Para sorpresa de muchos,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión que favorece a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y va contra las intenciones de algunos sectores del macrismo que operan en Comodoro Py contra el kirchnerismo. Es que
la CSJN anuló la designación del cuestionado Tribunal Oral y Federal 9 para los tres juicios orales a los que fueron enviados CFK y otros exfuncionarios y ordenó que se vuelvan a sortear los tres expedientes.
A través de una acordada, el máximo tribunal de la justicia argentina decidió que se vuelvan a sortear las causas por lavado de dinero contra Lázaro Báez, conocida como "ruta del dinero K", la investigación por la distribución de la obra pública durante la administración de la senadora nacional y el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA derivado del pacto con Irán.
Las tres habían recaído en el TOF 9, pero los sorteos -fuertemente cuestionados tanto desde la política como desde la propia justicia-
habían sido realizados antes de que el tribunal hubiera sido habilitado, trámite que corresponde a la Corte Suprema y no a la Cámara de Casación, encargada de los polémicos sorteos.
Por tal motivo,
los miembros de la Corte resolvieron que se sortearan nuevamente. Además
exhortaron "enfáticamente" a la Cámara de Casación, que fue la que había asignado las causas, a que en lo sucesivo "se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Poco antes de dichos sorteos,
representantes de la defensa de Oscar Parrilli, procesado por el memorándum con Irán, pidieron que el sorteo de jueces sea realizado de manera manual o, en su defecto, que se permita la participación de un perito informático de parte, pero la Cámara Federal de Casación Penal denegó ambos requerimientos y, en el mismo día, eligió al TOF 9.
El problema del TOF 9 no es solamente que no estaba habilitado al momento del procedimiento, sino que, fundamentalmente,
está integrado por jueces del fuero ordinario que fueron convertidos en federales por una controvertida ley PRO.
Se trata de una dependecia judicial sobre la que pensan graves cuestionamientos. Este 6 de febrero,
un sorteo del expediente por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez y otras 24 personas -que fue elevado a juicio oral a fin de año por el magistrado Sebastián Casanello-, expuso la sospecha de manipulación que pesa sobre el Gobierno de Mauricio Macri y dejó la causa en manos del TOF9.
Luego de un supuesto error técnico en el sistema informático por el cual se asignan los procesos, la causa le tocó ese tribunal, que tiene la particularidad de estar integrado por jueces del fuero ordinario que fueron convertidos en federales por una controvertida ley (la 27.307), sancionada por Cambiemos dos días antes de que terminara el 2016.
¿Cómo fueron elegidos?
La conversión se realizó por el voto de la mayoría simple del Consejo de la Magistratura, es decir, 7 miembros, y sin concursos.
El TOF9 está compuesto por los jueces Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Mora es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados, con fuerte ascendencia en el Consejo de la Magistratura y cercano a Cabral. Becerra tiene un perfil conservador: fue nombrado en 1993 propuesto por Carlos Menem y su pliego aprobado por el senado de entonces. Nocetti es un reaccionario que en un juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, en el que actuó como subrogante, consideró que esos delitos violatorios de los derechos humanos no son imprescriptibles.
