La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) decidió demandar penalmente a la gobernación de la provincia, a cargo de Gerardo Morales, por el ingreso sin orden judicial y de forma ilegal de la policía provincial a la Facultad de Ciencias Agrarias, deteniendo a dos dirigentes estudiantiles, luego golpeados en una comisaría. Así se resolvió por unanimidad en una sesión especial del Consejo Superior, que rechazó las disculpas del mandatario de Cambiemos “hasta tanto no se observen hechos concretos congruentes con esa actitud”.
Según consignó Página 12, los consejeros de la UNJu también reivindicaron la autonomía universitaria y le pedirán al Congreso que se pronuncie sobre los hechos del pasado jueves a la madrugada, cuando
una docena de policías con armas largas y sin identificación entraron a un campus donde se festejaba para darles la bienvenida a nuevos alumnos. En ese marco el presidente del centro de estudiantes -Joaquín Quispe- fue el primer detenido, tras intentar que los agentes le respondieran si tenían orden para entrar al predio. Una vez en la comisaría y tras negarse a sacarse la ropa, sufrió intentos de asfixia, fue esposado por la espalda, tirado al piso y dejado a la intemperie, según denunció a través de una carta.
El Consejo Superior de la Universidad de Jujuy repudió como “una grave afrenta a la comunidad académica” los intentos de instalar “desde las más altas esferas de gobierno y los medios de comunicación que nuestra casa de estudios no es más que un lugar de expendio de bebidas alcohólicas”. En cuanto a las disculpas de Morales, que llegaron dos días después de los hechos, el Consejo las rechazó “hasta tanto no se esgriman explicaciones contundentes sobre la violación de la autonomía universitaria, la detención y apremios ilegales” a los dos estudiantes.
En su resolución, los consejeros le encomendaron al rector efectuar una presentación ante el Congreso, como “autoridad a la cual le compete garantizar la autonomía universitaria”, e iniciar una acción penal contra el gobierno jujeño, bajo el cual la dirigente social Milagro Sala permanece como presa política hace más de un año.
En tanto, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Ricardo Slavutsky, sugirió que “aparentemente piensan que esto fue un accidente o un exceso de algún policía” y agregó que a su entender se trató de un hecho “más grave: acciones independientes de grupos policiales que no responden a ninguna autoridad”.
“Por acción u omisión –destacó–, el gobierno provincial es responsable de lo sucedido.”