Desde el Ministerio Público Fiscal de Brasil afirmaron que la información que se enviará a la Argentina el próximo 1 de junio acerca del rol de la empresa Odebrecht en el pago de coimas en nuestro país, sólo será remitida a a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y advirtió que deben permanecer en forma "privada".
Brasil dejó en claro que mantendrá el acuerdo entre fiscalías para compartir la información y solicitó que los datos no se hagan públicos.
Ese es el mecanismo habitual que utiliza Brasil para compartir datos del Lava Jato con otros países: nunca se los entregó a un Gobierno.
Desde el Poder Ejecutivo que encabeza Mauricio Macri deseaban que los documentos no queden únicamente en manos de la procuradora y aspiraban a que la información se haga pública para conocer los nombres de los "socios locales" de la empresa Odebrecht en la Argentina.
Elisa Carrió, principal aliada del Presidente y en constante guerra con otros miembros de la alianza electoral Cambiemos,
pidió que se llegue a un acuerdo con la empresa brasileña porque es la "única forma" en que "se puede garantizar lo que la labor de la Justicia no podrá con los métodos de investigación actuales".
