La fiscal general ante la Cámara Comercial porteña Gabriela Boquín ratificó sus facultades y legitimación para pedir medidas de prueba en la causa que investiga el concurso de acreedores del Correo Argentino. Boquín respondió así a los planteos que la empresa había hecho a su accionar en el expediente, entre ellos una pericia contable de los libros del Correo Argentino y sus controlantes, en el marco de la causa por el concurso preventivo de la empresa.
Cabe recordar que la fiscal advirtió que durante 2016 la jueza Ciruli había autorizado a la empresa a hacer retiros de dinero por 10 millones de pesos, "en beneficio de otras empresas del grupo" y en "perjuicio de las cuentas del concurso". En ese entonces, corroboró que p
arte del dinero se usó para pagos de oficinas, sueldos y cargas sociales, honorarios y gastos contables ligados a Sideco S.A, a su vez controlada por Socma SA. Unos 2 millones de pesos se habrían pagado a Socma por acciones vinculadas al mercado automotriz, de acuerdo a la denuncia.
La fiscal insistió en que la concursada busca "
quitar luz a la cuestión que ahora se ventila en estos actuados como consecuencia de su propio accionar, tratando de desviar el verdadero foco de atención". Es decir, el accionar por parte de "la compañía, sus controlantes y beneficiarios finales en perjuicio de los acreedores".
Por su parte Boquín sospecha que hubo retiros de fondos del Correo sin que hubieran sido autorizados y pidió una pericia contable, que fue autorizada, pero la empresa apeló la medida y
cuestionó que la fiscalía se "excede en sus facultades".
A través de un escrito presentado en la causa, Boquín ratificó sus facultades y advirtió que la jueza Marta Ciruli le entregó la confección del peritaje a las mismas sindicaturas que habían intentado "obstaculizarlo", que ya favorecieron al Correo en informes anteriores y que están imputadas penalmente, en lugar de entregárselo a un perito oficial designado especialmente.
"Pretender desconocerle a la fiscalía poder de actuación para lograr efectividad en las misiones y deberes funcionales que se le asignaron, implica un retroceso institucional inadmisible y contraría la ley con la única finalidad de dejar posiblemente impunes conductas como las denunciadas en mis anteriores dictámenes", advirtió.
