La propuesta del Ejecutivo ya había contado con rechazos por parte de organizaciones nucleadas en la red Argentina No Baja y otros espacios, así como desde Unicef. Es que, el argumento por parte de las autoridades gubernamentales resultó insuficiente: está comprobado que un adolescente privado de su libertad reincide en un 70 por ciento, por lo que endurecer el sistema no sería la solución. En ese sentido, la propuesta no será incluida dentro del anteproyecto de ley para modificar el Régimen Penal Juvenil que presentarán en el Congreso Nacional.
La apuesta del Gobierno surgió luego del asesinato de Brian Aguinaco, de Flores, por el que fue acusado un chico de 14 años. A partir de entonces, Germán Garavano, al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impulsó una serie de encuentros para tratar la iniciativa tras el escudo de que la actual normativa es “obsoleta”.
Así es que, pese a que para las autoridades bajar la edad en la que una persona puede ir a la cárcel, de 16 a 14 años, sea “central” en el nuevo esquema que quieren en el Ejecutivo, no será incluido en el anteproyecto que presentarán en el Congreso Nacional.
Con la posibilidad de bajar la edad descartada –al menos en el anteproyecto–, en el Ejecutivo destacan el consenso logrado hasta ahora en la idea de modificar el Régimen Penal Juvenil en otros aspectos, indica Clarín.
Entre quienes más fuerte se opusieron a la baja estuvo Unicef, que a través de su representante en el país, Florence Bauer, “exhortó” a que no se trabaje “de forma apresurada”. Es que aunque el Gobierno había manifestado que el debate en el Congreso iba a ser después del año electoral, en el Ministerio de Justicia quieren tener el anteproyecto listo para el mes que viene, a más tardar en abril.
“La edad de imputabilidad es un elemento importante de la Ley de Justicia Penal Juvenil que tiene que ser tratada en conjunto con los otros aspectos de la Ley y no de manera aislada”, dijo Bauer y agregó: “Esta reforma no requiere bajar la edad de imputabilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”.
Bauer, además, señaló que “es necesario reformar la ley porque la actual es antigua”, pero se pronunció en contra del encierro de los menores. “Hay estudios internacionales que indican que un chico privado de su libertad tiene un nivel de reincidencia del 70%”, apuntó.
En la misma línea, la representante de Unicef consideró que es necesario reforzar la Ley de Protección Integral del Niño. “Le faltan recursos financieros, humanos y varios elementos para su implementación. Esta ley ya prevé para los casos más graves medidas para tomar, sobre todo cuando se trata de delitos graves”, afirmó.
En Unicef sostienen que la disminución de la edad no sirve para reducir la inseguridad. Y citan datos de la Suprema Corte bonaerense que indican que en 2015, sólo el 3,59% de los delitos investigados involucraron a menores de 18 años.
Desde el Gobierno señalaron que en el anteproyecto respetarán lo consensuado en las mesas de trabajo. Pero advierten: “La decisión final la toman los legisladores”.
Otro punto a destacar es que allí no fueron convocadas las organizaciones de la sociedad civil que cada día se abocan a trabajar con chicos y chicas en situación de vulnerabilidad, que se oponen a esta iniciativa.
De todos modos, se acercaron a dar su postura antes de la última reunión: “Lo que planteamos es que bajar la edad de imputabilidad es regresivo e ineficaz, que todos los datos estadísticos demuestran que la incidencia de menores en delitos es ínfima. Nos están instalando un problema que no es tal, ni siquiera los estudios que hicieron ellos mismos demuestran eso”, destacó Alejandra Iriarte, miembro de la Red Argentina No Baja.
