La legisladora Graciela Ocaña presentó en la Justicia un recurso de amparo para evitar que el Estado le pague a la AFA 390 millones de pesos por la rescisión del contrato del Fútbol para Todos (FPT). "
Ese dinero no hay que dárselo a los grandes clubes porque es de la gente".
Mientras tanto, la Asociación del Fútbol Argentino ya aprobó dicha rescisión en la asamblea de modificación del estatuto por lo que de prosperar el pedido de Ocaña generaría un gran problema para la casa madre del fútbol nacional.
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A la luz de los hechos posteriores, estas declaraciones amistosas han quedado en letra muerta, y nuevamente nos enfrentamos a decisiones que pueden afectar negativamente el destino de fondos públicos que pertenecen al conjunto del pueblo argentino", sentenció la legisladora.
