A poco de conocerse las
intenciones del Gobierno de María Eugenia Vidal de buscar artilugios legales para frizar sin costo político la ley sancionada por amplia mayoría según la cual se formalizó en 30 mil el número de víctimas como la participación de civiles durante la última dictadura, ahora
la exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (Conadep), Graciela Fernández Meijide, lanzó duros cuestionamientos a la normativa al calificarla de "fascista", "inconstitucional" y "violatoria de la libertad de expresión".
"La ley de los 30 mil desaparecidos tiene espíritu muy fascista", aseguró en diálogo con Radio Télam sobre la legislación propuesta por el senador del FpV Darío Díaz Pérez que determina que las publicaciones oficiales deben consignar que los desparecidos durante la última dictadura fueron 30 mil y que se trató de un golpe cívico-militar.
No conforme, la referente de Derechos Humanos consideró que la normativa es
"violatoria de la libertad de expresión" y, además, "es más una declaración que una ley porque ni siquiera prevé castigo para quien no lo haga".
"Obliga a los funcionarios para que cuando hablen del tema desparecidos pongan la cifra que declaran solemnemente que son 30.000 y que cuando hagan mención a la dictadura, digan 'dictadura cívico-militar'. Si un funcionario se siente perjudicado por esta ley, puede pedir su inconstitucionalidad", evaluó.
En ese sentido, sostuvo que a su criterio la norma es
"inconstitucional desde donde se la mire" porque
"nadie puede obligar a aseverar algo sobre lo que no hay ninguna documentación".
A la hora de explicar su postura, lanzó una curiosa explicación a través de una pregunta que se respondió a sí misma:
"¿Quiénes saben exactamente el número de desaparecidos? Los militares. No hay otros. Ellos son los únicos que saben a cuánta gente detuvieron, ordenaron asesinar y esconder su cadáver".
Fernández Meijide además insistió en que según la cifra oficial que maneja la Secretaría de Derechos Humanos "no llegan a 10.000", pero, sin embargo, se negó a sostener un número determinado.
"Yo no tengo derecho a decir que son 8.842, mucho menos a obligar al resto a que lo hagan. Hay registrados en documentación y denuncia, tal numero. Eso no quiere decir que sean todos", añadió.
