26.09.2017 / REFORMA EDUCATIVA

La Jueza Liberatori desmintió a Garavano: “Las tomas de las escuelas no son un delito”

Se trata de la magistrada que frenó el protocolo que permitía denunciar a estudiantes. "Las tomas no están tipificadas en la Constitución", aclaró. Además, agregó que "La Constitución ordena al gobernante que debe asegurar la participación de la comunidad educativa y la democratización en la toma de decisiones. Estamos viendo un déficit en el derecho a la participación".



La jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, le respondió hoy al ministro de Justicia, Germán Garavano, quien ayer se refirió a las tomas de escuelas como “ilegales”. "No sé a qué ley se está refiriendo el Ministro, no lo aclara. Lo que hay que decir es que las tomas no están tipificadas en la Constitución Nacional, no existe ese tipo de delito", aclaró la magistrada.

Además, Liberatori defendió su fallo, que tras un amparo frenó la aplicación del protocolo por el que se podía denunciar a los estudiantes que tomaban establecimientos escolares. “Mi medida cautelar es suspender las vías de hecho. Si desde el Ejecutivo me dicen que el instructivo no existe, ¿En base a qué, entonces, se están haciendo denuncias penales? Si la base sobre la cual se hacen esas denuncias, ese famoso instructivo, según la Ministra es apócrifo".

Por otro lado, la jueza también le respondió al fiscal a cargo de la investigación de las protestas en los secundarios, Carlos Fel Rolero Santurian, que ayer dijo que "la usurpación es una calificación provisoria, no es definitiva, y entonces dispusimos como medida básica el hablar con los estudiantes para ver si había una posibilidad para que depusieran la toma".

Sobre esto, la magistrada dijo: "Ese tipo de delitos están referidos a la propiedad privada. Una escuela no es un establecimiento comparable con el caso de una cochera de un vecino al que yo le quiero usurpar la suya. Según el derecho administrativo, no es posible establecer esta relación con el Estado".

Por último, explicó que parte del conflicto se debe a la toma de decisiones inconsultas y detalló que "en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, se ordena al gobernante que debe asegurar la participación de la comunidad educativa y la democratización en la toma de decisiones. Estamos viendo un déficit en el derecho a la participación".

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