En audiencias convocadas en Washington, el organizaciones sociales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional y presentarán denuncias sobre "represión de la protesta y de la sindicalización en Jujuy".
Los peticionantes sostienen que en Jujuy hay un mecanismo de criminalización de la protesta social y si bien no está planteado de manera formal,
se espera que se debata la situación de Milagro Sala.
Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, afirmó que la Comisión ha dado lugar a esta audiencia porque "tiene que ver con un contexto de represión de las protestas que ha llamado mucho la atención de las organizaciones de la sociedad civil en el país, sobre un ambiente represivo en el estado".
De la audiencia participará también el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, quien expondrá sobre el Código contravencional y otras normas relacionadas al caso. Después de esa audiencia habrá otra sobre el decreto migratorio firmado a fines de enero por el presidente Mauricio Macri. La norma acelera el proceso de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos.
Abrão explicó que la propia CIDH decidió convocar a la audiencia "de oficio" ya que "la legislación argentina sobre migración ha sido un modelo en la región, imitado por otros países y siempre ha sido elogiada por este organismo" pero "el Gobierno tomó la decisión de promover cambios que tienen una mirada más restrictiva y la CIDH está un poco preocupada".
