En el día de ayer, 9 de mayo, la Cámara de Diputados, con abrumadora mayoría, dio media sanción a un proyecto de ley que con el que busca revertir los efectos del reciente fallo de la Corte Suprema sobre el 2x1 concedido al represor Luis Muiña.
La iniciativa se compone de tres artículos. En el primero, se sostiene: “De conformidad con lo previsto en la ley 27.156, el artículo 7 de la ley 24.390 –derogada por la ley 25.430- no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno internacional”.
Para quien pueda verse enredado en esta telaraña legislativa, traducimos: en 2015 se sancionó una ley (27.156), que declaraba, básicamente, que los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena. Como en su fallo, los supremos no tuvieron en cuenta este antecedente legal, el proyecto sancionado ayer se los recuerda y, les aclara que, en virtud de ello, no se puede aplicar el 2x1 (artículo 7 de la ley 24.390) a delitos de lesa humanidad.
El proyecto, en definitiva, es una crítica explícita al fallo de la Corte Suprema. Recordemos que Rosatti, por ejemplo, justificó su voto a favor del 2x1, sosteniendo que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora él como juez, pues de otro modo se convertiría en hacedor de leyes, violentando el principio constitucional de división de poderes.
Rosenkrantz y Highton de Nolasco argumentaron algo parecido. Dijeron que "si el legislador, a quien le compete realizar las distinciones valorativas que pudieran corresponder, hubiera considerado que el artículo 2 del Código Penal no debía aplicarse a los delitos permanentes por cualquier razón, habría hecho la salvedad".
En definitiva, la Cámara de Diputados ayer, casi por unanimidad, dio por tierra esta interpretación, al decirle a la Corte que ya existía una ley que impedía conceder el 2x1. Pero, de esta manera, también quedan refutados los argumentos de los referentes del macrismo en este tema. Tomamos dos ejemplos.
Elisa Carrió. La diputada sostuvo en la sesión de ayer que el kirchnerismo era responsable del fallo de la Corte. Es decir, avaló el argumento de los jueces al considerar que existía un vacío legal. Por eso sostuvo textualmente: “El fallo, desde el punto de vista del positivismo penal-liberal, es correcto”. Como explicamos, esto es falso en virtud de que desde 2015 ya existe una ley y así lo reconocieron 211 Diputados ayer, entre los que no se encuentra la diputada chaqueña por haberse retirado del recinto al momento de la votación. Finalmente, no puede soslayarse algo básico: Carrió le echa la culpa al kirchnerismo por no haber sancionado una ley sobre este tema, omitiendo que ella fue legisladora durante gran parte de ese período. ¿No hay una autocrítica en ese sentido, por no haber presentado ninguna iniciativa? Más aún, cuando Diputados dio media sanción a la ley 27.156, en noviembre de 2014, Carrió se retiró a la hora de votar para no prestar consentimiento a la iniciativa.
Pablo Tonelli. En la sesión de ayer dijo, textual: “El fallo de la Corte se ajusta a derecho. No tuvo más remedio que aplicar la ley”. Al igual que Carrió, de nuevo, coincide con el razonamiento de los jueces que fallaron a favor del 2x1 producto de un supuesto “vacío legal”. Le caben, por ende, las mismas objeciones antes mencionadas.
Pero en Tonelli existe una contradicción aún más notoria, que se vincula con la postura que asumió en noviembre de 2014, cuando se discutió la ley 27.156. Recordemos que el legislador, junto con el resto de su bloque, se opuso a la iniciativa y se retiró del recinto a la hora de votar.
Reproducimos algunos de sus argumentos de aquél entonces:
“Está muy claro en la Argentina, por la vigencia que tienen estos tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de nuestra propia Corte Suprema, que no es posible conceder amnistías, conmutar penas ni conceder indultos a genocidas o a quienes se hayan alzado contra el orden democrático”.
“Por lo tanto, si esta prohibición ya rige en nuestro país por imperio de normas que tienen jerarquía constitucional, nada logramos al disponer lo mismo con una norma de jerarquía infra-constitucional (…). No tiene ningún sentido. La prohibición ya existe, está vigente y está dispuesta en normas que tienen jerarquía constitucional. Entonces, nada agrega repetir lo mismo con una norma de inferior jerarquía”.
En resumen,
Tonelli ayer votó un proyecto de ley que se inicia reivindicando la ley 27.156 --que tres años antes, él mismo, juzgaba como innecesaria-, con el argumento de que existía un vacío legal. Sus incoherencias, como las del macrismo en general en este tema, solo pueden ser explicadas en función de que sus convicciones son unas, pero no coinciden con la opinión mayoritaria de la sociedad.
Para terminar, cabe hacer referencia brevemente a los argumentos que dio en noviembre de 2014 el diputado Horacio Pietragalla para votar positivamente por la ley 27.156:
“Cuando presentamos este proyecto muchos nos preguntaban por qué impulsar un proyecto de ley, si la reforma constitucional de 1994 jerarquizó los tratados que la Argentina firmó en las convenciones internacionales de derechos humanos”.
(…) El Parlamento va a aprobar este proyecto de ley para que sea una norma general y para que ningún presidente futuro pueda tener el atrevimiento de indultar, perdonar o quitar penas en los casos de delitos de lesa humanidad.
También he escuchado preguntar a quién se le ocurriría perdonar a militares. ¿Quién correría el riesgo de indultar a militares siendo presidente? La legitimación del pueblo respecto de la política de memoria, verdad y justicia ya casi no tiene discusión. Sin embargo, se olvida que este proceso de memoria, verdad y justicia avanza sobre las responsabilidades civiles, empresarios y eclesiásticos, y así ya cambia un poco la vaina.
Tal vez, entonces, esos grupos económicos que se favorecieron a partir de ese golpe de Estado eran pequeños y hoy son grandes grupos económicos que están al acecho poniendo trabas a este proyecto nacional y popular.
Sabemos que tienen mucho poder económico, y a cualquiera le tentaría bancar una campaña económica por un posterior perdón. Nosotros estamos avanzando hacia esa responsabilidad civil".
El tiempo, y la Cámara de Diputados ayer, le dieron la razón.
