La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sumó su repudio al fallo de la Corte Suprema que habilitó la aplicación del beneficio del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. El organismo expresó su “preocupación y consternación” ante la sentencia en el caso del represor Luis Muiña. Así, al rechazo masivo que generó la medida a nivel local se sumó el cuestionamiento internacional.
“Los Estados tienen la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena”, recordó la CIDH, que ya recibió desde Argentina varias denuncias por el fallo. Entre ellas, por parte de una de las víctimas directas del torturador Muiña: Gladys Cuervo. También el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una medida cautelar ante la CIDH para denunciar el fallo del máximo tribunal.
En el comunicado, la CIDH destacó que el fallo de la Corte “tiene por efecto reducir sensiblemente el tiempo en prisión de una persona que fue condenada por crímenes de lesa humanidad”. Sobre la derogada ley del 2x1, advirtió que “la Corte Suprema aplicó esta ley fuera del marco de su vigencia, ya que la persona favorecida por esta decisión estuvo detenida preventivamente a partir del 1 de octubre de 2007”.
“Los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persiguen, que es el concepto de la humanidad como víctima”, contrastó la entidad en el documento condenatorio del fallo argentino. Y agregó: “Los Estados tienen, por lo tanto, la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena.
La aplicación del 2x1 u otros beneficios no deberían servir para desvirtuar la proporcionalidad de la pena para las personas responsables de crímenes de lesa humanidad. Su aplicación tornaría inadecuada la sanción que se impuso, lo cual es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos”.
“El pronunciamiento de la CIDH tiene una importancia específica por el rol que tuvo en la denuncia de la dictadura y por ayudar a remover los obstáculos en democracia para juzgar los crímenes del terrorismo de Estado”, valoró el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier. Desde el gobierno nacional, en tanto, no hubo comentarios sobre el pronunciamiento de la CIDH.
