La justica ya investiga la firma de varios convenios firmados por el Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren por el supuesto desvío de fondos a una asociación civil de la provincia de Santa Fe. La causa que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello apunta directamente al desvío de fondos hacia una ONG "fantasma".
La denuncia llega apartir de irregularidades encontradas enn el convenio firmado entre el Ministerio y la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (ATEVEN), como intermediaria de servicios contratados a la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional.
Margarita Stolbizer presentó la denuncia hace dos semansa por las sospechas que levantaba la ONG que actuó como intermediaria entre la universidad y el ministerio. En esta línea sostuvo que se trataría de una "irregular intermediación" para el "manejo de fondos públicos" que a su juicio redundó en un sobreprecio en el pago de los mismos.
La candidata al Senado por 1País aseguró en su presentación que
el total abonado a la regional Venado Tuerto a través de la ONG hasta marzo de 2017 ascendía a la suma de $ 13.510.986, y de este monto ATEVEN se llevó el 10%, es decir, $ 1.351.098. Según declaró "sería esta asociación fantasma y desconocida quien emite las facturas correspondientes a lo convenido. Esta intermediación provocaría un sobrecosto: el 10% del total del convenio" por "gastos administrativos".
Casanello busca la documentación vinculada a los convenios y por ello dispuso además una orden de presentación con allanamiento en subsidio respecto de la facultad regional. Además el juez ordenó el allanamiento de la asociación tecnológica investigada y requirió los movimientos bancarios de la misma.
Elasesoramiento fue brindado a la Dirección de Gas Licuado de Petróleo, a cargo de Luis Barile, que depende del subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, que a su vez respondía al exsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, quien renunció en medio de una interna con Aranguren.
Stolbizer agregó que entre los trabajadores "que supuestamente prestaron servicios en el Ministerio" había "una gran cantidad de jubilados de más de 70 años" o "personas que se encuentran en el mismo periodo bajo relación de dependencia de otra empresa" o "tienen domicilio en otra provincia".
