La sustancial suba del gas, se decidió por determinación del Presidente Mauricio Macri y sin convocar previamente a una audiencia pública. El fiscal Franco Picardi, denuncia que los funcionarios buscaron favorecer a sus empresarios amigos: Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin.
El Presidente y el ministro de Energía Juan José Aranguren fueron imputados en la causa, que deberá explicar si el incremento tarifario de gas de hasta el 400 por ciento implicó un fraude al Estado o si fue producto de un pago de sobornos de las empresas de gas a funcionarios públicos para que avalaran las subas.
Luego de los aumentos decididos en 2016, los fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas habían hecho una presentación para analizar si pudieron haber existido delitos vinculados a negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho a raíz del aumento en las tarifas de gas.
Desde la PIA, argumentaron que
el incremento tarifario de por sí implicó una mejora en la económica para los titulares y accionistas de las empresas del rubro. La investigación se ordena, luego de hacerse público que socios y amigos de Macri habían comprado empresas de electricidad y gas, y apuntaron a Nicolás Caputo, a través de la firma Central Puerto, y a Jhon Lewis y Marcelo Mindlin, por acciones de Petrobras.
Cabe recordar que el 24 de marzo del año pasado, Macri asistió a un encuentro en Río Negro con el empresario Lewis, dueño de la firma Pampa Energía S.A, y que, cinco días después de esa reunión, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, dispuso el incremento tarifario de gas.
