Trabajadores de Cooperativa Acoplados del Oeste -ex Petinari- no pudieron ingresar esta mañana a la planta que recuperaron hace dos años en Merlo: se encontraron con un descomunal operativo policial, de más de 600 efectivos, con orden judicial para desalojarlos.
La ley de expropiación había sido aprobada por el parlamento bonaerense, pero el año pasado la gobernadora María Eugenia Vidal la vetó.
“Se había votado (la expropiación) en Diputados y en el Senado unánimemente, pero a fines del año pasado nos vetan la ley y empezamos a tener problemas con el desalojo judicial. Anoche teníamos el rumor sobre el desalojo, pero no una notificación. Nos preparamos y nos quedamos 30-40 trabajadores toda la noche. A la mañana, nos encontramos con 600 policías. Ahora están apostados en la puerta de la planta y alrededor del predio. Infantería, caballería, caninos, policías locales”, enumeró Jorge Gutiérrez, miembro de la Cooperativa ADO, en diálogo con
Política Argentina.
Más de 120 familias se ven afectadas por la situación. Sin poder ingresar a la planta que controlan y mantienen en funcionamiento desde hace dos años, se preparaban para cortar la Ruta 200 a la espera de una respuesta. “Estamos pidiendo respuesta al Ministerio de Trabajo, que se había comprometido a no efectuar el desalojo. Nos falló en la palabra. Y a (Cristian) Ritondo, que vino a la fábrica a principios de año y dijo que nos quedáramos tranquilos”, planteó Gutiérrez. “Esto ya venía desde diciembre con intentos de desalojos, pero nos habían dado la palabra de que no iban a desalojar. Nosotros estamos pidiendo la quiebra, la resolución la tendríamos el próximo 17 de marzo”, explicó el trabajador.
La mayor parte de los trabajadores de la ex Petinari tiene antigüedad de entre una y tres décadas en la fábrica. “La mayoría es gente grande que quiere mantener la fuente de trabajo”, resaltó Gutiérrez, quien además se refirió a las secuelas que padecen por ejercer en una fábrica de acoplados y carrocería, como hernias de disco y otras patologías.
En cuanto al veto a la expropiación firmado por la gobernadora Vidal, el cooperativista Nahuel Méndez dijo a los medios que “dos horas antes que salga la Ley, decidió vetarla justificándose en que el Estado no tiene plata para pagar. Nosotros no queremos que pague el Estado, la plata la sacamos de nuestros bolsillos para pagarla”.
El veto de Vidal a esta expropiación no es una excepción. En su embestida contra las recuperadas, la gobernadora bonaerense también vetó la expropiación de la Cooperativa de Precisión Limitada (CDP), ex Rench, ubicada en Don Torcuato, así como la expropiación de la cooperativa Presidente Néstor Kirchner, una metalúrgica que funciona en Bernal, Quilmes.
El diputado provincial Miguel Funes, que acompañó a los trabajadores durante la protesta, hizo "un llamado a la reflexión a todas las fuerzas políticas del país y la Provincia para que se solidaricen con los compañeros de Petinari y del sector autogestivo y las cooperativas". El legislador kirchnerista lamentó que Vidal no haya hecho mención en su discurso del miércoles pasado a la situación que atraviesan los sectores productivos nacionales.
