Unidad Ciudadana denunció que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió un cambio en las normas del Protocolo del proceso electoral "tan solo 48 horas de las elecciones", lo cual, según el kirchnerismo "afecta a los procedimientos de actuación ante posibles amenazas de explosivos, e incluye procedimientos contrarios a la racionalidad".
"Este Protocolo no existía con anterioridad y no ha sido consultado al conjunto de las fuerzas políticas", sostuvieron desde el espacio que conduce la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En esa línea, denunciaron que la modificación procedimental podría ser usada por el Gobierno de Mauricio Macri para "afectar" el desarrollo de los comicios:
"Estos procedimientos afectarían, eventualmente, al desarrollo del acto electoral y podrían ser utilizados de manera discrecional para una demora o una interrupción no fundamentada del desarrollo de la votación".
"Unidad Ciudadana comparte el criterio de garantizar la seguridad, transparencia y solvencia del proceso electoral. Para ello hemos reiterado, en muchas ocasiones, nuestra preocupación por la manipulación ocurrida durante la Jornada y la noche electoral del 13 de agosto", aclararon desde UC, pero consideraron que
"este Protocolo es innecesario y es susceptible de ser utilizado partidaria e intencionadamente para demorar o impedir la normal participación electoral".
Luego, dispararon contra los "antecedentes del Gobierno", ya que explicaron:
"Desconfiamos del buen uso de este Protocolo que consideramos innecesario y exigimos que no se aplique y, tal efecto, hemos cursado la correspondiente apelación".
Además, señalaron que "a tan solo 48 horas del acto electoral, la Junta Electoral comunicó engañosamente a la opinión pública que permitiría que Unidad Ciudadana auditara el software electoral tal y como esta formación había reclamado", pero que, sin embargo, "como ha sido conocida ampliamente, ha sido solicitada por Unidad Ciudadana desde el pasado mes de julio en reiteradas ocasiones de manera formal y pública".
Denunciaron "que el material informático entregado no tiene el código fuente imprescindible para poder realizar una auditoría. El material no permite ni comprobar ni evaluar su funcionalidad", y que, por lo tanto,
"el Gobierno ha vuelto a mentir a la ciudadanía y a esta fuerza política con una burda maniobra de distracción".
