24.01.2018 / Tras la sentencia

La democracia brasileña nuevamente en la encrucijada

El proceso judicial, en tiempo récord, contra Luis Ignacio “Lula” Da Silva no tiene otro objetivo más que impedir su candidatura.

por María Constanza Costa




En la región parece haberse instalado con fuerza lo que se denomina Lawfare, una táctica de guerra no convencional que utiliza políticamente instrumentos jurídicos para inhabilitar al adversario en una posible contienda electoral o bien para mellar su imagen pública con el objetivo de que simplemente pierda apoyo popular. Para que esta fórmula sea exitosa es imprescindible una campaña mediática de difamación, ya que en la mayoría de los casos las víctimas de estas operaciones son sometidas a acusaciones y condenas públicas, sin juicio previo. El eje discursivo de esa campaña,  es un supuesto combate a la corrupción, donde rara vez se profundiza sobre las responsabilidades del sector privado, de la cual sólo se  resaltan las supuestas virtudes como la “eficiencia” en la administración, frente a la “ineficiencia” y el “elefantismo” de los Estados que han recuperado su capacidad de intervención en la economía, y han generado una serie de políticas redistributivas.

Sergio Moro, el juez que encabezó la investigación Lava Jato en primera instancia, condenó a Lula en julio del año pasado por corrupción pasiva, acusándolo de haber recibido coimas de la constructora OAS, y la mitad de un departamento de 215m en Guarujá, una localidad costera donde veranea la clase media, a cambio de contratos en refinerías de Petrobras. El tribunal de segunda instancia, ratificó por unanimidad la decisión de Moro y condenó a Lula a doce años de prisión, lo cual lo deja inhabilitado para ser candidato en 2018. Dos datos para destacar de este proceso que van en consonancia con el Lawfare como estrategia: las pruebas que se presentaron son consideradas insuficientes por la defensa y el tiempo transcurrido en el que se desarrolló el proceso judicial (sólo pasaron 154 días entre la primera y segunda instancia) y en un momento del año atípico para el poder judicial.

La premura tiene una clara razón. Las encuestas afirman que si Lula fuera candidato hoy ganaría las elecciones. Ninguno de los sondeos le da menos del 34% en primera vuelta, y todos coinciden en que sería un indiscutido ganador en la segunda. El arco opositor, preocupado, tiene miedo de que esta decisión del tribunal juegue a favor de Lula, que se produzca un “operativo clamor”, que presione sobre el andamiaje más conservador del sistema político. Gerardo Alkmin del PSDB, gobernador del estado de San Pablo, que compitió con Lula en 2016, dijo que prefiere derrotar al “expresidente en las urnas”. El presidente golpista Michel Temer (PMDB) hizo declaraciones en la misma dirección.

Todo un dato, si se tiene en cuenta que la derecha tradicional atraviesa una crisis de liderazgo, y ve con ojos sospechosos el crecimiento de Jair Borsonaro (PSC). Este exmilitar, es diputado por el estado de Río de Janeiro, conocido por sus posiciones homófobas, misóginas y xenófobas, un aspirante a “Donald Trump del Cono Sur”. Bolsonaro votó a favor de la destitución de Dilma Roussef, y le dedicó su voto a los militares que la habían torturado durante la dictadura.

Las caravanas que viene realizando por el país, de la cual participan los intelectuales y artistas que adhieren a la campaña “Elecciones sin Lula es fraude” fueron multitudinarias. En la ciudad de Porto Alegre, los días previos y durante la jornada de hoy, la calle, como contrapesó al palacio, demostró que las fuerzas que acompañan a Lula están dispuesta a abrir un etapa de movilización y resistencia que rechace la proscripción del primer presidente obrero del país. El gobierno de Michel Temer, barajó una hipótesis de conflicto en las inmediaciones del juzgado y dispuso un fuerte operativo policial del cual participaron las fuerzas especiales de élite.

En julio de 2013 , en una columna publicada por el sitio web del diario estadounidense The New York Times, Lula elogió el rol que tuvo el PT, en la modernización y la democratización de la política en Brasil, pero señaló que el partido necesitaba una “renovación profunda” y para ello debía recuperar sus “conexiones diarias” con los movimientos sociales y ofrecer nuevas soluciones para los nuevos problemas, sin tratar a los jóvenes de una manera “paternalista”. Esta oportunidad se muestra más que propicia para profundizar esa tarea.

Con la decisión del tribunal de Porto Alegre se abre la posibilidad de seguir apelando, y lograr  estirar este proceso hasta agosto cuando se realizarán las inscripciones de candidato. El PT mantiene firme la idea de proclamarlo como candidato y alrededor de esa bandera, generar una masiva movilización. Si Lula logra inscribirse y posteriormente ser elegido presidente, no podrá ser juzgado durante su mandato. Si la candidatura finalmente se trunca, la historia pondrá nuevamente al PT frente a un momento bisagra para la política brasileña, tal como lo hizo cuando Lula fue elegido el primer trabajador presidente del país o cuando la primera mujer asumió como jefa de Estado. En vilo queda toda una región, atentos al desenlace.  

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