El lunes junto con el presidente Mauricio Macri partirán ministros, empresarios argentinos y españoles –que forman parte de cámaraes empresarias y pymes- además de los sindicalistas Guillermo Pereyra (Petroleros) y Gerónimo Venegas (UATRE).
Según fuentes de la Confederación Empresaria Española indicaron que "se busca dar un impulso objetivo al sector Pyme y fomentar el comercio y las inversiones en sectores, como agroalimentación, infraestructuras, energía o telecomunicaciones, plástico, metalmecánico, de tecnologías, construcción, energía y sector farmacéutico".
Por otro lado, antes de partir hacia Europa, desde el Gobierno buscan bajar la tensión que existe con Telefónica desde que, en enero pasado, el gobierno firmó un decreto enero que regula la competencia en el sector y habilita al Grupo Clarín a entrar de lleno en el negocio de los celulares (a través de Nextel). Aunque no se prevé un acuerdo inminente ni una marcha atrás, las gestiones de los últimos días apuntaron a sellar una tregua durante los cinco días en que Macri desfilará por los principales salones del poder español.
"El malestar en la empresa es grande. Son momentos que requieren diálogo y paciencia. Nadie quiere que el tema sea un problema en la visita", marcó al diario La Nación una fuente del gobierno de Mariano Rajoy, al tanto del conflicto.
La multinacional evitó hacer apreciaciones públicas en estos días. El presidente de Telefónica Hispanoamérica, el argentino Eduardo Caride, disertará en el foro "Invertir en Argentina", que inaugurará Macri el viernes próximo. La empresa es uno de los auspiciantes del acto que organiza el Grupo Prisa. En el Gobierno lo leen como un gesto de distensión. El Presidente prevé sentarse con ejecutivos de la firma durante su estadía.
El decreto que enfrenta a Telefónica con Macri abre el juego para que las compañías de telecomunicación ofrezcan paquetes de servicios móviles, internet y televisión desde el primer día de 2018. El punto de discordia para los españoles es el que autoriza a los operadores que tengan frecuencias en bandas plausibles de ser usadas en telefonía celular a solicitar una retribución que les permita emplearlas para datos móviles (4G).
En tanto, en el Gobierno dicen que se intentó potenciar la competencia y la inversión para mejorar un servicio -el de la telefonía celular- deficitario. Niegan una actitud hostil hacia Telefónica y ponen como una prueba la derogación de la norma que le impedía a la empresa transferir sus canales de televisión, lo que hizo posible la venta de Telefé a Viacom el año pasado.
La tensión pone en duda el cumplimiento de un plan de inversión en el país que anunció Telefónica por 2264 millones de dólares para el período 2016/2018. Y sigue sobre la mesa la carta de una demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).
Pero queda mucho por conversar. El desarrollo reglamentario del decreto por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) deja espacios para explorar un acuerdo. O al menos para despejar nubarrones durante la visita de Macri a Madrid.
