Previo a la marcha del 21 de Camiones, otros gremios y sectores de la oposición contra el Gobierno y Mauricio Macri, apareció una nueva y oportuna avanzada judicial contra sindicalistas:
ahora la Justicia federal dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre las cuentas de Hugo Moyano, su familia y sus empresas.
Es por la causa que investiga el juez de Morón Néstor Barral por lavado de dinero. La medida
alcanza al líder histórico de Camioneros, a su esposa, Liliana Zulet, a su hijo Pablo Moyano y a dos de sus hijastros. De este modo, el Banco Central y la AFIP deberán entregar al magistrado toda la información fiscal y bancaria respecto a los Moyano, informó TN.
Según adelantaron diversos medios periodísticos, la medida había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal y el juez se la notificó el 29 de diciembre pasado al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El juez Barral investiga la adquisición de dos propiedades en Parque Leloir que podrían haberse concretado con fondos provenientes de la sobrefacturación de Camioneros a tres empresas vinculadas al clan Moyano. Se trata de Aconra SA (construcción), Dixey SA (indumentaria de trabajo) y Iarai SA (medicina).
