Graciela Ocaña se posicionó en la escena política por ser denunciante de la corrupción pero este lunes, la fiscal federal Paloma Ochoa la imputó por defraudación al Estado.
El pedido que elevó al juez Sebastián Ramos es para saber si la ex directora ejecutiva del PAMI perjudicó a las arcas del Estado Nacional por haber cobrado la liquidación de más de 50 mil pesos en concepto de vacaciones no gozadas, a pesar de que la ley de Contrato de Trabajo no lo permitía.
La denuncia que dio origen a este expediente la formuló la propia fiscal Ochoa al extraer parte del testimonio de otro ex titular del PAMI, Luciano Di Cesare, de la causa en la que fue procesado por el mismo delito, pero por una suma superior al un millón de pesos.
"Resulta objeto de investigación en autos el presunto cobro fraudulento de 51.381 pesos en concepto de liquidación de vacaciones no gozadas que María Graciela Ocaña, en su carácter de titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, solicitara y le fuera liquidado en perjuicio del Estado Nacional", sostuvo Ochoa.
El año pasado, el juez federal Ariel Lijo
determinó que Di Cesare cometió el delito de "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado nacional por más de un millón de pesos, al hacerse liquidar vacaciones no gozadas en el organismo sin tener derecho a su percepción.
La denuncia contra el ex titular del PAMI fue realizada por su sucesor en el cargo, Carlos Regazzoni, quien en el comienzo de su gestión encontró el recibo de la liquidación de vacaciones no gozadas en favor de Di Cesare, trámite que se había iniciado y finalizado el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que dejara el cargo.
En ese fallo, el juez diferenció el caso de Di Cesare del de Ocaña cuya gestión en el PAMI había finalizado el 10 de diciembre de 2007 y la liquidación de sus haberes -incluidas sus vacaciones no gozadas- había ocurrido el 19 de diciembre de ese año, ya con la nueva gestión.
"El de María Graciela Ocaña fue iniciado directamente por el Departamento de Liquidación, entre su renuncia y la liquidación transcurrieron nueve días, el proceso se extendió por cinco y el pago se efectivizó después de que dejara el cargo", había señalado Lijo.
