocen detalles sobre las escuchas telefónicas al ex jefe de los espías, Oscar Parrilli, quedan a la luz las serias irregularidades del procedimiento. El último dato señala que
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), bajo la conducción del denunciado Gustavo Arribas, abrió una “pre-causa” para investigar si su antecesor se había llevado información del organismo. La jueza María Servini de Cubría autorizó la escucha, pero luego archivó el caso por no encontrar pruebas y ordenó destruir el material. Así y todo, las conversaciones de Parrilli llegaron a los medios afines al Gobierno. La omisión de destrucción de los elementos de una pre-causa es una violación de la ley de inteligencia y tiene pena de cárcel. Sin embargo, se impulsó una causa contra Parrilli en base a esas escuchas que debían haber sido desintegradas.
La información fue revelada por el diario Página 12.
Las llamadas “pre-causas” se ponen en marcha en casos graves y urgentes, como temas de defensa de la seguridad nacional y terrorismo que impliquen un riesgo para el país. Se pueden prolongar por 60 días con una extensión de 60 días más. Luego, en función de si se hallan o no pruebas de un delito, se debe decidir si de abre una causa propiamente dicha o se destruye todo el material. En este caso, ante la ausencia de pruebas, Servini de Cubría había dado la orden de desintegrar los audios y transcripciones de conversaciones de Parrilli. Pero no sólo no se destruyeron, sino que llegaron a los grandes medios.
Aquellas escuchas, en el marco de una pre-causa, habrían ocurrido en los primeros cuatro meses de 2016. El espionaje continuó de junio a septiembre, pero esta vez sí en el marco de una causa, por orden del juez Ariel Lijo. En este caso, fue en un expediente contra Parrilli porque supuestamente protegió y no persiguió al narco Ibar Pérez Corradi.
Pero en este punto el matutino, en una investigación de los periodistas Irina Hauser y Raúl Kollman, también dejó a la luz una práctica irregular. Porque esta segunda escucha fue on-line: no fue grabada sino con agentes de la AFI en un box, escuchando en directo lo que decían Parrilli y la ex presidenta Cristina Kirchner.
Se trata de un método de escucha que se utiliza sólo en casos graves como los secuestros, en los que se requiere actuar de inmediato. En el expediente instruido por Lijo no había ninguna urgencia, porque Pérez Corradi ya estaba detenido. Esas escuchas también fueron difundidas, aunque no tenían relación con el tema que las motivaba, y dieron lugar al impulso de una nueva causa por parte del fiscal Guillermo Marijuán.
Es decir, se repite la modalidad:
dirigentes escuchados por el Poder Ejecutivo, con justificaciones judiciales dudosas, material luego difundido mediáticamente y por último denuncias rimbombantes y expedientes en función de esa propagación. Por las filtraciones del diálogo entre la ex jefa de Estado y Parrilli hubo un cruce de acusaciones que no arrojó responsabilidades concretas: la Corte Suprema se desligó, Lijo sugirió que todo salió de la AFI y el organismo emitió un comunicado “desmintiendo terminantemente cualquier vínculo con la filtración de los audios de escuchas telefónicas”.
Pese a esta seguidilla,
un reciente decreto de necesidad y urgencia firmado por Mauricio Macri extendió por tres años más la orden para que las escuchas sigan en manos de la Corte y de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.
